Comisión de Paz y su gestión por crisis humanitaria en el sur del país, ¿Qué hizo?

Con la presidencia de la senadora Aída Quilcué, la Comisión de Paz del Senado, realizó una Audiencia Pública, centrada en la solución a la emergencia humanitaria, ocasionada por el conflicto armado en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo.

Por Johan Nassar H.

Bogotá, 17 de junio de 2025 – (Prensa Senado)Con la participación de líderes sociales, autoridades territoriales, comunidades indígenas y representantes de diversas entidades estatales, en la Audiencia Pública, se reconocieron importantes avances en la disminución del conflicto armado en esa región de Colombia.

Aunque los asistentes lamentaron la presencia del ministro del interior, Armando Benedetti, se estableció que en el departamento de Nariño se registraron indicadores de reducción de los niveles de violencia entre el 2023 y lo que ha recorrido el 2025.

El desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y los homicidios relacionados con el conflicto armado presentaron reducciones significativas, atribuibles al trabajo coordinado entre comunidades y autoridades, así como al inicio de diálogos con estructuras armadas como la Franco Benavides del Estado Mayor Central.

Sin embargo, se insistió en que la persistencia de economías ilegales y la débil presencia estatal siguen alimentando el conflicto y la criminalidad en estas regiones.

El senador Robert Daza y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, coincidieron en que la transformación estructural de los territorios debe incluir una inversión sostenida en salud, educación, conectividad y vías terciarias. 

A su vez, las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes reclamaron condiciones dignas para la construcción de paz, respeto por sus derechos y el avance hacia una legislación de justicia transicional que responda a sus realidades.

La audiencia permitió evidenciar que la paz no se limita a la firma de acuerdos, sino que debe traducirse en acciones concretas para garantizar seguridad, justicia social y oportunidades de desarrollo en los territorios. 

Se destacaron 11 acuerdos alcanzados con el grupo “Comuneros del Sur”, que incluyen ceses al fuego, zonas de concentración, entrega de armas y procesos de reincorporación, con acompañamiento internacional y participación comunitaria.

También se abordaron los retos humanitarios más apremiantes: aumento de abusos sexuales, asesinatos selectivos y restricciones a la asistencia humanitaria. A pesar de estas dificultades, entidades como el ICBF, UNICEF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, han promovido iniciativas en favor de la niñez y la reincorporación de excombatientes.

La Unidad Nacional de Protección advirtió sobre el colapso de su capacidad operativa por el aumento en solicitudes de protección y denunció el robo constante de vehículos asignados. La entidad defendió el tránsito hacia esquemas de protección colectiva, especialmente en contextos rurales.

En el cierre de la audiencia, se reiteró la necesidad de avanzar hacia ceses al fuego regionales y se hizo un llamado a construir la paz desde los territorios, sin imposiciones externas ni enfoque militarista. 

El senador Carlos Benavides pidió reconocer al suroccidente como una región estratégica para la paz nacional. 

Finalmente, se anunció que las bancadas de paz presentarán el próximo 20 de julio una propuesta legislativa que consolide los avances alcanzados en estos procesos y garantice una intervención integral del Estado social de derecho.