El congresista advirtió que la compra de votos y la estigmatización en el discurso político afectan gravemente la democracia. Llamó a promover campañas electorales basadas en la argumentación y el respeto.

Keir Ernesto Villero Damián

Bogotá D.C., Febrero 1 de 2026 (Prensa Senado)

En una reciente sesión del Senado, el congresista Fernel Silva puso sobre la mesa un tema urgente: la necesidad de suavizar el tono de la confrontación política. Para Silva, no se trata solo de modales, sino de salud democrática. Por ello, anunció que ya prepara una reforma legal para transformar las reglas del juego electoral en el país.

El senador fue enfático al señalar que el intercambio de votos por dinero y los ataques personales no solo ensucian las campañas, sino que rompen la confianza de la gente. Su propuesta es clara: volver a una política donde pesen más los argumentos que los insultos.

Un respiro para la democracia

Desde Bogotá, este llamado busca frenar la polarización que suele encenderse en época de elecciones. Silva sostiene que, si queremos instituciones fuertes, el primer paso es que los candidatos se respeten entre sí.

Sobre este punto, el senador del Pacto Histórico fue muy preciso:

“Es fundamental bajarles el tono a las expresiones para contribuir a una contienda electoral en paz, porque creemos que es la argumentación y no la estigmatización la que debe primar en el discurso para mejorar el sistema democrático”.

Menos dinero, más ideas

Para el legislador caucano, el debate debe ser un espacio de propuestas y no un campo de batalla para profundizar divisiones. Por eso, su equipo ya trabaja en un proyecto de ley que se presentará formalmente al inicio de la próxima legislatura.

“En la actualidad estamos trabajando para que el próximo 20 de julio presentemos un proyecto de ley que modifique el sistema electoral en Colombia y permita que sean las ideas las que prevalezcan por encima de los recursos y el dinero que se expone en la compra de votos, que es lo que le está haciendo tanto daño a la democracia de nuestro país”, afirmó.

Con esta iniciativa, Silva busca atacar de raíz esos vicios que, elección tras elección, terminan distorsionando lo que el pueblo realmente quiere y debilitando la legitimidad de quienes resultan electos.

La iniciativa es de autoría del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, proyecto que viabiliza una inequidad histórica en el régimen salarial del sector justicia.

Bogotá, D. C., enero 31 de 2026, (Prensa Senado)

La Plenaria del Senado de la República aprobó el Proyecto que reconoce el carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.

El proyecto continuará su trámite en la Cámara de Representantes y busca reconocer plenamente la Bonificación Judicial como factor salarial para todos los efectos legales, y no solo para la cotización a salud y pensión.

La bonificación fue creada mediante decretos, pero su exclusión como salario integral ha generado afectaciones en el reconocimiento de prestaciones sociales, indemnizaciones y derechos laborales.

Actualmente, la Bonificación Judicial beneficia a 36.819 servidores judiciales, pero la falta de reconocimiento como factor salarial ha provocado una alta litigiosidad contra el Estado, obligando a miles de trabajadores a acudir a la justicia para reclamar un derecho que ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.

De acuerdo con cifras oficiales:

• Existen más de 15.600 procesos judiciales relacionados con esta bonificación.

• Las pretensiones económicas superan los $750 mil millones de pesos.

• En la Rama Judicial se han registrado condenas por más de $268 mil millones en los últimos diez años.

Durante el debate, el senador Alejandro Carlos Chacón destacó que el proyecto se ajusta plenamente a la Constitución, que otorga al Congreso de la República la competencia para definir el régimen salarial de los empleados públicos, y recoge los criterios de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que los pagos habituales y permanentes constituyen salario, independientemente de su denominación.

Ahorro fiscal y seguridad jurídica

El Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que la aprobación de esta iniciativa permitirá un ahorro anual estimado de $378.549 millones, al reducir sustancialmente los procesos judiciales, las condenas y los costos asociados a la defensa jurídica del Estado.

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales del sector justicia como ASONAL Judicial, SINTRAFISCALÍA y UNTRAFIS, y es considerado una medida de justicia laboral, fortalecimiento del diálogo social y confianza institucional.

“Con esta aprobación en segundo debate, la Plenaria del Senado avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia, explicó el senador Alejandro Carlos Chacón.