Senadora Ana Paola socializa proyecto que tipifica los delitos contra la comunidad educativa

El proyecto busca tipificar los delitos de docenticidio, desescolarización forzada, ataque o uso militar de bienes educativos y ataques contra la comunidad educativa.

“De convertirse en Ley de la República, Colombia, sería el primer país en el mundo en tipificar este tipo de delito, en contar con un capítulo específico en su legislación penal, dedicado integralmente a proteger la educación de los ataques y la violencia” Manifestó la senadora Ana Paola García.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C. septiembre 9 de 2026(Prensa senadora Ana Paola García).- La senadora Ana Paola García Soto, perteneciente al Partido de la U, ofreció una rueda de prensa, en la sala de medios del Capitolio Nacional, para socializar  el proyecto de ley 053 de 2026 Senado,  iniciará su trámite en la Comisión Primera y propone crear cuatro nuevos delitos para proteger a estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Al explicar el proyecto, la senadora García dijo: “Nuestros docentes están huérfanos cuando sucede un un ataque a la comunidad educativa o un homicidio, pero esto también le da una categoría de víctima para que ellos cuando sufren un ataque o un homicidio ellos puedan tener un estatus de víctima y los estudiantes también que busca este proyecto de ley proteger a la comunidad educativa proteger a nuestros niños niñas adolescentes a los docentes y a los bienes de uso educativo.

La congresista agregó: “Vemos en las noticias que hay muchos ataques en las regiones más apartadas de Colombia, por eso necesitamos ser bandera en la defensa a la educación y en defensa a la comunidad educativa. Nuestros niños en los últimos años se están utilizando para la guerra, tenemos que evitar que la infancia vaya a la guerra y por el contrario, vaya a la escuela pero hay que garantizar y   tipificar en el código penal, estos delitos, para que los docentes la comunidad educativa y los niños sean protegidos”. Asevero la senadora.

García Soto presentó los avances de la iniciativa el pasado 9 de septiembre, fecha en la que Naciones Unidas conmemora el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques,

El proyecto modifica el Código Penal colombiano para incorporar cuatro delitos para proteger a la comunidad educativa:

Docenticidio: Sanciona la muerte de un docente, directivo docente, cuando el crimen esté relacionado con el ejercicio de su labor educativa. La pena establecida sería de 250 a 500 meses de prisión.

Desescolarización forzada: sanciona a integrantes de grupos armados o delictivos organizados que, mediante amenazas, coacción, armas o medios tecnológicos, provoquen el cierre, suspensión o perturbación de instituciones educativas, o generen la expulsión o desplazamiento de estudiantes y docentes de 120 a 180 meses de prisión.

Ataque o uso militar de bienes educativos: con penas de 48 a 72 meses de prisión y multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ataques contra la comunidad educativa: sanciona ataques armados, utilización de artefactos explosivos, violencia sexual o privación de la libertad contra estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, de 180 a 220 meses de prisión.

La iniciativa busca que las afectaciones contra la educación dejen de ser tratadas únicamente a través de figuras generales del Código Penal y sean reconocidas expresamente como conductas que comprometen el derecho de niños, niñas y jóvenes a permanecer en las aulas, así como la vida y seguridad de quienes ejercen la labor docente.

Igualmente, la propuesta desarrolla, además, compromisos internacionales asumidos por Colombia, entre ellos la Declaración sobre Escuelas Seguras, respaldada actualmente por más de un centenar de países y suscrita por Colombia el 18 de noviembre de 2022, y la Resolución 2601 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada por unanimidad en 2021 para fortalecer la protección de la educación durante los conflictos armados.

Entre tanto el senador Óscar Sánchez (Partido Liberal) manifestó que dentro de las bondades de la iniciativa está permitir simplificar las conductas que a diario se vienen sucediendo en el país. “El proyecto además de proteger la integridad física de los estudiantes y profesores; se pretende hacerle una modificación al código penal, en crear dos tipos penales, en primer lugar, crear un agravante al homicidio y otro tipo penal nuevo, es a la descolarización forzada” expresó el congresista.