‘El llamado es a apretarnos el cinturón, pero de manera justa y con todos los cargos directivos del país’: Senador Carlos Guevara

El congresista del Partido MIRA propuso un plan de austeridad y que así como se redujo el salario de los legisladores, también se bajen las remuneraciones de otros altos servidores del Estado.

Bogotá D.C., 27 de enero. (Prensa Senado). En una contundente intervención sobre la realidad fiscal y administrativa del país, el Senador Carlos Eduardo Guevara, del Partido MIRA, cuestionó la disparidad salarial en la administración pública. 

Guevara enfatizó que a la reducción del sueldo de los congresistas debe seguir un plan de austeridad a las remuneraciones de otros altos servidores del Estado. “Hay casos de gerentes de empresas industriales del Estado o la Directora del DAPRE y una cantidad de cargos que no tienen la responsabilidad política o legislativa que tenemos nosotros”, manifestó el congresista.

¿Por qué han manifestado que la reducción en el salario de los congresistas es insuficiente?

Desde el año 2022, inclusive antes, hemos apoyado proyectos que han estado encaminados a la reducción del salario de los congresistas. La relación era verdaderamente inequitativa con el promedio de los colombianos. Sí nos llama la atención que altos cargos del Estado sigan teniendo unas remuneraciones prácticamente de 100 millones. Hay casos de gerentes de empresas industriales del Estado o la Directora del DAPRE y una cantidad de cargos que no tienen la responsabilidad política o legislativa que tenemos nosotros. 

¿Qué posición asume usted ante esto?

El llamado es a apretarnos el cinturón, pero de manera justay con todos los cargos directivos del país. Y, por supuesto, que nadie gane más que un congresista. Consideramos que es importante que ese equilibrio entre poderes se mantenga.Y lo otro. El gasto también tiene que ir enfocado a que el Presidente tiene que hacer un ajuste de las nóminas que se vienen incrementando en varias entidades del Estado.

¿A qué se refiere con esto?

A que estamos a menos de tres días de que se cierre la Ley de Garantías y lo que hemos observado son incrementos de nóminas en el Ministerio de Trabajo, despidos masivos en Cancillería y otras entidades que estamos poniéndole la lupa. Y, por supuesto, nos preocupa muchísimo también que muchos de estos casos se dan en época preelectoral.

¿Y qué opinión le merece esta situación?

Pues lo ha dicho la Contraloría: los recursos de regalías, la baja ejecución presupuestal, los problemas gravísimos que tenemos en materia de control de los recursos, la corrupción está pululando. Entonces, señor Presidente, bienvenidos todos los recortes, incluido el del Congreso, pero hagámoslo de manera equitativa y enfrentando la corrupción.

¿En el Movimiento Mira tienen una propuesta de plan de austeridad para los recursos públicos?

La bancada del Movimiento Mira quiere proponer un acto legislativo, estamos consolidando la propuesta, que restrinja o ponga una cortapisa para que a todo proyecto que vaya encaminado a generar cupos de endeudamiento, gasto desmedido, emergencias económicas -en virtud de un supuesto déficit fiscal- le sea, de antemano, aplicado un plan de austeridad. Bogotá tiene una premisa, y creo que es importante traerla a colación, y es ‘presupuesto orientado a resultados’.

¿Qué significa esto?

Que entidad que no dé resultados, entidad que se le quita el recurso; entidad que presenta casos de corrupción, se le quitan los recursos; entidad que no planea bien, también se le quitan los recursos. Creo que el Estado, en temas generales, debe avanzar en una política que genere austeridad sin afectar el gasto social, eso sí. La idea es que se mande una señal clara para que quienes planean las políticas públicas lo hagan de una manera eficiente y, sobre todo, con vigilancia en el control de la corrupción en el país, que está desbordada.

Otro tema que ha estado en la órbita de la bancada es la transición en el esquema de recolección de basuras en Bogotá. ¿Cómo es este asunto?

El 13 de febrero se vence el plazo de la licitación del actual esquema de aseo en Bogotá. Hicimos unas mesas de trabajo el año pasado con la CRA, con los recicladores, con las organizaciones comunitarias de Bogotá para tener, primero, la tranquilidad de que una vez vencido el plazo, no se viera en riesgo la prestación del servicio público de aseo en Colombia y, particularmente en Bogotá.

¿Qué otro resultado tuvieron esas mesas de trabajo?

Generar un esquema en el que los recicladores tuvieran un pago justo. Además poder enfrentar el tema de los puntos críticos. Hoy en Bogotá hay más de 1.500 puntos críticos.

¿Qué es un punto crítico en materia de recolección de basuras?

Es un punto en el que hay acumulación de basura, en el que infortunadamente no se ha podido generar un esquema de recolección rápido o en el que también la gente, por falta de cultura ciudadana, bota los colchones, los sofás, escombros. Es necesario atender los puntos críticos que tienen a la ciudad en una situación muy compleja desde el punto de vista ciudadano.

¿Qué logro significativo se obtuvo de esas mesas de trabajo?

Que hubiera un consenso entre la CRA, que es la que autoriza el esquema de operación en Bogotá, el Distrito, que considera que se deben mantener los actuales operadores mientras se definen unas normas jurídicas para un nuevo modelo, y los recicladores, para que ellos también tengan un pago justo y la posibilidad de tener los ingresos necesarios. Entonces logramos un esquema de transición mientras sale una nueva licitación con parámetros que deben ser muy diferentes, que no vayan encaminados a enterrar la basura, que los usuarios puedan reciclar y recibir un beneficio por esto. También un compromiso de los recicladores de no hacer su actividad en la vía.

¿Y cuál es la preocupación actual alrededor de esta transición?

Indudablemente las tarifas. Hoy uno de los componentes más costosos de las tarifas de servicios públicos es la basura. Estamos hablando que en un estrato promedio una factura de aseo puede estar llegando entre los 200.000 y los 300.000 por unidad habitacional o por comercio. Estamos muy preocupados porque esto tiene un impacto directo en el bolsillo de los colombianos, porque no tenemos que pagar esquemas mal planeados, porque este modelo debió haberse modernizado hace cinco años y la Comisión de Regulación no lo hizo.

Dentro de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional hay un tema relacionado con laenergía que también le preocupa a la bancada…

Nosotros hicimos un debate al inicio de nuestra labor legislativa sobre los costos de la energía y, sobre todo, cómo podemos enfrentar las tarifas. Encontramos que este decreto de emergencia en alguna medida trata de resolver el problema, pero vuelve la dificultad y es que le meten la mano al bolsillo de todos los colombianos.

¿Por qué dice esto?

Porque se está estableciendo una tarifa de 8 pesos kilovatio/hora a todo el sistema interconectado nacional y eso, a la larga, termina subiendo 8 pesos kilovatio/hora al consumidor final, a las pequeñas tiendas de barrio, a las carnicerías, a las panaderías, a la pequeña industria, a los empresarios que hoy, uno de sus mayores puntos de decisión de localización, es el costo de la energía. Estamos muy preocupados porque no sabemos de un plan de auditoría que determine cuál es el valor real de las deudas que tenemos con estas empresas, particularmente en la Costa Caribe. Y además determinar cómo garantizamos que las empresas puedan seguir manteniendo su confiabilidad en el sistema. Y que nos digan si esto va a ser temporal o por cuántos años o cuánto tiempo.