Se solicitó a la UPME que informe cuál será el camino jurídico y técnico para que estos proyectos puedan avanzar.

Por Shelly Camacho

Bogotá D.C. marzo 29 de 2022(Prensa Senado). La presidencia del Senado, a través de la Mesa de Trabajo número 91, abordó hoy los inconvenientes que se presentan en la aprobación de proyectos de energía solar y los cambios en los requisitos que se exigen, debido a las nuevas regulaciones establecidas desde el mes de junio del año anterior.

La temática giró en torno a la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero-Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Energía.
La mesa, promovida por el presidente del Senado, Diego Gómez Jiménez (Partido Conservador), contó con la coordinación de Luisa Fernanda Fernández y la participación de Andrés Rojas, delegado de la Contraloría de la República; Camilo Betín, representante de la Procuraduría delegada para vigilancia preventiva de la función pública; Javier Martínez, subdirector de energía eléctrica; Margaret Muñoz Romero, asesora jurídica; Hemberth Suárez, representante y asesor de CSCCE, Omar Arango de Smart Consulting Grup y Victoria Gaitán, delegada de la Contraloría delegada para el sector de Minas y Energía.

Caso Smart Consulting Grup Javier Martínez, subdirector de energía eléctrica, explicó que las conexiones se restructuraron a partir del mes de junio del 2021, y que algunos proyectos entraron en un mecanismo de transición, debido a que habían sido aprobados en años anteriores. Con la nueva regulación pasaron a no cumplir con una serie de nuevos requisitos.

“Entre junio y agosto del 2021, dichos proyectos fueron sometidos a un proceso de evaluación tipo técnico, en los cuales se evaluó si las redes de transporte de energía eléctrica permiten recibir y tienen capacidad suficiente para la generación y entrega de energía al sistema”, destacó.
En el caso particular del proyecto de Smart Consulting Grup, el cual se encuentra en fase de normalización, que no fue aprobado por la UPME debido a que se requiere expandir la red, Hember Suarez, representante y asesor de CSCCE, afirmó que la compañía asume el costo de la expansión para lograr que el proyecto se inicie.

“El proyecto de Smart Consulting Grup cumple con varios de los criterios y lineamientos. Hoy uno de ellos no le permite tener la aprobación por parte de la UPME. Sin embargo los titulares del proyecto anunciaron que asumen ese costo para poder conectarse”.

A su vez, Javier Martínez, subdirector de energía eléctrica, explicó que la expansión que se requiere no es individual sino sistémica. “No es un complemento para que un proyecto en particular se conecte en un lugar específico de la red, sino que por la acumulación de proyectos que ya están aprobados y por las solicitudes que se puedan tener en trámite, las redes tanto regionales como nacionales, se pueden copar y pueden requerir soluciones estructurales”.
“Esas soluciones estructurales de redes de transporte para definir las expansiones tienen un procedimiento reglado por la comisión de regulación de energía y gas”, resaltó.

Al finalizar la sesión, Luisa Fernanda Fernández, le solicitó a la UPME que en una próxima mesa informe de forma general, cuál sería el camino jurídico y técnico para que estos proyectos puedan avanzar en paralelo con la expansión de conexión, tanto para el caso actualmente expuesto y posibles casos que se presenten a futuro.
Para revivir esta Mesa de Trabajo: https://www.youtube.com/watch?v=5unSiruy4pg

• Expertos consideran que la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición fue el logro más importante en este periodo.

  A escasos tres meses de que concluya sus labores el actual Congreso de la República, y justo cuando se da la renovación del Legislativo para el próximo cuatrienio, son varias las reflexiones que deja la actividad parlamentaria de la oposición política.

  Sin duda el periodo legislativo que termina marca un antes y un después, al menos por dos razones principales: la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición y la virtualidad durante dos de los cuatro años en el Capitolio Nacional por cuenta de la pandemia de Covid-19 que obligó a reglamentar esta forma de trabajo que fue aceptada por la Corte Constitucional.

  Para comenzar, hay que decir que el Estatuto de la Oposición vio la luz jurídica el 9 de julio de 2018, más de dos décadas después de que comenzara a tramitarse la iniciativa con la que se busca garantizar los derechos de la oposición política y las minorías en el Congreso.   

  Básicamente, se trata de un compendio de normas que introduce garantías como el derecho de réplica al Ejecutivo, la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria puedan declararse afines al Gobierno, en la oposición –con garantías- o independientes. Incluso, hasta se tiene el chance de revisar esa decisión un año después de la declaratoria, e incidir en el orden del día de las plenarias.

  Esta herramienta fue inaugurada por los movimientos: Lista de la Decencia, Colombia Humana, Partido MAIS, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde. Con ella sentaron su posición frente a las objeciones que presentó el recién posesionado presidente Iván Duque contra la Ley que creó la Jurisdicción Especial de Paz, entre muchas otras razones porque con ellas se desconocía la sentencia de la Corte Constitucional que avaló esta jurisdicción.

  Sin embargo, aunque se trata de un avance que todos los observadores destacan como muy importante para el fortalecimiento de la democracia, es claro también que la norma requiere de mayores ajustes.

  “Esta es una ley sin sentido, porque es básicamente el mismo esquema que está en la Constitución. Es una camisa de fuerza porque obliga a los partidos a declararse en oposición y hacer una réplica en la instalación del Congreso, de resto no tiene ninguna otra aplicación. Una verdadera oposición requiere el fortalecimiento de los partidos políticos”, considera el analista John Mario González.

  No obstante, otros expertos como el catedrático Jairo Libreros advierten que el Estatuto de la Oposición ayuda en ese fortalecimiento al otorgar una curul en Cámara y Senado a quienes queden en segundo lugar en los comicios presidenciales. “Se trata de un Estatuto que ha demostrado eficacia en otros sistemas políticos, es una iniciativa que promete ser una importante herramienta de trabajo legislativo”, agrega.

  A ello se suma que el Estatuto concedió a la oposición una mayor “figuración mediática” al decir del profesor Juan Manuel Charry, tras explicar que “ahora la oposición es más fuerte que antes, ya no es tan chiquita y tiene más posibilidad de hacer control político”, dice.

  El segundo hecho que destacan los expertos hace referencia a la virtualidad, una razón exógena al Congreso que pero que definitivamente influyó en la actividad parlamentaria porque se trató de un periodo atípico.

  “La virtualidad es de las cosas buenas que dejó la pandemia porque demostró la voluntad de trabajo del Legislativo”, advierte Charry.

  Balance

  Las fuentes consultadas recuerdan que durante el primer año legislativo, cuando el presidente Duque intentó consolidar su estrategia de ‘cero mermelada’, la oposición tuvo oportunidad de hacer algunas alianzas y frenar parte de la agenda legislativa del Gobierno. Pero cuando el Ejecutivo comenzó a darles participación a los partidos de Gobierno, la oposición perdió fuerza.

  No obstante, señala el analista González, “el problema de la oposición es más argumentativo”. Con ello se refiere a que “en muchos casos ha recurrido al filibusterismo, a argumentos irresponsable, con propuestas descabelladas. Es una oposición poco técnica, sin todos los conocimientos”, sostiene.

  Por otra parte, tal vez el caso más representativo del control político se dio durante el debate contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, y que terminó en una moción de censura que tenía los votos suficientes para sacarlo del cargo, pero el funcionario renunció pocos días antes.

  Incluso, el catedrático Librero explica que la salida del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se debió al escándalo social de 2021, y no al control político de la oposición.

  Tampoco prosperaron las tres mociones de censura en contra del actual ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por el manejo del orden público y el estallido social, ni la que se intentó contra su antecesor, el fallecido Carlos Holmes Trujillo.

  “Creo que el balance de la oposición deja un mal sabor: no hubo grandes iniciativas contra el Gobierno y los grandes debates se supeditaron a las mociones de censura”, opina Libreros.

  Así las cosas, los expertos consultados coinciden en que la oposición política es hoy más fuerte que en el pasado y cuenta con mayores herramientas para ejercer el control político, pero le ha faltado contundencia no solo en la argumentación sino también en la iniciativa parlamentaria.