Cuando el Estado improvisa, el país paga: la trazabilidad del caso pasaportes

Por: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán

Este no es un debate nuevo ni una denuncia coyuntural. Lo que hoy confirma la Procuraduría General de la Nación con su alerta preventiva sobre el nuevo contrato para la expedición de pasaportes es el resultado de un proceso que venimos siguiendo, documentando y denunciando desde el Congreso de la República desde comienzos de 2024. La diferencia es que ahora lo que antes parecía advertencia política hoy es una constatación institucional: el modelo ha sido improvisado, reiterativo y financieramente riesgoso.

En enero de 2024, cuando la Procuraduría suspendió al entonces canciller Álvaro Leyva por las irregularidades en la licitación de pasaportes, advertimos que el problema no era solo un contrato fallido, sino la ausencia de un modelo claro y sostenible. Desde ese momento alertamos que el país se encaminaba hacia una cadena de decisiones sin planeación, sin estudios previos sólidos y sin garantías de continuidad del servicio.

A lo largo de 2024 citamos al Ministerio de Relaciones Exteriores en varias oportunidades. En agosto de ese año, el canciller fue convocado al Senado para explicar cómo se garantizaría la expedición de pasaportes tras el vencimiento del contrato vigente, y no asistió. En septiembre lideré un debate de control político en la plenaria del Senado en el que advertí que no existían estudios de mercado concluyentes, que no se había demostrado capacidad técnica suficiente por parte de los nuevos operadores y que se estaba construyendo un modelo contractual sin una hoja de ruta clara. En ese debate quedó constancia de que el Gobierno pretendía reemplazar un sistema sin tener plenamente diseñado el siguiente.

En paralelo, los entes de control comenzaron a encender las alarmas. La Contraloría advirtió riesgos de interrupción del servicio si no se estructuraba un proceso contractual con criterios técnicos. La Procuraduría no solo sancionó al canciller en 2024, sino que solicitó la nulidad de contratos posteriores y mantuvo vigilancia preventiva sobre el nuevo esquema. Nada de esto ocurrió en silencio; todo fue advertido en el Congreso.

A pesar de ello, el Gobierno avanzó en una serie de contratos interadministrativos con el mismo objeto. En enero de 2026 se publicó en el SECOP un nuevo contrato con la Imprenta Nacional por más de 185.000 millones de pesos, que se suma a otros celebrados en 2025, todos con el mismo fin: producir, personalizar y distribuir pasaportes. La propia Procuraduría ha señalado que, al sumar estos contratos, los recursos comprometidos superan los 1,4 billones de pesos, y que la reiteración de acuerdos con el mismo objeto sin una evaluación integral genera dudas sobre su racionalidad y eficiencia.

Hoy el ente de control advierte, además, que no existe una fecha clara de inicio de ejecución, que no se demuestra de manera suficiente la capacidad técnica instalada para asumir el proceso y que se comprometen recursos públicos sin un soporte completo de planeación. Todo lo que hemos venido señalando desde el Senado ahora está respaldado por un pronunciamiento oficial.

Esta no es una discusión sobre operadores, ni sobre modelos extranjeros o nacionales. Es una discusión sobre responsabilidad estatal. No se puede administrar un servicio esencial a punta de parches contractuales, sin estudios sólidos, sin cronogramas claros y sin rendición de cuentas. Cuando se repite un contrato sin corregir sus errores, se normaliza la improvisación y se pone en riesgo no solo el dinero público, sino la confianza ciudadana.

Por eso hemos insistido, desde el primer día, en preguntas que siguen sin respuesta: ¿cuál es el costo real por pasaporte?, ¿por qué se repite el mismo objeto contractual sin abrir una evaluación integral del mercado?, ¿qué capacidad técnica real existe para garantizar la continuidad del servicio sin improvisaciones? No son preguntas políticas, son preguntas de Estado.

Seguiremos ejerciendo control, documentando cada decisión y acudiendo a los entes de control cada vez que sea necesario. No por protagonismo, sino por responsabilidad. Porque Colombia no puede seguir improvisando con recursos billonarios y con derechos fundamentales.

Mientras el Estado imprime excusas, los ciudadanos siguen esperando su pasaporte. Y esa no puede ser la normalidad.