GOV CO

WEB 1 1

Noticias

Aumentar recursos para vías terciarias, pidieron senadores de la Comisión Sexta

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se refirió al avance significativo de proyectos estratégicos como el Puente Pumarejo, el túnel del Segundo Centenario, la troncal del Magdalena y proyectos 4G, que, según dijo, progresan satisfactoriamente.

 

Bogotá D.C., agosto 27 de 2019 (Prensa Senado).- Ante la reducción de un 7% en el presupuesto destinado al sector transporte en el presupuesto de 2020, anunciado por la ministra Ángela María Orozco, los senadores de la Comisión Quinta solicitaron mayores recursos, específicamente para la red de vía terciarias.

En su peresentación, la Ministra de Transporte explicó los presupuestos del sector en recursos de inversión ascienden a $ 7.08 billones, de los cuales el 74 % son compromisos y el 16 % a obligaciones. Las inversiones en el sector de infraestructura siempre supera los estimativos previstos".

Así mismo, la funcionaria advirtió que tiene $546 mil millones congelados por restricciones fiscales. A corte de 26 de agosto se tienen comprometidos el 74%de los recursos. La jefe de la cartera de Transporte se refirió al avance significativo de proyectos estratégicos como el Puente Pumarejo, el túnel del Segundo Centenario, la troncal del Magdalena y proyectos 4G, que, según dijo, progresan satisfactoriamente.

Sobre otros proyectos estratégicos, la funcionaria se refirió a los aeropuertos de Armenia, de Leticia, el de San Andrés y del aeropuerto El Dorado, y ciudad - región, que avanzan en un 80%. "El último proyecto sobre la navegabilidad del río Magdalena se tienen compromisos del 100%. En cuanto al presupuesto del 2020 tenemos una reducción del 7%, pero crece el presupuesto de la ANI, y proporcionalmente cae el de Invías, el de Cormagdalena y sube el presupuesto del Ministerio, ANI y Aerocivil", puntualizó la ministra Orozco.

Aseguró la funcionaria que el compromiso de Ministerio de Hacienda es el de reestructurar algunas vigencias futuras, para que se tenga espacio y puedan ser utilizadas en proyectos que están desfinanciados, por la situación fiscal.

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Louis Francois Kleyn López, sostuvo que el presupuesto asignado para 2020 es de $3.7 billones. "Nos queda rodando obras complementarias para el proyecto Pacífico 1, de cerca de $130 mil millones, y contratación en la supervisión de contrato de carreteras, por más de mil millones y de servicios aeroportuarios".

Por su parte, el director de Invías, Juan Esteban Gil, manifestó que el presupuesto 2020 asciende a $1.5 billones, "de los cuales la Nación sólo aporta $400 mil millones, y ya tienen destinación específica por cuenta de las vigencias futuras. El programa más importante actualmente es Colombia Rural, para el cual tenemos $600 mil millones congelados".

Adicionalmente, explicó el funcionario que se tienen $3.9 billones de déficit. “Es una muy difícil situación fiscal y estamos buscando nuevas alternativas para conseguir financiación y realizar el mantenimiento de vías primarias, para vías terciarias, señalización, puertos, líneas férreas, entre otros, a través de convenios internacionales”.

Senadores cuestionan presupuesto asignado

El senador Julián Bedoya afirmó que esta Comisión tiene toda la intención de apoyar y colaborar con el sector.  "Nosotros estamos para colaborar, pero el sector transporte se está alejando de las verdaderas necesidades de los colombianos. En el departamento de Antioquia hay 115 municipios que no tienen inversión en vías, para que los campesinos saquen los productos del campo. Colombia no necesita excusas, sino soluciones reales", puntualizó el congresista.

Para la vicepresidenta de la Comisión, Soledad Tamayo, lo expresado por el senador Bedoya es el sentir de todos los colombianos. "Entiendo las restricciones presupuestales, pero hay temas que no dan espera. Tengo bastante preocupación por el Instituto Nacional de Vías, sin desconocer la importancia de las vías 4G. Tenemos un atraso grandísimo en las vías terciarias, hay municipios que no cuentan con recursos para sus vías".

En el mismo sentido se pronunció la senadora Griselda Lobo. "Soy una defensora de las vías terciarias, necesitamos despolitizar las necesidades de nuestros municipios. Tenemos 145 mil vías terciarias en tierra y balastros, sin mantenimiento y escuchar el presupuesto para este fin, me asombra que los impuestos que pagamos se vean reflejados en infraestructura y no se vayan por las venas rotas de la corrupción".

La senadora Ruby Chagüi aseguró: "Quedamos muy preocupados por el presupuesto que se le asignó al sector, una reducción del 7% en considerable, y aún más cuando por gobiernos anteriores, el 70% está comprometido con vigencias futuras. Invito a los senadores a gestionar unos mayores recursos para el sector transporte, presentar un informe a las comisiones económicas para su consideración".

Entre tanto, la senadora llanera Amanda González se refirió a la falta de apoyo a la conectividad, específicamente en la vía al Llano, que ha sido un gran perjuicio para la región. "Esperamos ver fortalecido el programa de vías terciarias y en nombre del departamento de Casanare, tener en cuenta la variante Yopal y el puente de Cabuyal, que está a punto de colapsar".

El senador Moisés Besaile explicó que en su departamento la mayoría de municipios son de sexta categoría "que no tienen un presupuesto considerable para invertir en vías, necesitan la mano amiga del gobierno nacional. Necesitamos trabajar por las personas que viven en los sectores más alejados del país, por nuestros campesinos".

Finalmente, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que al llegar al gobierno encontraron unos compromisos que hay que honrarlos. "Estos compromisos desfinanciaron Invías, que es la entidad que llega a todo el territorio, con ingenieros de botas que lo conocen bien. El gobierno anterior se dedicó a financiar vías alejadas de la región. Había seis proyectos que andaban muy bien y siete parados. Hoy hay 22 proyectos que se han reactivado. El transporte es para beneficio de los ciudadanos y la infraestructura es de las regiones", concluyó la Ministra del ramo.

Precisó la funcionaria que en este momento hay 928 municipios con vías propuestas, “esperamos que nos descongelen unos recursos para adjudicar estos proyectos a los municipios que cumplan con los requisitos”.


Prensa s. José Ritter López

Hijos de crianza tendrían los mismos derechos de los hijos naturales y adoptivos

En el Congreso de la República se radicó una iniciativa de ley que busca definir la figura de familia de crianza, que actualmente no cuenta con un marco legal definido.

Bogotá D.C., agosto 27 de 2019 (Prensa s. José Ritter López).- En cabeza del senador José Ritter López, este martes 27 de agosto se radicó ante Secretaria General del Senado, el proyecto de Ley 160/2019, que dicta disposiciones sobre las familias de crianza en el país. Con esta iniciativa se busca establecer un marco legal y soporte jurídico que reconozca los derechos a estas personas que tienen una unión de hecho, es decir, que no está amparada por un marco legal ni de consanguinidad.

Según el autor del proyecto, “actualmente no existe en el país un censo, ni un aproximado de cuántas personas que conviven y tienen esta relación de hecho, de ahí la importancia del proyecto, que busca visibilizar a esta población con el respaldo de la ley”.

De acuerdo a lo anterior, la iniciativa abriría las puertas para que estas personas puedan acceder a servicios de salud, cajas de compensación, pensión y posibilidad de ser herederos de sus padres de crianza, así como otros derechos, lo que se traduce en un importante paso de inclusión para miles de personas.

“Hoy en Colombia no existe un aspecto jurídico que contemple los hijos de crianza o la familia de crianza, así que estamos haciendo precursores en ese aspecto”, indicó el senador.

En cuanto al procedimiento para certificar la relación, el congresista explicó que ésta se realizará por medio de solicitudes expeditas, decretadas por parte de jueces de familia, a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria.

El presupuesto 2020 una trampa para la paz, para el país y para los trabajadores

Bogotá D.C., agosto 27 de 2019 (Prensa Farc).- Con la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2020, el gobierno de Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insisten en la formula ya fracasada de destinar más de $59 billones (21%) para el pago de servicio de la deuda y $35 billones (13%) para el sector defensa y seguridad, desfinanciando la inversión social y la construcción de paz, que son los objetivos constitucionales y fundamentales del Estado Social de Derecho hoy convertidos en retórica vacía.

Triste noticia para el sector de trabajadoras y trabajadores en el Gobierno de la “economía naranja”.

Lo primero que debemos informarle al país es que el Presupuesto General de la Nación el Gobierno debió dar inicio de los debates a partir del 15 de agosto de 2019, es decir que se sigue evidenciando la estrategia premeditada del Gobierno en dilatar los tiempos y camuflar las cifras tiempo después de lo señalado en la ley, misma estrategia utilizada a inicios de este año con el Plan Nacional de Desarrollo, con los resultados adversos -de público conocimiento- a los intereses de la sociedad colombiana.

Sin abrir aun los debates respectivos el presupuesto presentado por el Gobierno devela cuatro maniobras por parte del Ministro Carrasquilla, así:

1.) En esta ocasión llama ostensiblemente la atención – y sin explicación alguna- que el Gobierno haya suspendido (congelado) $10 billones de pesos del actual presupuesto afectando amplios sectores de la Salud y de Educación, es decir que se tienen sin ejecutar entre esos dos sectores la suma de $3 billones de pesos situación que amerita por parte del Gobierno una explicación urgente y, en particular a la comunidad estudiantil el avance en los compromisos suscritos el año pasado como oportunidad acordada para cesar las manifestaciones de estudiantes y educadores; un acuerdo por parte del Gobierno, camuflado.

2.) Que se tiene un desfinanciamiento en este presupuesto general de la nación 2020 por valor de $8 billones de pesos.

3.) La venta de empresas del Estado para cubrir faltantes para el 2020 y de paso abrir un gran boquete para el próximo gobierno, es decir la venta de la reina de la corona del oro negro, Ecopetrol.

4.) Maniobras contables que ponen en duda la transparencia de las cifras presentadas, debido a que se sigue evidenciando la estrategia premeditada del Gobierno en dilatar los tiempos y camuflar las cifras tiempo después de lo señalado en la ley.

Los tecnócratas de Minhacienda no dudan en manipular las cifras sin sonrojarse para terminar afirmando: “el aumento del presupuesto para el 2020 será de 9%” cuando no llega ni al 4.9%. Afirmación que no se acerca a la realidad.

La verdad de todo este asunto, es que el gobierno amplió las gabelas y exenciones con las que premia a los grandes capitales de este país en el orden de $63 billones, con la promesa siempre incumplida afirmando que se generará crecimiento económico y aumento del empleo.

¿Cómo se puede explicar una idónea ejecución de los recursos para la paz en los próximos años que le quedan a este Gobierno, cuando las cifras actuales de ejecución del presupuesto 2019 muestran una sub-ejecución superior al 80% para paz?, ¿Qué está haciendo su Ministerio frente a esta baja ejecución a sabiendas que estamos en ley de garantías y esta finaliza el 27 de octubre? ¿Qué justifica esta pobre ejecución en lo referente a Paz, cuando contrariamente el presidente Iván Duque públicamente sostiene que está comprometido con la Paz?

¿Esto acaso debe entenderse como el cumplimento de la promesa de campaña del presidente Duque de reformar el acuerdo de paz (hacerlo trizas) ahora usando la vía del Presupuesto General de la Nación?

Si a la Paz no se le asignan los recursos necesarios acordados, este Gobierno no solo cargaría con la responsabilidad histórica de haberse opuesto a la Paz, sino de sumergir al país en un nuevo conflicto aupado por el Gobierno de la “Legalidad y la Equidad”.

El llamado es a preparar la más amplia movilización social y popular. Invitamos a todos los sectores amplios, democráticos y progresistas del país, a los estudiantes, trabajadoras y trabajadores, amas de casa, sector campesino, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades negras, personas LGBTI y comunidades de fe, entre otras, a manifestarnos en la defensa de los derechos de las mayorías y en defensa del Patrimonio Público. Debemos impedir que la crisis se la sigan cargando a los hombros del pueblo y haciéndosela pagar a los más pobres mientras que acentúan y refuerzan el modelo minero extractivita y antinacional.