La sesión virtual será este lunes 27 de septiembre a partir de las 8:30 A.m.A través de la plataforma zoom y en directo por el canal de YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCbNz1zAbtfsyYADykuyPhTg,

Bogotá D.C. septiembre 25 de 2021(Prensa Senado).-Congresistas integrantes de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, citaron a debate de control político al Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, a la Directora General del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco y a la Consejera de la Alta Consejería Presidencial para la Mujer, Gheidy Gallo Santos. Los funcionarios expondrán y presentarán de manera correspondiente al anexo presupuestal para la equidad de la mujer para la vigencia 2022. Así como los avances logrados en su implementación durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, explicará sobre las partidas presupuestales identificadas con la marca del Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer (TPEM), su destinación para el financiamiento o la inversión. Así mismo detallará cuáles han sido los recursos destinados al desarrollo e implementación del TPEM y las entidades a las que han sido asignados. Lo anterior, para las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.

Por su parte el Departamento Nacional de Planeación indicará los avances en la ejecución del presupuesto asignado, en los proyectos de inversión que forman parte del Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer, en las vigencias 2019, 2020 y 2021.

Facilitará las instrucciones pertinentes para el acceso y consulta del Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), también indicará sobre el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).

Entre tanto la Consejería Presidencial para la Mujer, Gheidy Gallo Santos, deberá indicar a los congresistas, cuáles han sido las entidades del Gobierno Nacional, que han participado en la socialización de los mecanismos de implementación del Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer (TPEM). Lo anterior, para las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.

Al igual que las estrategias que vienen adelantando de manera conjunta, con el liderazgo de la Consejería para que más entidades focalicen gastos en el TPEM para las próximas vigencias. La funcionaria hablará de las acciones que adelanta la Consejería, para garantizar que las partidas asignadas al TPEM, que cumplan de manera satisfactoria con los atributos definidos para ser considerados gastos de funcionamiento o Inversión para la Equidad de la Mujer.

Los representantes del Gobierno Nacional, explicarán las estrategias para socializar la metodología de focalización de gasto para la Equidad de la Mujer en el TPEM y el alcance que estás han tenido en cuanto a la participación de los funcionarios de las entidades. Entre otras respuestas que tendrán que dar las entidades citadas al debate de control político.

Senadores plantean que así debe ser la defensa de la comunidad raizal ante la Corte Internacional de La Haya, por parte del estado colombiano.

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021 (Prensa Senado). Tras la pérdida de 75.000 km cuadrados de territorio marítimo con Nicaragua en el año 2012, como consecuencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia que fijó los límites marítimos entre ambos países, Colombia continúa en la defensa de la soberanía marítima.

Al respecto se pronunció la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), argumentando que Colombia “ha obrado siempre de buena fe” y en ese sentido, el país merece que le sean reconocidos los mismos derechos de plataforma marítima que se encuentran contemplados en el derecho internacional.

A la fecha, Colombia continúa en la defensa del territorio y adelanta una contrademanda a Nicaragua, que denuncia falta de garantías para ejercer soberanía. Ante este litigio, senadores pidieron al Gobierno Nacional mantener una política de Estado y no de gobierno.

Por su parte, el senador José Luis Pérez (Cambio Radical), expresó que el hecho de que Colombia haya tenido diferentes abogados a lo largo del proceso ha significado una dificultad pues no se ha mantenido una consistencia en materia jurídica que, en efecto, permita recuperar la plataforma extendida.

Una de las causas principales que defiende Colombia está directamente relacionada con el bienestar de la población raizal pues es menester garantizar su derecho a la pesca, dado que su estabilidad socioeconómica depende en gran medida de esta actividad.

De ahí que el senador John Harold Suárez (Centro Democrático) manifestó su especial preocupación por los sanandresanos, pues no se trata solamente de recuperar un territorio marítimo sino de la historia y herencia de esta comunidad, así como la apropiación cultural de los habitantes de la isla que, en sus palabras, “no entienden si el mar es de Colombia o es de Nicaragua; lo más importante es que ellos permanezcan allí. Allí está su cultura, su historia”.

Por otra parte, desde la Academia también se resalta la importancia de que el país continúe defendiendo el derecho a hacer presencia permanente en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico y proteger el medio ambiente.

Sobre este aspecto, Wilfredo Robayo, docente de derecho internacional de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que el país necesita dos demandas de reconvención: una que proteja los derechos de pesca artesanal de la población raizal y, de otro lado, una que busque establecer que el estado nicaragüense viola el derecho internacional a través de la creación de un decreto.

Es necesario resaltar que la Corte Internacional de Justicia inició audiencias el pasado 20 de septiembre, las cuales serán extendidas durante dos semanas más. El fallo, por su parte, se demorará de seis meses a un año.