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Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales

No se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia; sus integrantes deben confesar sus delitos, pagar penas efectivas en prisión, y reparar a sus víctimas. Podrían conservar hasta el 6 por ciento de los bienes que hayan obtenido de manera ilegal.

Por Edwin Gutiérrez

Bogotá D.C., Marzo 15 de 2023 (prensa senado).- La herramienta principal para hacer realidad la política de “Paz Total” propuesta por el gobierno del Presidente Gustavo Petro a los colombianos, comenzó su trámite en el Congreso. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el senado el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, más conocido como “Ley de sometimiento”.

De entrada, el presidente del senado, Roy Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, pidió al gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, “para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”. Cabe destacar que si el proyecto es aprobado, las llamadas bandas criminales tendrían un plazo de dos años para desarticularse de manera voluntaria.

La virtual Ley de sometimiento establece que estas estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva. Adicionalmente, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras desarrollan actividades de restauración y de reparación a sus víctimas. Cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios.

El texto señala también que esos grupos delincuenciales, deben entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al seis por ciento de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos.

El presidente del senador Barreras Montealegre, le envió un mensaje a los sectores de oposición que ya han anunciado que no están dispuestos a apoyar parte de esta iniciativa; “El camino es el de la concertación de todas las reformas para ofrecerles soluciones reales al pueblo colombiano, soluciones que sean viables, sensatas y concertadas”.

El senador del Pacto Histórico, presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda Castro sostuvo por su parte que este proyecto, “no brinda ninguna clase de impunidad”. De hecho, el proyecto descarta cualquier reconocimiento político para estas estructuras ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal. “Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno”, puntualizó, Cepeda Castro

Finalmente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró: “Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan a las víctimas, el estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.   

Proyecto de ley prohibiría uso de glifosato para erradicación de cultivos ilícitos

La iniciativa es una promesa de campaña del Gobierno Nacional y busca detener las afectaciones en el medio de ambiente.

Por: Luisa María Llano

Bogotá D.C., marzo 15 de 2023 (prensa senado).- Una lucha real contra la desarticulación de mafias organizadas y detener las afectaciones en la salud de los campesinos, son las razones que llevaron a radicar el Proyecto de Ley 287 de 2023 ante el Senado de la República, que tiene como objetivo la prohibición del uso del glifosato para la erradicación cultivos ilícitos. Este es una de las propuestas banderas del Gobierno Nacional, que, en cabeza del presidente Gustavo Petro, busca erradicar de una vez por todas estas aspersiones en cultivos de coca.

Para la senadora Esmeralda Hernández Silva, Coalición Pacto Histórico, ponente del proyecto, “el principal método de erradicación, durante años de lucha antidrogas, ha sido la fumigación con glifosato, y hoy, después de décadas, se ha demostrado que es una estrategia inefectiva e ineficiente, y al contrario, ha estado cobijada por una falsa lucha contra la ilegalidad”.

Señaló por último la congresista Hernández Silva, que en 1997 en Colombia hubo 160 mil hectáreas de coca, y que para 2021 esta cifra ascendió a las 204 mil, lo que lo calificó como una “estrategia fracasada”.

¿Qué es el glifosato y por qué es tema de discusión?

WhatsApp Image 2023 03 15 at 11.08.57 AMSegún Greenpeace, una ONG líder en temas ambientales, y con oficinas en más de 55 países del mundo, el glifosato se utiliza para destruir las llamadas “malas hierbas”, pues evita que las plantas produzcan las proteínas necesarias para crecer, y finalmente mueren. Al tratarse de una aspersión que no discrimina el tipo de plantas, sus residuos permanecen en los cultivos, e ingresan al ser humano mediante el consumo de alimentos.

Lo anterior, también es apoyado por la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2015 señaló a este herbicida como “cancerígeno probable”, y causante de enfermedades endocrinas. Esta opinión no es compartida ni por la European Food Safety Authority (EFSA), la mayor autoridad sanitaria europea, ni por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que han concluido, en densas investigaciones, que el glifosato no implica riesgo de cáncer en las personas.

Cabe precisar que la senadora Esmeralda Hernández, integrante de la comisión quinta constitucional de senado y reconocida por su activismo ambiental, no comparte estas aseveraciones, y considera urgente buscar una alternativa que sustituya esta acción, al tiempo que se interrumpe la siembra por parte de organizaciones criminales.

Recordó que en 2017, durante los Acuerdos de Paz, con la implementación de sustitución voluntaria, se logró la vinculación de 99 mil familias, se erradicaron 47 hectáreas de coca, “y la tasa de siembra después de seis años disminuyó en un 7%, y en su momento llegó al 1%”, y agregó: “Para entonces, no hubo voluntad política de darle continuidad al programa, y por eso hoy vamos a sepultar este método en un debate con altura en el Congreso”.

De darse la aprobación de este proyecto de ley, Colombia sería el primer país en Latinoamérica en erradicar su uso, pues si bien en el 2015 la Corte Constitucional prohibió el uso de glifosato en cultivos ilícitos, la intervención del Consejo Nacional de Estupefacientes reversó esta decisión.

Invitación Audiencia Pública

La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la senadora Jahel Quiroga, y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, encabezada por la senadora María José Pizarro, las y los invitan a la audiencia pública para hablar sobre los derechos de las mujeres como cimiento de una paz total con garantías.  Recuerde registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/3ZMScEm