Durante la más reciente sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto, los senadores aprobaron proposiciones que buscan hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como la situación de derechos humanos en distintas regiones del país.
Por Johan Nassar Hower
Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025 (Prensa-Senado). -En sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, se llevará a cabo un debate para evaluar el Acuerdo Final de Paz, entre el Gobierno y las Extintas Farc, marcado por cuestionamientos de diferentes sectores políticos, donde se destaca fundamentalmente la falta de implementación de ese hecho que llevó al fin del conflicto en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el 2016.
En la sesión de la Comisión de Paz y posconflicto, la propuesta para el debate fue aprobada con la participación presencial y virtual de varios congresistas, entre ellos los senadores Iván Cepeda, Paloma Valencia, Antonio Correa, Sandra Ramírez, Aida Quilcué, Julián Gallo y Temístocles Ortega. Está pendiente la fecha de realización.
Tras aprobar el orden del día, se dio lectura a dos proposiciones que marcaron el rumbo de la jornada. La primera, presentada por el senador Julián Castro, propuso invitar al director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón, y al comandante de la Policía del municipio de Puerto Salgar, coronel Mauricio Herrera, para participar en una audiencia pública en esa localidad de Cundinamarca. El encuentro buscará analizar la difícil situación de derechos humanos que enfrentan los líderes sociales de la región.
La segunda proposición, presentada por el senador Omar Restrepo, convocó adebate sobre el estado actual de la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016.
En su intervención, Restrepo subrayó la importancia de evaluar los avances, obstáculos y resultados de los compromisos asumidos por el Estado en materia de paz y reconciliación.
El senador explicó que, a ocho años de la firma del acuerdo, diversos informes nacionales e internacionales evidencian un cumplimiento desigual y rezagos críticos en puntos estructurales, especialmente en la reforma rural integral y las garantías de seguridad para los firmantes y líderes sociales.
También destacó los reportes de la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que alertan sobre la persistencia de riesgos para los defensores de derechos humanos y excombatientes.
La proposición incluye la citación a entidades del orden nacional como los ministerios del Interior, Defensa y Hacienda; la Consejería Presidencial para la Estabilización; el Alto Comisionado para la Paz; la Agencia Nacional de Tierras; la Unidad Nacional de Protección, entre otras instituciones responsables de la implementación del acuerdo.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión, senador Julián Gallo, anunció que en los próximos días se realizará una sesión reservada con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de conocer de primera mano los avances de las mesas de diálogo con los diferentes actores armados en las regiones del país.
Finalmente, la senadora Aida Quilcué solicitó que se programe una reunión presencial con la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz, Vera Grabe, para abordar la situación de los funcionarios secuestrados de la rama judicial y la crisis humanitaria que atraviesan algunas zonas del país.
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