Senadora Paola Holguín solicita la suspensión provisional del Decreto de Conmoción Interior por inconstitucional

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2025.Tras conocer el informe del Gobierno Nacional y las exposiciones de sus delegados ante el Congreso de la República la semana pasada, la Senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paola Holguín, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud para la suspensión provisional del Decreto Legislativo 0062 de 2025, mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y el sur del departamento del Cesar.

La solicitud se fundamenta en un reciente cambio jurisprudencial de la Corte Constitucional y busca evitar que el Gobierno de Gustavo Petro abuse de las facultades extraordinarias que la Constitución otorga en estos escenarios. Entre los riesgos que conlleva este Decreto están la posibilidad de establecer medidas que fueron rechazadas por el Congreso, la imposición de una agenda agroalimentaria ideologizada, la realización de traslados presupuestales injustificados, la contratación directa de miles de millones de pesos sin control o incluso la expropiación exprés. Todo ello, bajo el pretexto de atender una crisis que debe abordarse con las capacidades institucionales ordinarias y no mediante una medida excepcionalísima que pone en riesgo el equilibrio de poderes y el Estado de derecho.

Para la legisladora y precandidata, la tragedia que padecen más de 53.000 desplazados forzados y 25.000 confinados en la región no es un fenómeno sobreviniente ni inesperado, sino el resultado de la ineficacia del Estado y de la violencia endémicaderivada del control social y territorial ejercido por organizaciones criminales. En lugar de combatirlas, el gobierno actual las ha favorecido y fortalecido con suspolíticas de Seguridad Humana yPaz Total, y su laxitud en el combate al narcotráfico.

Con esta solicitud, la senadora Holguín espera que Corte Constitucional realice un análisis juicioso y objetivo de la medida decretada, garantizando que el Gobierno cumpla su deber de proteger a las comunidades y combatir la criminalidad sin atentar contra el Estado de derecho ni poner en riesgo la democracia colombiana.


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