La decisión por unanimidad se tomó dada la importancia de la norma y donde se requiere la participación amplia de todos los componentes de la célula legislativa y del Gobierno

Bogotá D.C., Agosto 31 de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Primera entró este lunes a discutir el proyecto de ley que busca ampliar por 15 años más la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y garantizar la total reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El coordinador de ponentes de la iniciativa, senador Roy Barreras (Partido de la U), explicó que se busca prorrogar los beneficios acordados en atención, asistencia y reparación a quienes fueron objeto del accionar de los grupos armados al margen de la ley en las confrontaciones y fueron desplazados, amenazados o perdieron familiares en las confrontaciones que alcanzan aproximadamente a 9 millones de colombianos.

Señaló igualmente que “hay consenso con todos los partidos para apoyar la iniciativa parlamentaria" y recordó a sus colegas en la sesión virtual que “el fallo de la Corte Constitucional determina que la ley de víctimas es prorrogable” y los invitó a apoyar la iniciativa y contar con su aprobación.

El senador por el partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, señaló: "No se romperán los principios de consecutividad ni de unidad de materia al suplir los vacíos que tiene la Ley de Víctimas dado que, no se trata de nada distinto a la materia misma de la Ley".

En el desarrollo de la sesión, también se puso en discusión un aspecto que hace referencia a los campesinos que se encuentran actualmente como segundos ocupantes de las tierras donde fueron desarraigadas familias por la presencia y presión de los grupos armados y cuya situación es preciso solucionar, expusieron los congresistas Germán Varón (Cambio Radical) y Gustavo Petro (Colombia Humana), quienes solicitaron para este martes ampliar la discusión y buscar una salida sin perjuicios, puesto que algunos de ellos fueron estafados o por desconocimiento ocuparon terrenos de desplazados.

Finalmente se acordó reanudar el análisis de la citada norma contando para ello con la participación del Gobierno con la Defensoría del Pueblo, la Dirección de la Unidad de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación, entre otros.