Sin embargo, se han encontrado problemas que persisten como el aumento de la violencia intrafamiliar y posibles daños psicológicos a niños por el confinamiento.

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Así se evidenció en el desarrollo de la sesión formal de la Comisión de Derechos Humanos, que invitó a los representantes de organizaciones civiles, líderes sociales y entidades del Estado, con el objeto de verificar las acciones que se vienen desarrollando para responder a las quejas y denuncias expuestas por la vulneración de los derechos fundamentales ocasionados por la pandemia y que arrojó la respuesta positiva para algunos temas, mientras en otros se hace necesario más esfuerzos para cumplir con los objetivos.

Es así como el presidente de la Comisión, senador Edgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libre) invitó a los representantes del Ministerio de Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación y Defensoría del Pueblo para conocer los resultados obtenidos de las gestiones propuestas en las pasadas audiencias públicas con las poblaciones y sectores que expusieron su problemática.

A su vez, el viceministro del Interior, Carlos Bahena, reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos la gestión realizada para la atención con el aporte de 100 mil millones de pesos para fortalecer la Unidad de Gestión del Riesgo para llegar a sitios distantes y entregar las ayudas en mercados y elementos de protección sanitaria a comunidades indígenas y desarrollar actividades para ubicar y focalizar zonas distantes.

Igualmente señaló que la difícil geografía colombiana ha impedido que las ayudas lleguen rápido, especialmente en los pobladores en zonas distantes de áreas rurales, sin embargo se están haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a todos, reiteró.

Por su parte, la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reveló que en materia de violencia intrafamiliar se han recibido desde el 12 de marzo, 23.182 denuncias por hechos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Las comisarías de familia han restituido los derechos de estos menores en 4.654 casos que han sufrido vulneraciones. Las zonas más afectadas de acuerdo con las estadísticas de Medicina Legal, son: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, reveló Juliana Cortés, directora de Protección de la Unidad de Niñez, quien señaló que el confinamiento obligatorio en viviendas es uno de los principales causantes de estas negativas conductas. 

Agregó la funcionaria que otras repercusiones se vienen registrando en trastornos de ansiedad, violencia, depresiones y suicidios ante lo cual se están tomando medidas con especialistas, a través de las líneas de emergencia que vienen atendiendo los llamados de auxilio las 24 horas.

De otra parte, la delegada de la Defensoría del Pueblo coincidió en este triste tema de la violencia intrafamiliar al afirmar que para esa entidad le preocupa el aumento de las denuncias que se han recibido desde marzo con 831 casos, de los cuales 310 fueron mujeres agredidas, reveló Diana Rodríquez, de la Defensoría del Pueblo, quien agregó que también se han aumentado los casos de suicidio y feminicidios conocidos por esa entidad.

De otra parte expuso las dificultades que persisten en las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Norte de Santander, Guajira y Cesar, donde las ayudas humanitarias del Gobierno no han llegado y es necesario que el Ministerio del Interior revalúe las acciones para que los alimentos y medicamentos como elementos de protección lleguen a esos pobladores, indicó Carmen Dávila, defensora Delegada de Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo.

Otra es la situación de los pacientes con enfermedades crónicas que se han descuidado por atender a los contagiados por el Covid-19, a quienes hay que garantizar su derecho a la salud y que tengan los servicios a pesar de la pandemia y clamó por proteger también al personal de salud que ha sido violentado por algunos por temor al contagio. “Ellos están atendiendo a todos a pesar del peligro que están corriendo y merecen respeto”.

Reacciones de los senadores

Ante el conocimiento de los avances logrados como mediadores entre las comunidades y el Gobierno, los integrantes de la Comisión de DD.HH. del Senado de la República expusieron otras recomendaciones que serán tramitadas para alcanzar otros objetivos.

“Necesitamos que este Gobierno, que lo ha hecho bien, siga en esa actividad para detectar comunidades, donde no han llegado las ayudas humanitarias para que les sean entregadas de manera oportuna y en especial niños. Esa es la gestión de DD.HH. para ayudar visibilizar sectores poblacionales, donde aún no cuentan con esos recursos”, recalcó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Agregó que otro tema inquietante es recomendar a las autoridades que se preparen para controlar la afluencia de venezolanos que hacen tránsito hacia su país como también los que se prevé regresarán y que debido a que no se tiene un control estricto, se convierten en vectores para contagio del Covid-19, como consecuencia de la no asistencia de salud en ese país. Medidas de protección urgentes para que todo lo que se ha alcanzado con los bajos contagios, no se pierda, recomendó.

Por su parte, la congresista del partido MIRA Aydeé Lizarazo manifestó que nuestro objeto hoy por hoy en derechos humanos es ser los canalizadores de las inquietudes de la ciudadanía y ayudar a gestionar soluciones ante las dificultades que viene ocasionando la pandemia para que el Gobierno conozca la situación de zonas distantes y acudir en su ayuda.

“Hay que hacer muchos esfuerzos para llegar a las comunidades y generar respuestas positivas, dado que persisten casos dramáticos por pérdida de empleos y de actividades, cuyos pobladores no tienen liquidez ni comida. También facilitar corredores humanitarios de estudiantes varados en varias ciudades y que no han podido regresar a sus hogares”, opinó la senadora Griselda Lobo (Farc).

Al finalizar la sesión, el senador Palacio Mizrahi señaló: “Vamos a solicitar al presidente Duque un trato especial para los niños en espacios amplios en parques para su desarrollo saludable, así como al Ministerio de Salud para el bienestar de los menores que se han convertido en víctimas por el encerramiento obligatorio por el Covid-19”.

Así mismo señaló que el Covid-19 ha revelado muchas falencias del Estado como la ineficiencia en el sistema de salud en cobertura y recursos para dotaciones y equipos, “pero también ha servido para ir mejorando muchas otras que se irán alineando y esta Comisión seguirá haciendo el seguimiento para proteger los derechos fundamentales de las comunidades y como puente ante el Estado para lograr esos objetivos”, concluyó.

Los mandatarios locales y regionales manifestaron en la Comisión Primera del Senado que sus rentas e ingreso disminuyeron en un 80% y se encuentran endeudados con el sistema financiero, porque no han podido pagar sus compromisos económicos y por eso solicitan con urgencia diferir en un año el pago de interés y capital de sus deudas.  Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425, en tres meses. Anunció que Bogotá seguirá en aislamiento obligatorio hasta el 15 de junio. 

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Al término de una reunión informal de los integrantes de la Comisión Primera del Senado con alcaldes y gobernadores del país se hizo un llamado del Legislativo al Ejecutivo para que no transfiera responsabilidad del Covid-19 a los alcaldes y gobernadores, desde el próximo primero de junio.

Todos los mandatarios locales coincidieron en manifestar que la crisis económica en los territorios es grande, porque cayó el pago de tributos esenciales como renta, cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo, entre otros.

Los funcionarios además de pedir un salvavidas con dineros del Gobierno central solicitaron una medición con la banca para que se aplace hasta el año 2022, el pago de interés y capital de las deudas que tienen municipios y gobernaciones con el sistema financiero.

Los congresistas acordaron que se debe ampliar hasta el año 2022 el período que establece el artículo quinto del Decreto 678 de 2020 sobre los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales.

Interviene Alcaldesa de Bogotá

Durante la sesión virtual, intervino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien insistió en el Congreso para que se establezca un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes: “Podemos tener diferencia con el Gobierno, pero no paramos nunca de coordinar. Difiero en el apalancamiento económico. Desde el 27 de abril se puso a trabajar, nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio. Hay que capturar recurso de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”.

Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas. “La alcaldía no hacía trasferencia y no entregaba mercados juntos. Nos estamos preparando para reactivar el empleo, para tener por primera vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en pobreza no entren a pobreza externa”, destacó la invitada al Senado.

Confirmó en el Congreso que la capital del país tendrá aislamiento obligatorio hasta 15 de junio. “Esta semana evaluamos la curva y adoptamos cinco medidas para Bogotá:

1- Mantener aislamiento parcial en la misma condición.

2- Hacer plan de testeo.

3- Seguir controlando Corabastos.

4- Afinar protocolos. 

5- El 15 de junio se evaluará para ver qué sigue.

También anunció en la Comisión Primera que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425 en tres meses. “El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y después, (agosto), 45 ventiladores”.

“Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno. El éxito es que no está lleno, ya habríamos rebosado la capacidad hospitalaria. Toda la red pública y privada está operando. Corferias está recibiendo poco a poco para que no se rebose. De eso se trata. Corferias está pensado por modulo. El primer módulo es de 500 camas. Si necesitamos dos mil camas las ponemos en una semana. Esos es síntoma de éxito en la pandemia”, se defendió Claudia López.

Habla Alcalde de Cali

En la sesión también participó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien propuso postergar el pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio para que la ciudadanía se alivie económicamente.

“Se requiere apoyo del Gobierno Nacional para que conceda a los entes territoriales créditos blandos y suplir necesidades de la administración local”, precisó.

Ospina aprovecho para exponer en el Congreso las dificultades que se registran por el Covid-19: Contagios por no autocuidado de la ciudadanía, sistemas de bioseguridad con más conciencia de la comunidad para poder salir, pero con responsabilidad y evitar infectarse para garantizar libre movilidad. Propuso una campaña pedagógica con mayor vigor a nivel nacional y así volver a la normalidad y reponer la economía de todos. 

Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander), dijo que como consecuencia de la pandemia solo recaudará en el año por industria y comercio y renta $5 mil millones, cuando se tenía presupuestado recibir $15 mil millones. “La inversión este año va a ser nula. Bueno que ayuden con recursos para trabajar y salir adelante”, destacó Rangel.

También denunció la falta de medidas más contundentes en materia de migración dado el alto número de venezolanos en su ciudad y pidió que se impongan medidas de fondo. “La inseguridad es constante y se han incrementado robos, lesiones, narcotráfico y homicidios”, indicó.

El alcalde Florencia, Caquetá, Luis Antonio Ruíz, manifestó su preocupación por las dificultades económicas para el pago de obligaciones por no ingreso de recursos por impuestos y propuso al Ministerio de Hacienda que intervenga ante los bancos para que otorguen dos años de período de gracia y congelen los intereses.

Aseguró el mandatario que la alcaldía de Florencia, Caquetá, tiene créditos por $25 mil millones y hay dificultades para pagar intereses y capital de esos préstamos.

Propuso al Gobierno incrementar del 3% al 20% los recursos que están ahorrado para los pensionados en el Fonpet

Por su lado, el gobernador de Córdoba, Óscar Cuello, en exposición en Comisión Primera reiteró su preocupación por la considerable baja de ingresos por impuestos que ha producido iliquidez en su administración y dificultades para el pago de compromisos y solicitó la congelación de créditos en los bancos, especialmente.

“Se bajaron los ingresos en mayo un 86%. Tenemos una reducción notable del 86%. Cayeron nuestros tributos en cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo y el pago de estampillas. Eso ha puesto en dificultad nuestro funcionamiento y ha afectado la inversión en nuestra región”, destacó el gobernador Cuello. 

Mientras tanto, un balance complejo en el aspecto económico y de salud, reportó el alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gian Carlo Gerometta.

Solicitó al Gobierno Nacional que ayude ante los bancos por la caída en los recaudos impuestos. “42% de impuesto predial, solo el 10% de industria y comercio y menos el 60% de sobretasa a la gasolina. Situación económica muy difícil por recaudos”, destacó el invitado.

La alcaldesa de Tumaco, María Angulo, reclamó apoyo al Gobierno para estabilizar las finanzas con créditos blandos o congelados.

“Tenemos un déficit de $4 mil millones de las regalías. La administración pasada gasto $9 mil millones. Se han invertido mil millones para dos hospitales y todos los dineros se fueron para ese sector. No alcanzan los recursos para el programa de alimentación de los niños. Seguiremos en cuarentena hasta julio hasta no tener fortalecido el sistema de salud”, dijo la funcionaria.

Responde el Gobierno

El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, dijo que las reformas constitucionales que se deben hacer después de la pandemia tendrán que pasar por la Comisión Primera del Senado.

“Debe haber reorientación en inversión pública y salud. Como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, la alcaldesa Claudia López propuso imponer un impuesto al patrimonio y el Gobierno debe priorizar, porque no podemos parar el metro de Bogotá. Estamos hablando de billones de pesos, que pueden caer de un momento a otro. El debate es valioso, porque un asunto como este de las finanzas territoriales no solamente se debe debatir en las comisiones económicas, sino en el seno de la Comisión Primera, porque muchos de los temas después de la pandemia, que hay que ajustar son de rango constitucional”, señaló.

El alto funcionario dijo que en este momento sería una decisión irresponsable que se autorizaran nuevos retiros de los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). “Eso pone en riesgo las pensiones de los empleados territoriales. Eso nos puede llevar a que en dos o tres años no tengan recursos para pagar las pensiones de los empleados territoriales”, destacó.

En su intervención, Luis Fernando Villota, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de Apoyo Fiscal de Ministerio de Hacienda le explicó a los alcaldes y gobernadores que pueden diferir el pago del impuesto predial hasta junio 2021. Indicó el funcionario que, también pueden dar alivio a contribuyentes que paguen antes del 31 diciembre de 2020.

“Pueden diferir pago de esta vigencia alcaldes y gobernador. Predial pueden diferirlo y puede ser hasta junio 2021. Si lo hacen hasta el 31 junio, el descuento será del 20%, si lo hacen antes del 31 diciembre, el descuento será del 10% y si se paga el próximo año no tendrán descuentos”, precisó.

“En el Decreto 678 se permite que las entidades territoriales incumplan los indicadores de la Ley. Es un levantamiento temporal de los efectos negativos que se puedan dar durante la vigencia 2020 y 2121, si se incumplen con los indicadores”, dijo Villota.

Hablan los senadores

El senador Iván Name, organizador del encuentro con los mandatarios territoriales, dijo que el único que faltó fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que la gran conclusión es ampliar la vigencia del Decreto 678, en el artículo quinto, para que la aplicación del mismo vaya hasta el 2022.

Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021. Las entidades territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia del Covid-19 presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, y producto de ello superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de 2003

Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.

El senador Roy Barreras dijo que alcaldes han dicho que no tienen recursos y que estos han sido centralizados por el gobierno nacional. “Es una necesidad descentralizarlos^, porque estallará esta crisis en manos de los entes regionales. La cuarentena inicial fue buena y oportuna, pero el mundo no se puede cerrar eternamente. Ahora lo que hay que hacer es aislar a quienes estén enfermos y abrir sectores para reactivar la economía”.