Un proyecto de ley que propone una amnistía de intereses, condonaciones parciales de capital y acuerdos de pago para deudores en mora del ICETEX, estará en el orden del día de la plenaria del Senado, cuando se reinicien las sesiones del Congreso.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, julio 16 de 2025 (Prensa-Senado).  - El Proyecto de Ley es el 328 de 2024, iniciativa del senador José Alirio Barrera, Centro Democrático, será tema de discusión y votación en la plenaria del Senado, iniciativa que tiene como objeto aliviar la carga financiera de los usuarios del sistema de crédito educativo y fortalecer el acceso a la educación superior.

El proyecto, con ponencia favorable del senador Esteban Quintero, Centro Democrático, destaca en su articulado soluciones concretas a miles de colombianos que actualmente enfrentan dificultades para pagar sus créditos educativos, muchos de ellos reportados en centrales de riesgo o con deudas que superan su capacidad económica. 

“Esta es una iniciativa pensada en los jóvenes que no pudieron terminar sus estudios, que hoy no pueden seguir pagando su crédito, o que han sido reportados. Esta ley busca darles una segunda oportunidad para volver a empezar”, afirmó el senador Alirio Barrera.

Entre los beneficios se contempla la condonación del 100 % de los intereses moratorios, la condonación parcial del capital de la deuda, según el nivel de cumplimiento del usuario, y la posibilidad de suscribir acuerdos de pago hasta por 36 meses con tasas preferenciales.

Además de los alivios económicos, el proyecto de ley contempla el uso de cesantías como forma de pago, incentivos para deudores cumplidos, acceso prioritario a becas y programas de formación complementaria, y la eliminación de reportes negativos una vez se normalice la obligación.

Actualmente, el proyecto se encuentra listo para ser discutido en segundo debate en la plenaria del Senado, con respaldo de diversas bancadas y sectores sociales que han resaltado su enfoque solidario y su impacto positivo en el acceso a la educación superior.

En el foro “Ciudades Transformadas y el Derecho a la Ciudad”, liderado por el senador Alberto Benavides, Pacto Histórico, se planteó la necesidad de consagrar el Derecho a la Ciudad en la Constitución Política. 

Por Johan Nassar H.

Bogotá, D. C, 16 de julio 2025(Prensa-Senado). -“Ciudades Transformadas y el Derecho a la Ciudad”, fue el tema de una jornada de reflexión política y social donde se propuso una reforma al artículo 82 de la Constitución para incluir el derecho a la ciudad como principio rector del ordenamiento territorial en Colombia.

El foro se estructuró en tres paneles temáticos: vidas urbanas y desigualdades, instrumentos de planeación, y creatividades sociales y democracia urbana. Cada espacio abordó las múltiples tensiones que atraviesan las ciudades colombianas, desde la falta de vivienda digna y el abuso policial, hasta el rol de las economías populares en la construcción del tejido urbano.

Durante su intervención, el senador Benavides advirtió sobre el riesgo de que lo urbano quede relegado frente a la prioridad estatal del mundo rural, pese a que más del 80% de la población vive en ciudades. 

Benavides denunció el abandono institucional de barrios populares, la creciente precarización urbana y la presión sobre ecosistemas estratégicos. Afirmó que las ciudades no pueden ser espacios de exclusión ni solo de acumulación de capital, sino territorios de vida digna, democracia y justicia social.

“Hablar de paz implica transformar la vida urbana”, insistió, tras reconocer el papel de las movilizaciones sociales, como el paro cívico de 1977 y el estallido social de 2021, como motores de conquista de derechos urbanos.Vinculó el debate urbano con el proceso de paz, señalando que las dinámicas de violencia, desigualdad y marginalidad en las ciudades también alimentan el conflicto.

Uno de los ejes del foro fue la economía popular. Se denunció que, a pesar de ser mayoría en ciudades como Bogotá, esta economía sigue criminalizada y marginada. Panelistas como María Angélica Prada y Nicolás Cuervo propusieron alianzas público-populares, la transferencia de activos estatales, y nuevas normativas que reconozcan la autogestión de vivienda y la producción comunitaria del hábitat.

En el panel sobre planificación urbana, se criticó que la Ley 388 de 1997 no se adapta a las realidades de los más de 900 municipios con baja capacidad técnica y presupuestal. Se propuso actualizar esta norma para incorporar enfoques diferenciales, saberes comunitarios, y garantizar la participación efectiva de los habitantes como sujetos de derecho y no solo como compradores de ciudad.

El panel sobre movilización y democracia urbana visibilizó cómo las comunidades han transformado la ciudad desde abajo: ollas comunitarias, brigadas de salud, huertas urbanas y procesos de autoconstrucción fueron presentados como ejemplos de resistencia y creatividad social frente a un modelo urbano excluyente.

Se denunció, además, el abuso policial en CAIs como el de La Gaitana —el más denunciado del país— y se recordó que, pese a los muertos durante el estallido social, la ciudadanía no cesó de movilizarse. La protesta fue leída no como una amenaza externa, sino como una respuesta legítima al abandono y abuso institucional.

El foro concluyó con tres propuestas legislativas: reformar el artículo 82 de la Constitución para reconocer el derecho a la ciudad y al territorio, crear una Comisión Accidental en el Congreso sobre este derecho, y actualizar la Ley 388 de 1997 con enfoque de justicia espacial y economía popular.

Además, se convocó la creación de una Mesa Técnica Nacional del Derecho a la Ciudad, con participación de academia, organizaciones sociales e instituciones. El objetivo es construir un estatuto urbano que reconozca que las ciudades se hacen con tejido social, memoria y dignidad.