El Desfinanciamiento de las Fuerzas Militares y de Policía

¿Una Amenaza para la Seguridad Nacional?
¿Cómo se puede defender al pueblo cuando las Fuerzas Armadas se quedan sin recursos?
Advertencia del senador Nicolás Echeverry a la Comisión Segunda del Senado
El país atraviesa una crisis de seguridad que pone en jaque la soberanía y el control territorial del Estado. La reducción y congelación del presupuesto destinado a la Defensa y la Policía Nacional en 2025 ha generado alarma en distintos sectores, pues afecta directamente la operatividad de las fuerzas de seguridad en zonas de alto riesgo como el Catatumbo, el departamento del Chocó y la región del Bajo Cauca.
El presupuesto de Defensa y Policía para 2024 fue de $52,8 billones COP, con un aumento del 3,8% respecto a 2023, lo que apenas compensa la inflación sin atender las crecientes necesidades operativas. Para 2025, la situación es aún más grave: el Gobierno ha congelado $279.000 millones, fondos clave para operaciones estratégicas en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales.
El Catatumbo: una crisis que se agrava
Los datos del Ministerio de Defensa reflejan la dramática situación que vive la región del Catatumbo:
• 41 homicidios, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.
• 48.004 personas desplazadas por la violencia.
• 25.011 personas confinadas, sin acceso a alimentos ni atención médica.
• 700 personas al día huyen a Venezuela, escapando de la guerra entre grupos ilegales.
• 619 personas rescatadas por vía aérea, ante el cierre de rutas terrestres por amenazas.
La presencia de actores como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ha convertido a esta zona en un campo de batalla, donde los enfrentamientos entre estas estructuras ilegales han generado una crisis humanitaria de enormes proporciones.
El esfuerzo de la Fuerza Pública frente a la falta de recursos
A pesar de la difícil situación, la Fuerza Pública ha logrado avances significativos en la lucha contra la criminalidad:
• 11,3 toneladas de cocaína incautadas.
• 394 laboratorios de droga destruidos.
• Captura de 36 miembros del ELN y 56 de las disidencias.
• 500 personas amenazadas rescatadas.
Sin embargo, estos esfuerzos se ven gravemente amenazados por la falta de recursos. La reducción del presupuesto impacta directamente en la operatividad, mantenimiento y capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
Déficit operativo y abandono del Estado
El recorte presupuestal ha generado serias deficiencias operativas en las Fuerzas Militares y de Policía:
• Helicópteros con mantenimiento insuficiente, reduciendo la movilidad de tropas y operaciones aéreas.
• Menos aeronaves disponibles, lo que limita la capacidad de reacción ante emergencias de seguridad.
• Déficit en equipamiento de la Policía, afectando la protección ciudadana en zonas urbanas y rurales.
La situación ha llevado al Gobierno a decretar estado de conmoción interior en Catatumbo, Cúcuta y municipios del Cesar, lo que evidencia que la violencia ha sobrepasado las capacidades de actuación ordinaria del Estado.
No invertir en seguridad es una traición a la patria
La falta de financiamiento suficiente deja a Colombia en una situación crítica:
• Los grupos ilegales se fortalecen.
• Las zonas rurales quedan en el abandono.
• El Estado pierde el control territorial.
La seguridad no es un gasto, es una inversión en la estabilidad y soberanía del país. Desde el Senado de la República, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice el presupuesto adecuado para nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Abandonar a quienes nos protegen es traicionar a la patria.
Contacto de medios:
Olga Yurely García Ramírez
Cel. 3150551616
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