Iniciativa que promueve un nuevo marco jurídico para combatir el crimen marítimo, sigue su trámite legislativo

Este proyecto de ley, crea el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), una herramienta fundamental para frenar delitos en aguas nacionales e internacionales, proteger la soberanía y garantizar los derechos humanos en alta mar.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2025. (Prensa Senado) La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), iniciativa legislativa presentada por los ministerios de Justicia y Defensa. La iniciativa que continuará su trámite legislativo en este nuevo periodo legislativo, mejorará la capacidad del Estado para enfrentar delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas.

La herramienta le permite a Colombia dar un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar para detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en alta mar, con total respeto por los derechos humanos.

Con el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, las operaciones se realizarán con respaldo judicial inmediato y tecnología de punta, incluyendo audiencias virtuales desde las unidades navales. Esto evitará interrumpir misiones y garantizará la defensa de los capturados, cumpliendo estándares internacionales.

El Senador ponente Carlos Alberto Benavides, Pacto Histórico, manifestó que “el PEIMAR es el protocolo para detener naves usadas en actividades ilegales, el cuerpo de Guardacostas podrá cumplir funciones limitadas de policía judicial. La Armada tendrá 6 meses después de la promulgación de esta ley para adaptar sus buques, los equipos y capacitar al personal en los nuevos procedimientos”.

Entre las novedades establece que el Cuerpo de Guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial. Las capturas a más de 24 millas náuticas se legalizarán en máximo 36 horas; y los procedimientos incluirán inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación.