Así lo señaló durante debate en la Comisión Primera sobre el presupuesto para el 2010. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, dijo que se está entregando el servicio de la justicia a los organismos privados.

Bogotá D.C., agosto 26 de 2019 (Prensa Senado). La realidad de la justicia quedó reflejada hoy durante un debate en la Comisión Primera, cuando la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, afirmó ante la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que “es desgastante el estar mendigando constantemente recursos” para la entidad y que para evitar ello es necesario pensar en crear una especie de encargo fiduciario, mientras que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, sostuvo que de 8 millones 700 mil víctimas registradas ante la entidad para reparar, solo se han indemnizado 700 mil.

En ese debate en el que se trató lo referente al presupuesto para la vigencia fiscal del 2020, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, dijo que cada vez más se está entregando la justicia a los organismos privados, como es el caso de los arbitramentos, que es clasista, al tiempo que indicó que no está lejos el día que se suprima la Rama Judicial que solo da gastos y no dividendos al Estado.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Max Flórez, quien dijo que con el Banco Mundial se está estudiando la digitalización de los procesos en la rama Judicial y se espera que en el segundo semestre del próximo año se pueda concretar la licitación para cristalizar ese proyecto.

En la sesión también intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que se creó un grupo de reacción inmediata para el proceso electoral y que hasta el viernes pasado se habían registrado más de 1.400 quejas ciudadanas. Y que se invertirán 69 mil millones pesos en los fondos destinados a las comunidades étnicas. Agregó que se encontró desfinanciada la Unidad de Protección de Víctimas, pero se hará una inversión importante y que también hay una provisión presupuestal para el llamado plan democracia.

El delegado de la Fiscalía, José Betancur, dijo que el presupuesto de la Fiscalía viene siendo recortado desde años atrás. Afirmó que la Fiscalía tiene más de 800 inmuebles arrendados en todo el país, donde funcionan dependencias de esa entidad, pero que las condiciones de esas construcciones "son terribles". Agregó que las circunstancias en que trabajan los médicos y demás funcionarios del Instituto de Medicina Legal "son paupérrimas" y por ello pidió aumentar el presupuesto para esa entidad.

Por su parte, la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, sostuvo que el presupuesto de la rama Judicial está creciendo, en lo referente al tema de la inversión.

En otro de los apartes de la sesión tomó la palabra la viceministra de Justicia, Juanita López, quien dijo que se cartera está trabajando en la llamada justicia inclusiva y que se hará una transformación digital en la Superintendencia de Notariado y Registro. Agregó que se estudiará una reforma al Código de Procedimiento Administrativo para lograr un mayor número de juzgados, especialmente en la provincia.

Luego habló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dijo que la discusión del presupuesto para el 2020 hasta ahora comienza. Se espera recaudar 158 billones de pesos en impuestos y utilizarlos en tres rubros: deuda externa; transferencia a los entes territoriales y rubro de las pensiones. "Trataremos de mantener la austeridad en el gasto". Dijo que el presupuesto en la Rama Judicial para el 2020 pasará de 4,5 billones a 4,8 billones; el de la Fiscalía, de 4 billones a 4,1 billones de pesos y el del Ministerio de Justicia se incrementará en un 17 por ciento.

En los minutos finales de la sesión tomó la palabra la senadora María Fernanda Cabal, quien criticó la administración de justicia en el país y dijo que en la reforma a la Justicia no se ha podido concretar una segunda instancia para los aforados. "Aterricemos qué es lo que necesitamos realmente. La gente pide a gritos, justicia". Dijo que no hay comunicación entre las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras. Aseguró que le preocupa la jurisdicción indígena, "ya que no se puede tocar, pero, sí necesita plata".

El senador Gustavo Petro, afirmó por su parte, que si la corrupción es un delito, la competente de conocerlo es la Fiscalía y no la Procuraduría. "Qué hace la Procuraduría quitándole derechos a la Fiscalía", dijo. Al referirse a las cifras entregadas por el Director de la Unidad para las Víctimas dijo que a ese paso la última víctima va a ser indemnizada dentro de 64 años, al tiempo que precisó: “La indemnización de las víctimas es la paz del país”.

Por su parte, la senadora Esperanza Andrade dijo que los procesos ejecutivos están congestionando la rama judicial. "Por ello estaremos estudiando una justicia alternativa, ya que un país sin justicia es un país sin paz, ni desarrollo", y que hay muchos temas en la justicia que hacen crisis.

El senador Julián Gallo sostuvo que hay deformaciones en el presupuesto, por cuanto de los 259 billones aprobados se suspendieron 10 billones de pesos, que se les quitaron a sectores vulnerables, como la salud, educación y la paz. "No entiendo cómo un funcionario tiene la potestad de suspender esa cifra, ya que el presupuesto fue aprobado por el Congreso", dijo.

Al intervenir, el legislador Eduardo Enríquez expresó que los colombianos perdieron el valor de denunciar, por cuanto hay procesos que demoran una eternidad.

El senador Carlos Guevara considera que se debe tener en cuenta la propuesta del Consejo de Estado de crear un encargo fiduciario, como mecanismo para manejar el presupuesto de la rama Judicial.

Los congresistas Temístocles Ortega y Fabio Amín propusieron sacar provecho positivo de lo manifestado durante el debate sobre el presupuesto del sector Judicial, para concretar realmente lo que se requiere y no seguir por años con la misma situación que padece esa Rama del poder público. Manifestaron que ojalá el Gobierno le apueste realmente a una justicia constructiva.

La senadora Paloma Valencia aseguró que es necesaria una reforma a la justicia, pero ella deber ser rápida y eficiente. Dijo que la gran inversión en la justicia debe estar dirigida al juez de primera instancia. "El problema de la Rama más que de recursos es la forma como se fallan los procesos", indicó, a la vez que invitó a realizar una verdadera reforma a la justicia.

El presidente de la Comisión, Santiago Valencia, dijo que mañana a las 8 a.m., se realizará una audiencia pública sobre la reforma a la Contraloría General de la República y a las 10 a.m. se proseguirá con del debate de control político sobre el presupuesto del 2020 para la Rama Judicial.

Bogotá D.C:, agosto 26 de 2019 (Columna del s. Nicolás Pérez).- A lo largo y ancho del País se ha convertido en algo normal ver cómo prácticamente todos los proyectos para construir o mejorar los colegios públicos han quedado convertidos en efímeras ilusiones que muchas veces ni siquiera alcanzan a ser catalogados como elefantes blancos.

Al recorrer las veredas, los municipios y al escuchar las quejas de la comunidad es sumamente notorio evidenciar que como consecuencia de las demoras en esas construcciones, nuestros niños están teniendo que recibir clase en casas arrendadas, coliseos o inclusive las directivas de los colegios han tenido que agrupar varios cursos en una misma aula para cubrir con la demanda.

Las causas de esta realidad son bastante preocupantes y las expuse esta semana en un debate de control político en el Senado. Resulta que el Gobierno de Juan Manuel Santos cuando se propuso a comienzos de su segundo periodo hacer de Colombia la Nación más educada de América Latina, estableció que para el 2030 el 100% de los estudiantes del País debían estar en jornada única. Eso implicaba la construcción y el mejoramiento de 51.134 aulas, dado que ese es el déficit total que existía.

Sin embargo, como era imposible cumplir dicha meta en tan poco tiempo ese Gobierno expidió el Conpes 3831 de 2015, donde se comprometió a entregar el 60% del total de aulas necesarias, es decir 30.680, a 2018. No obstante, a corte de 14 de junio del 2019 solamente se han entregado en todo el País 14 proyectos con 222 aulas, lo que quiere decir que después de 4 años de creado el programa el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta inicialmente es del ¡0.72%!

Y la gravedad del asunto no para allí. De 528 proyectos que hay en ejecución para construir 12.383 aulas, el 66% (351) se encuentran en riesgo medio-alto y alto. Es decir, es bastante probable que queden en el aire. No más en Antioquia la situación es alarmante, dado que de 54 proyectos para construir 1.608 aulas, 37 se encuentran en riesgo alto, lo que implica que tienen incumplimientos de más del 20% en la ejecución.

Ahora bien, en este caótico contexto hay que hacer una salvedad más que necesaria: Los problemas en el diseño del modelo de contratación de los colegios, las fallas en las interventorías y la mala ejecución de las obras es una de las muchas difíciles herencias que el Presidente Duque recibió del Gobierno anterior. De hecho, en este primer año de mandato la Ministra de Educación ha logrado combatir la situación con una prudencia jurídica que protege al País de futuras demandas mientras garantiza reactivar unas obras que llevaban 3 años estancadas.

Sin embargo, y a pesar de estar desempeñando una gran labor, todavía es necesario hacer dos cosas fundamentales. La primera, comunicarles a las comunidades que las demoras en la construcción de los colegios no son responsabilidad de los mandatarios locales (quienes cumplieron a cabalidad con el porcentaje de financiación que se les exigió), dado que, por angustias muchas veces entendibles, se les han endilgado un daño que no hicieron y que en varios casos les han generado amenazas.

La segunda, hacerle un corte de cuentas al País donde se le explique cuál fue el inventario que se recibió del Gobierno anterior. Casos como estos no son responsabilidad del Presidente Duque, y de hecho su administración está trabajando de sol a sol para revertir la situación, pero si eso no se le comunica a la opinión pública se terminará asumiendo una responsabilidad que no le corresponde.

Los incumplimientos en las obras de los colegios son una problemática sumamente grave que se debe combatir con toda determinación y los colombianos pueden estar tranquilos que después de varios años donde no se hizo absolutamente nada, el Gobierno del Presidente Duque le devolverá la ilusión a los miles de niños que sueñan con tener aulas dignas para ir a estudiar