Congreso desarrolló una legislación minera sostenible y responsable
-La formalización de la minería en Colombia es la meta, el reto del estado es facilitar al sector minero colombiano acceder a los servicios del sistema financiero, asegurador nacional y de exportación.-
Por Olga Yurely García Ramírez.- Bogotá, D. C, 20 de abril de 2022 (prensa Senado).-
La dinámica de la minería en Colombia es bastante notable en los últimos años; los cambios han generado que el congreso y el gobierno nacional postule nuevas leyes para el futuro del sector minero del país.
Como resultado de este proceso nace, la Ley 2177 de 2021, promulgada el pasado 30 de diciembre, garantizando que toda la cadena productiva, es decir titulares, explotadores, comercializadores de minerales y prestadores de servicios especiales, puedan acceder a productos financieros exclusivos para su dinámica, créditos hipotecarios, de libre inversión y leasing habitacional, cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito.
Sin embargo, a pesar de ser un avance en cuanto a la eliminación de brechas en el sector extractivo, aún quedan desafíos por enfrentar y vacíos por resolver en cuanto a legalización y formalización de esta industria.
De la bancarización a la legalidad
La norma establece que los bancos solo podrán “denegar” sus servicios a los mineros por razones objetivas, “las cuales deberán ser debidamente informadas al solicitante”. En caso de rechazo, señala el proyecto, los inadmitidos por el sistema financiero tendrán el derecho a que el Banco Agrario les facilite los productos y servicios que requieran para desarrollar su actividad minera.
Enfatiza la norma que, los servicios financieros deberán observar los principios de universalidad, igualdad, eficiencia, reciprocidad, inclusión financiera, colaboración, coordinación, y confianza legítima.
Destaca el articulado que la “Autoridad Minera” deberá entregar al sistema financiero, la información que esta le requiera acerca de los solicitantes de sus productos y servicios, en el marco de sus competencias, en pro de garantizar una debida trazabilidad y lograr transparencia del proceso que es en definitiva uno de las mayores angustias del sistema financiero para no tener una apertura a este sector y lograr una inclusión del mismo a los beneficios bancarios, logrando acercar al pequeño y mediano minero a una cultura del ahorro, acceso a la adquisición de vivienda en beneficio de sus familias y demás elementos que retribuyan a este gremio su esfuerzo ancestral en Colombia.
El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, expresó que, “es muy importante que los mineros estén en el banco y hay que resaltar que se formalizó la industria del oro en Colombia con todos los que cumplen con la normatividad”. Sendoya dijo que, en 2018, el Banco Agrario hizo movimientos por 414 mil dólares, en monetización de divisas de compañías exportadoras de oro; y que, a noviembre de 2021, ya lleva 281 millones de dólares monetizados de compañías que exportan oro y que cumplen con toda la normatividad.
Es preciso mencionar que se crearon formas para que los bancos puedan verificar que son títulos o mecanismos legales como pueden ser contratos o subcontratos de operación, así, las entidades podrán ver que todo esté dentro del marco de la ley para desarrollar la actividad minera, y que se cumple también con lo que se exige en materia técnica y ambiental. De igual forma, dicha entidad también deberá remitir la información suministrada por el minero a la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria para determinar si hubo malas prácticas en la prestación del servicio bancario.
Avances e implementación
Con el fin de atacar las principales barreras, e imaginarios colectivos, que enfrentan los mineros para bancarizarse, como la desconfianza del sector financiero, la escasez de oferta de servicios diseñados para la minería y la percepción de riesgo de lavado de activos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, puso en marcha desde el mes de marzo el programa de inclusión financiera para pequeños y medianos mineros como estrategia de reactivación económica.
El primer paso, es un plan piloto para volver operativa esa ley, con herramientas que generen confianza, porque a quien se responsabiliza de que no lleguen a funcionar las cosas es a las entidades financieras y no es una cuestión de buscar culpables. Primero hay que entender que generar confianza entre las partes es la necesidad primaria para lograr el objetivo.
Para agosto del 2022, el Gobierno del presidente Iván Duque se trazó la meta de llevar a la legalidad a 27.000 nuevos mineros en todo el territorio nacional. A la fecha, y a cinco meses de terminar el gobierno, el objetivo se ha cumplido en un 50 %, es decir, se han formalizado 13.500 mineros. Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, recordó que la ley ordena a la Agencia Nacional de Minería entregar la información con respecto a los titulares mineros o contratos de concesión u operación, lo que permitiría subsanar ese vacío que había en cuanto a falta de información y lograr avanzar en el tiempo restante del gobierno, subir este porcentaje de meta lo más posible.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, es consciente del tema. “Entendemos que la lucha contra la ilegalidad se da generando condiciones y oportunidades para quienes tienen vocación de trabajar de una manera legal. Es por esto por lo que hoy pasamos del minero 5.000 que presentamos en El Bagre a finales de julio de 2021, al minero 13.500 en tan solo siete meses. Esto significa que hemos más que duplicado lo que se había hecho en los últimos 12 años en formalización minera”.
Socialización, un encuentro con la realidad minera
La socialización de la Ley entre comunidades mineras ha sido la experiencia del gobierno para generar confianza y las herramientas necesarias para lograr cerrar esa brecha entre ambos sectores; tener presente que la educación y socialización de los procesos es generar en el minero, un ser de características y técnicas específicas que desarrollan una labor ancestral económica para miles de familias colombianas, esto al costos de altos riesgos y la inclemencia del clima.
Como bien se sabe, es un sector excluido por la violencia y con una reputación mal ganada; es así que, bajo estas precariedades, el trabajo que el congreso dejó instalado para el país, en este sector, aporta y alinea las fuerzas vivas de la minería colombiana.
Un claro ejemplo de ello es en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde el ministro Diego Mesa estuvo socializando la nueva Ley de Bancarización Minera, en la búsqueda de fomentar la prestación de servicios financieros por parte de la banca a los mineros, con el fin de que se formalicen, promoviendo la legalidad en el sector minero. A la fecha, se ha logrado la bancarización de aproximadamente 3.300 mineros, a través de la apertura de productos de depósito.
Prospectiva del sector
En dialogo con el gremio minero esperan de la Ley acabar con la serie de requisitos discriminatorios a la hora de acceder a los servicios del sistema bancario. “Nosotros somos un sector que le aportamos a la economía nacional, le damos casi 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) al país en un año, no nos pueden ir marginando como si no aportáramos nada. Y, lastimosamente, todavía existe una fuerte visión criminalizadora hacia nosotros”, señaló Gina Chávez, gerente de XQUADRA.
Para Rubén Darío Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), esta norma es un reconocimiento a la existencia de una minería informal y ancestral, de tipo subsistencia.
Señaló que uno de los obstáculos en muchas regiones apartadas, donde se realiza minería, no hay bancos ni cajeros automáticos, por eso hizo hincapié en la necesidad de que la banca acuda a esas zonas mineras y capacite a las comunidades sobre el manejo de los servicios financieros.
Desde el gremio esperan que el sistema financiero en realidad responda por la bancarización de los pequeños y medianos mineros y no descargue esa responsabilidad solo en los hombros del Estado colombiano
El proyecto, que consta de 14 artículos, cobija a “titulares mineros; explotadores mineros autorizados; comercializadores de minerales; plantas de beneficio prestadoras de servicios especiales, a saber, aquellas que realizan labores de explotación, construcción y montaje, explotación, cierre y abandono; así como mineros en proceso de formalización y legalización…”.
En conclusión, se establece que toda la cadena productiva está en un proceso de ver crecer la formalización de un gremio ancestral para que la minería torne a su sana reputación, sostenibilidad y un manejo financiero sano, como debe ser y que ahora retoma un nuevo camino.
