Radican proporciones de ley que busca reglamentar la Consulta Previa y fortalecer las garantías para las comunidades étnicas 

La iniciativa propone reglas claras, mayor transparencia y mejores herramientas para que el Estado garantice el derecho a la Consulta Previa, sin limitar los tiempos de diálogo y concertación de las comunidades

Bogotá D.C., martes 1 de septiembre de 2026. 2026. Con el propósito de garantizar que los procesos de Consulta Previa se desarrollen con mayor claridad y transparencia, el senador Juan Espinal con más de 20 congresistas de diferentes partidos, radicó un proyecto de ley que busca reglamentar la consulta previa y fortalecer las garantías para las comunidades.

La iniciativa se encamina, fundamentalmente, a garantizar el derecho a la Consulta Previa y, al mismo tiempo, superar los problemas que hoy generan incertidumbre tanto para las comunidades como para los proyectos que requieren este mecanismo de participación. El proyecto establece que el Estado tenga un papel más activo como garante, facilitador y articulador del proceso, sin sustituir la autonomía de las comunidades ni el carácter concertado de la Consulta Previa.

Según información del Ministerio del Interior, entre el 2011 y 2026 se han registrado 12.588 procesos de consulta previa; y entre los procesos registrados entre 2022 y 2026, 3.311 permanecen activos y solo 692 han llegado a protocolización, es decir, aproximadamente el 16 % frente a un 77 % que continúa activo.

El proyecto también señala que la Corte Constitucional ha identificado un “desorden administrativo” en la gestión de los procesos consultivos, situación que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación y las capacidades del Estado.

Algunos puntos claves del proyecto de ley radicado son:

I) Que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sea fortalecida como entidad rectora; II) La creación del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP); III) Plazos claros para las actuaciones administrativas, que no limitan los tiempos de diálogo, deliberación y concertación de las comunidades, sino que buscan ordenar las actuaciones que corresponden al Estado y al ejecutor del proyecto; IV) Una Mesa Técnica para resolver bloqueos con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del sector y, cuando corresponda, la ANLA, además de un representante de las comunidades; V) Facilitadores independientes y asesoría técnica para las comunidades.

El senador Espinal sostiene que el “desafío no está en reducir el derecho de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlo efectivamente, evitar intermediarios y generar transparencia en proceso”.

Con esta iniciativa se busca avanzar hacia una Consulta Previa con mayor capacidad institucional, información pública, reglas administrativas claras, financiación transparente y seguimiento efectivo, garantizando simultáneamente la participación de las comunidades y el respeto por sus derechos.

(FIN)

OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA SENADOR JUAN ESPINAL Contacto: 3105743862 - 3223075944