Colombia no necesita zonas de distensión: necesita autoridad, verdad y garantías para las víctimas” Nicolás Echeverry

 : Olga Yurely García Ramírez 

Bogotá, 27 de mayo de 2025

Desde el Congreso de la República, levanto una voz de alerta sobre el rumbo de la política de paz del actual Gobierno. La reciente formalización de una “zona de ubicación temporal” en Tibú, Catatumbo, para cerca de 500 hombres armados del Frente 33 de las disidencias de las FARC, se suma a una serie de decisiones que no solo carecen de claridad, sino que también exponen gravemente a la población civil.

Este tipo de zonas, promovidas por el Gobierno Nacional, se están implementando en territorios en disputa, donde los enfrentamientos entre disidencias y otros grupos ilegales como el ELN han generado en lo corrido de 2025 más de 60.000 desplazamientos forzados. La falta de explicaciones frente a las condiciones de estas zonas —su duración, reglas, supervisión, garantías para las comunidades y resultados esperados— plantea serias preocupaciones en materia de seguridad y soberanía.

Tampoco hay claridad sobre lo que está haciendo la llamada Comisión de Paz: no se conocen las hojas de ruta, ni los tiempos, ni los recursos asignados, ni las obligaciones que deben asumir quienes se someten a estos procesos. Mucho menos se han expuesto con transparencia los criterios para decisiones tan delicadas como la suspensión de extradiciones a criminales solicitados por narcotráfico, como el caso del cabecilla del ELN, alias HH, recientemente protegido por el Gobierno.

Según cifras de organizaciones como Human Rights Watch, hoy el Clan del Golfo hace presencia en 392 municipios, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299. Mientras tanto, el Estado parece estar cediendo el control territorial sin condiciones, debilitando su presencia institucional. A esto se suma el grave desfinanciamiento de nuestras Fuerzas Militares: el presupuesto aprobado para 2025 no alcanza a cubrir las necesidades operacionales básicas, tal como lo advirtió el general Hugo López, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Por lo anterior, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, líder en temas de seguridad de la Comisión Segunda del Senado, hace un llamado urgente al presidente de la República para que le hable con claridad al país:

¿Qué se está negociando, con quién, y en qué condiciones? ¿Qué papel cumple la Comisión de la Paz? ¿Cuáles son las garantías para las comunidades y para las víctimas? ¿Qué supervisión existe sobre estos procesos?Colombia no puede seguir avanzando hacia un modelo de paz que debilita al Estado, fortalece a las estructuras criminales y genera más miedo que esperanza en las regiones.