Senado aprobó ley que adopta medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2020 (Prensa senador Rodrigo Villalba).-En la Sesión Plenaria el Senado aprobó la iniciativa que beneficia a cerca de 140 mil pequeños y medianos productores del campo colombiano, Ley que permite la posibilidad de establecer acuerdos de recuperación y pago a través del Banco Agrario y Finagro, con obligaciones financieras cubiertas con garantías Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

De acuerdo con el senador Rodrigo Villalba ponente del proyecto también es un alivio especial a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuaria – (FONSA), y ajustes de su normatividad para próximas intervenciones, medidas que se hicieron extensivas en el curso del debate a los deudores del Programa Nacional de Reactivación Agropecuario (PRAN), y de igual manera es la creación de un programa de alivio a las obligaciones financieras y no financieras de las cadenas priorizadas por el Ministerio de Agricultura.

"Damos una gran noticia al país con la aprobación de esta Ley de la República, la cual es un reflejo del compromiso de los congresistas con los productores del campo. Fue una conquista de las organizaciones de base del sector al ser un pacto cumplido del Gobierno Nacional, esta Ley logró incluir las deudas del PRAN, alivios a los distritos de riego y sobre las obligaciones no financieras, me siento muy a gusto haber trabajado esta ponencia por el compromiso grande que he tenido por siempre con el sector agropecuario” agregó el congresista liberal.

En los acuerdos de pagos de cartera se incluye condonación de intereses corrientes y de mora, como quitas de capital. Con los deudores de FONSA y PRAN se podrán extinguir sus obligaciones con ciertas condiciones de acuerdo a lo que haya cancelado. Desde la entrada en vigencia de esta Ley hasta el 30 de junio de 2021 estarán suspendidas las acciones de cobro judicial; Y durante este mismo lapso, el FONSA y el PRAN asumirán las costas judiciales y el concepto de seguro, de los deudores.