GOV CO

Banner Web Senado

Noticias

La Comisión Quinta debatió sobre los altos costos de los servicios públicos

La senadora Maritza Martínez denunció que en el Meta las personas de los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio de consumo de hasta 173 kilovatios y a partir de ahí es tarifa plena, lo que desbordó los cobros a los usuarios.

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 (Prensa Senado). En conjunto con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, la Comisión Quinta del Senado de la República debatió hoy, miércoles 22 de abril, sobre los altos costos que tienen los servicios públicos en esta época de emergencia que vive el país por cuenta del Covid-19.

 El principal objetivo de esta sesión radicaba era conocer por qué se están presentando elevados costos en los servicios públicos, sobre todo en la energía. Por ello, la ministra María Fernanda Suárez indicó que desde que se presentó la alerta por la emergencia de la pandemia en el mundo se empezaron a tomar medidas y se ha trabajado intensamente para atender las diferentes necesidades y situaciones que tienen los colombianos y que, por supuesto, general muchas complicaciones a nivel socioeconómico.

 Enfatizó en que en los próximos dos meses y según la Resolución 058 de 2020,
se estableció que las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario. En caso de presentarse aumentos, deben ser diferidos posteriormente.

 Hizo también hincapié en que las personas de los estratos 1, 2, 3 y 4 todavía tienen la posibilidad de pagar y tienen ingresos fijos, deben actuar con honestidad y responsabilidad y hacer el pago de los servicios públicos, de lo contrario, se pone en riesgo la estabilidad de los mismos.

 Además de esto, “existe una red de solidaridad que está en la página web www.coronaviruscolombia.gov.co, liderada por la Primera Dama, en donde las personas más necesitadas pueden inscribir la solicitud para que el Ministerio les pague la factura de los servicios públicos. También se está haciendo una campaña para recaudar fondos por esa misma página, pues siempre hay personas que quieren hacer donaciones”.

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha trabajado de la mano con diferentes empresas como Andesco y se han reconectado 79.000 usuarios de electricidad y 30.000 de gas natural; reconexiones hechas a usuarios que habían sido suspendidos durante en el 2020 por falta de capacidad de pago.

 Por su parte, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, enfatizó en que hay empresas que se ven más afectadas que otras por los altos precios que tienen en bolsa con relación a otras y está relacionado por el porcentaje de exposición que tengan esas empresas en la bolsa.

 La Superintendente hizo un llamado de atención sobre las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional por medio de la expedición de decretos y regulación particular, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha venido expidiendo de una manera muy diligente, pues tienen efectos en el componente de la tarifa y del valor que las empresas deben refinanciar para los usuarios.

 “Concretamente llevamos un mes del aislamiento obligatorio razón por la que los consumos en los segmentos residenciales tendrán un incremento por el mayor uso de los componentes electrónicos. Es importante hacer un llamado a todos los colombianos, tenemos que ser conscientes que el consumo va a aumentar y que, si bien se están tomando las medidas para el congelamiento de las tarifas de energía, el componente del consumo al aumentar en la facturación, se verá reflejado en el valor total de la factura”, sostuvo.

Hablan los senadores

Dentro de los senadores que tuvieron presencia en esta sesión, estuvieron presentes Maritza Martínez, José David Name, Guillermo García Realpe, Daira Galvis, Jorge Robledo, Jorge Londoño, Nora García, Alejandro Corrales, Didier Lobo, Miguel Barreto, Juan Carlos García, Eduardo Pacheco y Sandra Ortiz, además de haber contado con la participación del representante a la Cámara Ángel María Gaitán, los diputados Carlos Reyes y Julio Morato y el director Ejecutivo de la CREG, Jorge Valencia.

 La senadora Maritza Martínez denunció que en el Meta las personas de los estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio de consumo de hasta 173 kilovatios y a partir de ahí es tarifa plena, lo que desbordó los cobros a los usuarios. Hizo especial énfasis en que hay una falta de planeación que está afectando a los usuarios y que no debería valer como un argumento por parte de los gerentes, que deberían ser investigados por no cumplir adecuadamente con sus funciones.

Sumado a lo anterior, hizo una petición al Gobierno Nacional para que ponga en marcha la entrega de utilidades y poder tener programas que permitan aliviar la carga de los usuarios más necesitados de apoyo en esta emergencia.

El senador José David Name exhortó a todos los colombianos y especialmente a la gente del caribe colombiano, pues enfatizó en que los generadores hidráulicos, los bancos y la CREG son los enemigos de los ciudadanos en esta época de crisis que vive el país. Además recalcó que el Decreto 574 es inconstitucional y que no ha hecho la demanda pertinente, porque hay cosas beneficiosas para el país.

Por otra parte, el congresista Ángel María Gaitán y el senador Didier Lobo, recalcaron en los excesos de los cobros que se han dado desde enero a marzo. Los incrementos fueron de 25.350 pesos de enero a febrero y de febrero a marzo de 107.505 pesos que ha efectuado Celsia en el Tolima. Hizo, además, una denuncia respecto a que la reconexión se le ha negado a muchos usuarios y que la Superintendencia debe hacer un seguimiento en este tema.

El senador Lobo hizo énfasis en que se sabía de antemano que el precio iba a aumentar, porque la situación lo demanda, pero el precio lo aumentaron en un porcentaje muy alto, además de hacer una crítica en que en los departamentos del Cesar y La Guajira, los estratos 1 y 2 están aguantando hambre

 La senadora Nora García celebró los alivios hechos en el sector tarifas por parte del Ministerio de Minas y del Gobierno Nacional. En Montería, por ejemplo, para el 60% de los usuarios de energía la factura va a subir entre un 18 y 20% monto que es considerable en medio de esta crisis. Sumado a esto, hizo un agradecimiento especial a Ecopetrol, pues ha hecho un aporte muy grande a los hospitales de las capitales. Sin embargo, también se logó hacer un apoyo para las regiones en donde tienen injerencia como Sucre, Coveñas, Córdoba y El Urabá.

Por otra parte, el senador Alejandro Corrales criticó que no se justifican las alzas en las tarifas de los servicios públicos dada la crisis que vive el país. De acuerdo a esto, presentó dos propuestas:
1) Duplicar el subsidio de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3 durante los meses que vienen.
2) Suspender el cobro de los servicios de alumbrado público en las zonas rurales.

 El diputado Julio Morato criticó que no se están tomando las medidas de los contadores pero sí están llegando los recibos físicamente, por lo que no es justo que los hoteles y discotecas, por ejemplo, que están cerrados en este momento, tengan que pagar facturas promediadas. Resaltó que están de acuerdo con pagar los servicios pero deben ser de calidad, pues en el Tolima cuando llueve tiene a irse el servicio eléctrico.

 

Jorge Valencia, director Ejecutivo de la CREG, aclaró que en ciertos casos las empresas están aplicando las tarifas que resultan de compras de energía y transacciones hechas en febrero y marzo antes de que empezara esta situación de aislamiento preventivo obligatorio. De esta manera, lo que ha hecho la Comisión es establecer una opción tarifaria para que las empresas que tuvieran incrementos importantes, lo pudieran diferir. Enfatizó en que están obligando a las empresas proveedoras de energía a que no incrementen las tarifas durante los próximos meses.

Junto con el Ministerio de Minas y energía se están evaluando medidas adicionales para que esta situación que está viviendo el país se pueda sobrellevar de la mejor manera y ayudar a todos los colombianos a que tengan una mejor calidad de vida, dijo.

El senador Eduardo Pacheco indicó que un kilovatio está en 540.30 centavos pero en marzo a abril era de 533 centavos, razón por la que se ha percibido un aumento en el costo de la energía, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, que en su mayoría hacen parte de la informalidad.

 Se infería que por el confinamiento el consumo se iba a incrementar, pero si a eso le sumaos el precio del kilovatio actual en tiempo de esta crisis, se puede evidenciar que afecta solo a los estratos 1, 2 y 3, sino a todos los estratos 5 y 6 que no reciben ningún tipo subsidio sino que, por el contrario, subsidian a los demás estratos.

 Por su parte, el vocero del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, manifestó que hay que revisar a fondo el tema de servicios públicos domiciliarios, no solo en esta época de contingencia, sino a futuro, puesto que muchas empresas, en especial las particulares han cometidos muchos errores incluso en esta pandemia. Exponiendo el grave caso de la empresa de energía Celsia en el Tolima, la cual aprovechó una interpretación de un artículo de la Ley 142 del 93, para tratar de abusar a los comerciantes, hoteleros, restaurantes, y en general de la gente que se dedica a los servicios turísticos, trepando el valor de los servicios, promediando las tarifas de meses de alta ocupación del sector con meses de contingencia.

 El Senador Jorge Robledo mencionó en su intervención res temas de alta relevancia. Primero, la presentación de una proposición sobre el debate completo sobre el caso de Electricaribe; segundo, la confirmación por parte de los medios de comunicación sobre lo expuesto por él en la sesión del día lunes, sobre los créditos del agro “ya que siete poderosos han devuelto 33 mil millones” de dichos créditos, lo que evidencia que las denuncias si reflejaron que algo estaba andando mal. Tercero, la preocupación por las medidas tomadas por parte del Gobierno Nacional, ya que consideró que las mismas serán insuficientes y que los incrementos en la tarifas de servicios públicos han sido un problema durante 20 años, así que se debe tener en cuenta que medidas serán tomadas a futuro para remediar esta crisis donde en gobierno trabaja para los grandes monopolios.

 Por su parte, la senadora Daira Galvis manifestó su inconformidad frente a las tarifas de los servicios públicos, exponiendo que existe un desangre por parte de las empresas que prestan estos servicios, sugiriendo que las tarifas de energía deberían ser congeladas, puesto que no es procedente un aumento cuando no se están generando ingresos suficientes a causa de esta fuerza mayor. Así mismo hace una grave denuncia frente a la CREG, argumentando que los miembros de esta institución suben dichos recaudos para beneficio propio al ser ellos miembros de la mesa directiva.

 El senador Miguel Barreto elevó una solicitud tanto a la Ministra de Minas y Energía como al Director de la Comisión de Regulación de Energía, de controlar y sancionar las alzas en el servicio de energía, también haciendo efectivos los auxilios a estratos medios durante la crisis por el Covid - 19, señalando la importancia de pensar y considerar al usuario y a la industria , enfatizando que es hora que las empresas generadoras se pongan la mano en el corazón, y no pase como con las entidades financieras, motivo por el cual sugiere hacer un seguimiento riguroso departamento por departamento del debido cumplimiento de las ayudas prometidas.

 

 

 

 

Comisión Primera del Senado inicio discusión de protocolo y mecanismo internos que permita votación virtual de proyectos

Después de cuatro horas de sesiones los congresistas decidieron aplazar la propuesta del presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, que buscaba establecer como sería el llamado a lista virtual, el uso de la palabra, la votación del orden del día, las citaciones a debates de control público, dándoles a los funcionarios cinco días hábiles para que preparen sus respuestas.

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 (Prensa Senado). Los integrantes de la Comisión Primera del Senado iniciaron la discusión de protocolo y mecanismo internos que permita votación virtual de proyectos que están pendientes de discusión y votación.

La propuesta del presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, fue extractada de la Ley Quinta y amoldada a las sesiones virtuales que actualmente se desarrollan, a través de la plataforma digital Zoom.
Llamado a lista: se requeriría que la plataforma Zoom active el sonido y el video, constante con su nombre y la palabra presente.

Si el congresista ingresa con posterioridad al llamado a lista, el Secretario de la Comisión, en voz alta, anunciará el ingreso del senador, quien deberá decir por la plataforma, presente.

Otorgar el uso de la palabra: El Presidente de la Comisión será el único autorizado para dar la palabra y todos los audios permanecerán en silencio. Las intervenciones se harán máximo por cinco minutos.

Votación del orden del día: Una vez terminada la lectura del orden del día se someterá a votación nominal y publica. Las proposiciones de modificación del orden del día deberán ser radicadas en Secretaría. Se deben hacer por escrito y por decisión del Presidente de pondrá a consideración

Proposiciones de citación a control político

En las situaciones de control político se dará estricto cumplimento con lo que dice el artículo 234 de la Ley Quinta o Estatuto del Congresista. La proposición será suscrita por uno o dos congresistas y el cuestionario que debe ser absuelto.

Las comunicaciones a los citados e invitados se hará por parte de la Secretaría. Máximo se deberán citar dos funcionarios, para efecto de hacer un debate. Para citar a los funcionarios que deban concurrir ante la Comisión deberán ser informados con no menos de cinco días hábiles.

Votaciones en General: El voto es intransferible e indelegable como lo dice el artículo 123 de la Ley Quinta.

Fallas técnicas: Al momento de votar, si la falla consiste en la falta de audio, pero el video funciona correctamente, el congresista podrá hacer uso de un papel en el que manifieste el sentido del voto.

Si repetida la votación persisten los problemas técnicos, el congresista llamara por video conferencia vía WhatsAppa al número del Secretario, quien habilitará la cámara.

El senador Roy Barreras aseguró que el Congreso tiene que trabajar en sesiones mixtas (presenciales y virtuales) y cumplir con su deber bajo la Constitución y la Ley.

"Sin desconocer la crisis derivada por la emergencia sanitaria que actualmente se vive en Colombia y a su vez las limitaciones que esta crisis representa es necesario buscar mecanismos intermedios que garanticen el ejercicio eficaz del Control Político por parte del Congreso de la República, que puede ser a través de sesiones semipresenciales, con la participación de voceros de cada partido y las medidas de bioseguridad necesarias. Además, las demás funciones del Congreso solo pueden ser retomadas cuando el Congreso se pueda reunir en forma presencial con el quórum y mayorías requeridas ", enfatizó el senador Barreras en su constancia.

La senadora Paloma Valencia le pidió a Roy Barreras que piense en el personal que trabaja en el Congreso y los policías. “Debemos dar ejemplo que el teletrabajo funciona, que somos puntual. El Congreso debe dar ejemplo, no podemos decirle al resto de colombianos que permanezcan encerrados mientras nosotros sí salimos, debemos ser solidarios”, destacó Valencia.

El senador Armando Benedetti dijo que está de acuerdo en sesionar virtualmente o presencialmente, lo importante es poder sesionar y hacer el control político de todas las medidas. Valoro lo que hacen Lidio García y Santiago Valencia y llamar la atención que ningún Congreso del mundo esta sesionando.

El senador Rodrigo Lara dijo que el Congreso se convirtió en una red social sin contrapeso.

“Los congresistas somos espectadores de lo que diga el Gobierno. La intervención de Paloma y el propósito de Santiago Valencia apunta en la voluntad del Gobierno y del Partido del Gobierno, es la de mantener este estado de cosas”, dijo Lara.

El senador Carlos Eduardo Guerra manifestó que tiene sus dudas sobre el protocolo, porque el congreso es reglado. “Está bien intencionado y me preocupa que pueda modificar unas reglas ya establecidas”.

El también senador Roosevelt Rodríguez dijo que inicialmente entre varios políticos habían planteado la posibilidad de trabajar presencialmente, pero ahora no le importa en qué forma se haga y les propuso a todos sus compañeros comenzar a estudiar los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional, bajo el amparo de la emergencia Sanitaria, Económica y Ecológica.

El senador Eduardo Enríquez Maya sugirió a Santiago Valencia que haga una consulta a la Corte Constitucional para que defina cuanto antes le legalidad del Decreto 491 que permite al Legislativo trabajar de forma virtual.

Por su parte, el senador Gustavo Petro aprovechó su intervención para denunciar un ‘pacto’ de la alcaldesa Claudia López con el excandidato presidencial Sergio Fajardo para entregarle la Secretaria de Salud de Bogotá y propuso un acuerdo, entre todos los partidos políticos, para hacerle una moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por rendirle “pleitesía” a la banca.

Seguidamente intervino la senadora Angélica Lozano, quien aprovechó la oportunidad para salir en defensa de Claudia López y le recordó a Gustavo Petro que en su administración le entrego cuota al concejal Andrés Camacho, del carrusel de los contratos. Recordó Lozano que Camacho logró que le nombraran en la Secretaría de Movilidad a Rafael Rodríguez que se encuentra en La Picota.

Preocupación de la Comisión Sexta por reactivación de sectores de la manufactura y la construcción, a partir del próximo lunes

“Me parece demencial el ingreso laboral de los sectores de la construcción y la manufactura para el próximo 27 de abril, hay alto riesgo de contagio“, dijo el senador Antonio Zabaraín.

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual de la Comisión Sexta, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Eduardo José González, entregó un informe detallado de su entidad frente a la crisis causada por el Covid-19.

El funcionario indicó que se están haciendo todos los esfuerzos para colmar las expectativas para la entrega de las ayudas a los más vulnerables y añadió que estos suministros están siendo vigilados por los entes de control, para permitir una mejor transparencia durante la emergencia.

González indicó que se han instalado 20 Puestos de Mando Unificados en todo el país y se han realizado 18 sesiones virtuales de comités de desastres, en algunos ha participado el presidente Iván Duque.

A pesar del informe por parte de la Unidad de Riesgo, algunos congresistas manifestaron su preocupación con las eventualidades que se pueden presentar en la reactivación de los sectores de la manufactura y la construcción.

Así lo señaló el senador Carlos Andrés Trujillo, del partido Conservador: “La Unidad de Riesgos tiene que prepararse para la entrada de empleados en los sectores de manufacturas y construcción para la prevención de emergencias“.

Su colega Antonio Zabaraín, del partido Cambio Radical, manifestó su rechazo con la medida que implementará el Gobierno a partir del próximo lunes. “Me parece demencial el ingreso laboral de los sectores de la construcción y la manufactura para el próximo 27 de abril, hay alto riesgo de contagio“.

Los congresistas hicieron un llamado a la entidad para saber qué medidas tomarán frente a la cantidad de empleados que reiniciarán sus labores y cuál va a ser el plan de emergencia de la entidad con la temporada de lluvias que se avecinan.

Otro de los temas analizado en la sesión virtual, es la grave situación que viven los adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad, según el senador John Besaile, del partido de la U, en el país hay 177 mil 625 adultos mayores, pero sólo se han atendido 21. 776, que significa el 12 por ciento, el congresista señaló que es urgente la entrega de ayudas para esta población.

En similar sentido se pronunció la congresista Soledad Tamayo, del partido Conservador, indicó que esta pandemia evidencia la actual situación de nuestros ancianos, donde la mayoría está en alto riesgo por la escasa alimentación y pocas oportunidades de empleo.

Por su parte, la senadora del centro democrático Ruby Chagüi insistió en que las ayudas para el adulto mayor deben ser a partir de los 65 años, para que cubra un gran número de personas que está en una situación vulnerable.

Pese a estas inquietudes, el Director de la Unidad de Riesgo dio un aviso alentador, al manifestar que “en Colombia los menos impactados por el Covid -19 son los adultos mayores”.

Finalmente, el senador liberal Iván Agudelo le manifestó al director Eduardo José González que le preocupa los posibles sobrecostos de los kits alimenticios que distribuye la entidad y realizó una proposición avalada por la mayoría de la Comisión Sexta para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realice la divulgación de todas las entregas y así se brinden las garantías de transparencia en la entrega de estas importantes ayudas.