Proyecto que establece garantías para contratistas del Estado avanza en el Congreso

La iniciativa busca fijar reglas claras para los contratos de prestación de servicios en el sector público y garantizar el pago oportuno de honorarios a miles de profesionales que hoy trabajan para el Estado sin prestaciones laborales.

Por: Johan Nassar Hower

Bogotá, 11 de marzo de 2026 (Prensa Senado)

El Proyecto de Ley 141 de 2024 Senado, presentado por la senadora Angélica Lozano, continúa su trámite en el Congreso tras superar su segundo debate en la plenaria del Senado.

La iniciativa propone establecer garantías mínimas para los contratistas del Estado vinculados mediante contratos de prestación de servicios, una modalidad ampliamente utilizada en el sector público y que actualmente no contempla prestaciones laborales, situación que impacta a miles de profesionales en el país.

Lo que se buscan son mecanismos para asegurar el pago oportuno de honorarios y condiciones que eviten el uso indebido de los contratos de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes del Estado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, también se busca prevenir el encubrimiento de relaciones laborales, promover mayor transparencia en los procesos de contratación y avanzar en la modernización de las plantas de personal en las entidades públicas para reducir la dependencia de esta modalidad contractual

El proyecto ya superó su segundo debate en la plenaria del Senado, lo que le permite continuar su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde deberá surtir los dos debates reglamentarios restantes antes de convertirse en ley.

El debate sobre esta iniciativa se da en medio de una discusión más amplia sobre el modelo de contratación pública en Colombia.

En los últimos años ha crecido el número de profesionales vinculados al Estado mediante contratos de prestación de servicios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad laboral y la necesidad de establecer reglas más claras para este tipo de contratación.

De avanzar en el Congreso, el proyecto podría representar un paso importante en la regulación de la contratación por prestación de servicios en el sector público y en la búsqueda de mejores condiciones para miles de trabajadores que hoy prestan sus servicios a entidades del Estado bajo esta modalidad.