• Tres proyectos, todos ellos en segundo debate, fueron aprobados hoy por la plenaria del Senado de la República. Uno de ellos, pretende modificar los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 a fin de que se amplíen los términos para declarar ante el Ministerio Público.

Por Luisa María Llano

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2023 (Prensa Senado). – La plenaria del Senado de la República aprobó en la tarde de este miércoles tres proyectos en segundo debate. El primero de ellos, el 338 de 2023 Senado, pretende ampliar los términos para que las víctimas puedan hacer su declaración y sean reconocidas en el Registro Nacional de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación

El senador ponente Alfredo Rafael Deluque Zuleta, partido de La U, explicó que “pese a que en la actualidad hay cerca de 9 millones 520 mil víctimas muchas han rendido la declaración de manera extemporánea. Esto obedece a razones como que los afectados viven en territorios donde persiste la violencia, o a que tienen al victimario cerca o que no accedieron la información en su debido momento”. 

Señaló que en un acto de justicia, hoy quienes sufrieron igual o peores consecuencias que otras víctimas también merecen ser incluidas en el Registro Nacional y por eso es de vital importancia ampliar los términos, debidamente sustentados y con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación.

En otras palabras, la iniciativa con autoría de varios colegas representantes a la Cámara, busca que una persona víctima de desplazamiento forzado rinda declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los tres (3) años siguientes al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1 de enero de 1985, y no haga parte del Registro Único de Víctimas.

En las declaraciones presentadas tres años después de la ocurrencia, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado. 

La Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, deberá elaborar un Plan de Acción en el que se capacite a los funcionarios del Ministerio Público para conducir los lineamientos.

 También deberán adoptar un programa de difusión y socialización eficaz, con alcance a todo el territorio, sobre los derechos de las víctimas y en el que se cuente la forma para acceder al Sistema Nacional de Aññtención y Reparación Integral de Víctimas.

Impulso al servicio de telecomunicaciones

Otro importante proyecto relacionado con la utilidad pública e interés social, el tendido, construcción y operación de redes para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones y Tic’s fue aprobado en la plenaria del Senado. 

Según su ponente, el senador Julio Alberto Elías Vidal, partido de la U, con esta iniciativa se garantizará el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones en el territorio colombiano.

El proyecto busca dotar de herramientas legales al Gobierno Nacional para que se garantice la prestación de los servicios de telecomunicaciones y TIC´s de manera eficiente, continúa y permanente, con el fin de ampliar la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial a los más vulnerables.

En lo que compete a los conceptos solicitados tanto a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos cuentan con respuesta positiva y con sugerencias en algunos puntos del articulado. 

También se realizaron diferentes mesas de trabajo con expertos en comunicaciones con el fin de llegar a un consenso en el informe de ponencia.

Otro de los puntos claves del proyecto, que se acogió a las recomendaciones de la CRC y del MinTIC, tiene que ver con la posibilidad de que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones soliciten el acompañamiento policial bien sea en la instalación o en el mantenimiento de redes para la provisión de este servicio.

Reducción de barreras para acceder a vivienda

La tercera iniciativa que contó con el apoyo de la plenaria del Senado está relacionada con la reducción de barreras para la adquisición de vivienda, por medio de los créditos hipotecarios. 

Es así como se pretende que a través de la utilización de energías limpias para vivienda más colombianos puedan acceder a una vivienda. 

Con ponencia de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, partido Unión por La Gente y Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justas Libres, el proyecto que ya había iniciado su vida legislativa en la comisión Séptima de Senado, fue aprobado de forma unánime por la plenaria.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2023. Con ponencia del senador Efraín Cepeda, del partido Conservador Colombiano, fue aprobado en la comisión Tercera de la Cámara Alta, el proyecto de Ley que modifica el artículo 855 del Estatuto Tributario relativo a la devolución por saldos a favor del contribuyente.

Explicó que la norma aprobada determina que cuando a un contribuyente le quedan saldos a su favor, el Estado está en la obligación de devolverle esos recursos, ya no en 50 días sino en 30, y eliminando una serie de requisitos, que en muchas ocasiones aburren a las personas “por las dificultades que encuentran para hacer estos trámites ante la DIAN”.

Agregó que muchos colombianos no reclaman su dinero para evitar líos con la DIAN pero que el Estado debe reintegrarlos “suprimiendo engorrosos procesos”.

Imelda Daza, senadora del partido Comunes, indicó que este proyecto de Ley, aprobado en primer debate, determina la obligación de la DIAN de devolver en el término de 30 días el excedente de impuestos que las personas pagaron cuando se le hizo retención en la fuente.

Agregó que muchas personas, que son asalariadas o que tienen contratos de prestación de servicios, “les retienen parte de sus salarios para el pago de impuestos, pero que en muchas ocasiones les queda dinero a su favor el cual el Estado les debe reintegrar, ya no en 50 días sino en 30, facilitando la tramitología que actualmente es muy complicada para la gente”.

Ángela Vergara, senadora del partido Verde, saludó la aprobación de este proyecto de Ley, que de acuerdo con sus palabras lo que se busca es garantizar que el ciudadano, especialmente aquel que tiene una ocupan formal pueda obtener aquellos recursos que por su competencia le corresponden.

Indicó que la DIAN  tiene la tarea de recaudar los impuestos, pero que “también cuando la platica le corresponde al contribuyente, pues es importante que pueda contar con esos recursos y hacerle mas expedito ese procedimiento y que no se convierta en una tortura”.