La Corte Constitucional debe actuar con prontitud frente al decreto de emergencia económica

 La reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en distintos sectores del país. Más allá del debate político, lo que hoy está en juego es el respeto por la Constitución, la separación de poderes y el control democrático sobre decisiones que afectan directamente a todos los colombianos.

 

Por esta razón, resulta urgente y necesario que la Corte Constitucional se pronuncie de manera rápida y de fondo, ejerciendo el control automático que la Constitución le asigna frente a este tipo de decretos excepcionales.

 

La emergencia económica fue concebida como un mecanismo extraordinario, reservado para situaciones imprevisibles, graves y sobrevinientes que no puedan ser atendidas a través de los canales institucionales ordinarios. Los problemas fiscales y presupuestales actuales, aunque serios, no son nuevos ni inesperados, y han sido objeto de discusión pública y legislativa durante meses.

 

Pretender resolver una falta de consensos políticos o un revés en el Congreso mediante poderes excepcionales desnaturaliza la figura de la emergencia y debilita el papel del Legislativo como órgano central de la deliberación democrática.

 

El decreto de emergencia económica abre la puerta a decisiones de alto impacto, como la creación o modificación de impuestos y la reorganización del gasto público, sin el debate ni el control político previo del Congreso. Esto genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos, y sienta un precedente preocupante para el equilibrio de poderes.

 

Además, el uso de esta figura para resolver dificultades fiscales estructurales traslada un problema político a un terreno excepcional, con consecuencias que pueden extenderse más allá del corto plazo.

 

La Corte Constitucional es la garante última del orden constitucional. Su intervención oportuna no solo es un deber jurídico, sino una señal de estabilidad institucional para el país. Un pronunciamiento rápido permitiría:

• Evitar la aplicación prolongada de medidas que podrían ser inconstitucionales.

• Dar claridad jurídica a los ciudadanos y a los actores económicos.

• Reafirmar que los poderes excepcionales no pueden sustituir el debate democrático.

 

La demora en el control constitucional profundiza la incertidumbre y normaliza el uso de herramientas extraordinarias para resolver conflictos políticos ordinarios.

 

Colombia necesita soluciones fiscales responsables, concertadas y dentro del marco constitucional. La emergencia económica no puede convertirse en un atajo para eludir al Congreso ni en una herramienta para gobernar sin controles.

 

Por ello, el país espera que la Corte Constitucional actúe con celeridad y declare la inexequibilidad del decreto, reafirmando que el respeto por la Constitución y la separación de poderes es la base de nuestra democracia.