Participación ciudadana en asuntos ambientales, fumigación con glifosato y fracking, temas en Comisión Quinta

El senador Jorge Londoño enfatizó que la intervención de la comunidad en el tema ambiental está regulada por la Constitución, en donde se le garantiza a la sociedad ser partícipe en las decisiones que pueda afectarla.

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020 (Prensa Senado). En desarrollo de la sesión virtual de la Comisión Quinta se trataron diversos tópicos como la participación de la ciudadanía en los temas ambientales, variadas posiciones frente a la fumigación con glifosato, la práctica del fracking y la falta de garantías que hay en la conectividad del país.

En la sesión participaron el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; los líderes ambientales, Miguel Contreras y David Uribe; el representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Arnobi Zapata; la representante de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Nidia Quintero; el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ingeniero Rodrigo Suárez.

El líder ambiental Miguel Contreras afirmó que no están dispuestos a adaptarse a las audiencias públicas ambientales virtuales durante la pandemia del Covid-19. Este rechazo fue argumentado bajo dos razones principales:

1) Por la circular número 9 del 12 de abril de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida a los directores de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los directores de CAR, directores de autoridades ambientales urbanas, en el que se emiten recomendaciones para la implementación del Decreto 491, a cargo de las autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental.
2) Por la Resolución 642 del 13 de abril del 2020, por la cual se modifica la Resolución 470 del 19 de marzo de 2020 de la ANLA, levanta la suspensión de términos de procesos y proyectos ambientales en donde se debe garantizar la participación ciudadana por medio de la tecnología.

Complementó diciendo que los preceptos constitucionales siguen vigentes, aún durante la emergencia por el Covid-19, razón por la que no entienden por qué la autoridad ambiental expidió estos actos administrativos irrespetando los procedimientos contemplados en la Constitución de 1991.

Por su parte, David Uribe, líder ambiental, reafirmó que desarrollar la práctica del fracking en Colombia sería un gran error. Argumentó que la estrategia del Gobierno Nacional ha sido aprovechar la crisis humanitaria que vive el país en este momento, para avanzar en un proyecto que involucra al grueso de la sociedad. Sin embargo, dijo, el Gobierno Nacional se pone de espaldas al país con la crisis humanitaria que se vive, tomando decisiones temerarias para limitar la participación ciudadana en los procesos competentes a cada región y grupo de interés.

Sumado a esto, el representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Arnobi Zapata, puntualizó que los campesinos tienen una situación muy complicada si llegasen a ser fumigados con glifosato al aprobarse la licencia que está en trámite.

 El campesino necesita respuestas 

Afirmó que la participación ciudadana está siendo limitada incluso con la información de las emisoras. Aseveró que es una actitud mediocre creer que con transmitir por la radio una propaganda sobre las audiencias públicas virtuales, el campesino va a estar informado. “El campesino tiene preguntas y necesita respuestas y por una emisora no lo puede hacer”.

Sumado a lo anterior, aseguró que se tienen pruebas de las muertes que han causado las fumigaciones en Colombia, además de haber acabado con cultivos y de haber envenenado cuerpos de agua. Por esa razón, manifestó la inconformidad que tienen los campesinos al convocar escenarios que no permiten la participación efectiva de las comunidades, pues tienen derecho a participar y no solo a ser informadas.

De igual forma, la representante de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Nydia Quintero, aseguró que están en total desacuerdo con que el país retorne a este tipo de fumigaciones, sobre todo porque hace tres años se pasó por la firma de un acuerdo de paz en el que se garantizó que la solución al problema de las drogas en Colombia se diera de manera concertada y negociada con las familias campesinas.

Agregó un rechazo rotundo a la situación, además de hacer un llamado a las instituciones del Gobierno Nacional para que revisen las decisiones que se están tomando, especialmente en el Congreso de la República, para que no permita que la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades y a la vida ambiental en los territorios se vuelvan a cometer, sabiendo que hay un historial de violaciones a los derechos fundamentales a las comunidades campesinas desde hace más de tres décadas, por aspersiones aéreas en el país.

El ingeniero Rodrigo Suárez, director de la ANLA, avaló que dicha entidad ha emitido resoluciones de carácter general, que han tenido que ver con decisiones internas que se han tomado frente a la salud de los colaboradores y de sus familias durante esta época de crisis que vive el país. Acto seguido, afirmó, se tomaron decisiones respecto a la suspensión de los servicios presenciales, buscando diferentes canales de reemplazo para la atención del ejercicio de presencial.

De acuerdo con lo anterior, se han buscado las medidas necesarias para hacer un seguimiento a los proyectos sujetos de control en el territorio, motivo por el que han fortalecido la capacidad técnica a través de imágenes satelitales de alta precisión. “Se ha pedido, en algunos casos, hacer un seguimiento constante de algunas partes, como por ejemplo el Relleno de Doña Juana”.

Resaltó que han desarrollado una estrategia de trabajo, que busca, esencialmente, la transparencia y un acercamiento con el usuario para generar el diálogo. Además de mejorar la calidad de las decisiones y ser más oportunos en la atención. Con las audiencias públicas virtuales se buscaba una mayor participación efectiva, razón por la que hoy, alrededor de 210 personas, están teniendo derecho a participar.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, enfatizó en que se crearon los centros del diálogo y participación efectiva, lo que indica que todas las acciones del Ministerio de Ambiente siempre han estado acompañadas de todos los mecanismos e instrumentos necesarios para que la participación se dé de forma correcta, además de la garantizar que las comunidades puedan acceder a la información de una manera mucho más clara, oportuna y actualizada.

Recalcó que el mundo entero está aprendiendo-haciendo. No obstante, es consciente que el factor primordial a tener en cuenta es la amenaza que pone en riesgo la salud de los ciudadanos, razón por la que se han tenido en cuenta los decretos que el Presidente de la República ha emitido y que están enfocados a la protección de las comunidades, de las poblaciones vulnerables, etc.

 Afirmó que quedarse quietos no es una posibilidad. Por el contrario, es necesario encontrar la forma de cómo vivir y desarrollar una buena calidad de vida frente a las nuevas condiciones que buscan la prevención del riesgo en esta emergencia. Para ello, complementó, están los decretos 457, 531, 593, 636, que buscan esas actividades preventivas de aislamiento obligatorio. Además, está el Decreto 491, que busca garantizar el cumplimiento del servicio social y público que se tiene que seguir ofreciendo a los colombianos.

Hablan los senadores

El senador Jorge Londoño, citante del debate de control político realizado en la sesión, explicó que participar no es simplemente tomar parte en algo sino, más bien, tomar parte activa y aportar a la situación. La participación lleva implícita un proceso de diálogo de una manera libre e igualitaria, en donde la claridad del lenguaje establece el diálogo, con tolerancia y compromiso.

La participación ambiental en Colombia está regulada por la Constitución, en donde se le garantiza a la comunidad poder ser partícipe en las decisiones que puedan afectarlos. El artículo 69 de la Ley 99 de 1993, expresa que cualquier persona puede intervenir en las actuaciones administrativas, trámites ambientales y en revocación de sanciones, complementó.

No obstante, hizo hincapié en la falta de garantías que hay en la conectividad del país, haciendo alusión a que todavía hay nueve millones de personas que viven en territorios donde no hay acceso de ningún medio de comunicación. Según las cifras del DANE, para el 2018 solo el 50 % de los colombianos tenían acceso a Internet. El 29% de los hogares en Colombia tienen un computador portátil, el 21% un computador de escritorio y un 11% una tablet.

Puntualizó que el problema que se está afrontando no es cualquiera, pues si en una democracia no hay participación real, esta no existe.

La congresista Maritza Martínez aseguró que el día que existan condiciones adecuadas, de acceso a los equipos técnicos que se requieren para poder adelantar las concertaciones con las comunidades, a través de una audiencia pública o consulta virtual, será necesario dotar a las comunidades de equipos y de acceso a Internet, indiscutiblemente. Estas medidas solo se deben usar cuando la comunidad esté en igualdad de condiciones para poder llevar a cabo un debate profundo, para participar y de interrumpir a una autoridad que esté presentando un proyecto o un tema.

Destacó que hay muchas regiones de la Orinoquía, como por ejemplo, el Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, que no se compadecen con la realidad. Insistió en que en el Meta hay ciertas ayudas técnicas, sin embargo, sigue habiendo comunidades distantes y sin cobertura alguna, además de la falta de las juntas de acción comunal y los representantes de las comunidades son evidentes.

Concluyó reafirmado su posición frente al desarrollo de la virtualidad, reconociendo que es una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia, pues es menester no tener miedo frente a los avances tecnológicos.

 Por su parte, el senador Jorge Robledo no comparte la idea de las fumigaciones por razones ambientales y sociales. No obstante, afirmó que no es cierto que esa medida vaya a erradicar el narcotráfico, pues el país lleva 50 años haciéndole caso a los Estados Unidos sobre cómo se debe acabar con ese mal. Destacó, además que el acuerdo del presidente Iván Duque con los estadounidenses, apunta a que el narcotráfico se reduzca en un 50% solamente.

El legislador José David Name aseguró que los invitados tales como ministros y directores de las Instituciones gubernamentales no deben llegar a rendir informes de gestión al recinto de la Comisión, enfatizando que ellos están invitados para responder puntualmente las preguntas que los senadores miembros tengan de los temas en específico, puesto que no están respondiendo lo que se les cuestiona en este debate de control político.

En esta línea, denuncia que a finales del año 2019 tanto en medios como en la Comisión Quinta advirtió que se estaba abriendo una licitación pública para dragar un parque Nacional por 70 mil millones de pesos, afirmó que justo en plena pandemia se aprovechan de esta situación en vez de invertir en la salud, así usurpándole regalías al departamento de Magdalena, denuncia que hasta el momento no ha sido respondida por el señor Ministro de Ambiente y el Director de la ANLA.

El congresista Alejandro Corrales aseveró que hoy, más que nunca, se debe evaluar la sostenibilidad medio ambiental para Colombia, pues es necesario generar energía de fuentes no convencionales y tomar el sector ambiental como parte fundamental de la sostenibilidad nacional. “Esta coyuntura toca aprovecharla para que el mundo entero entienda la importancia del medio ambiente”.

 Resaltó que el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad muy grande para no dejar que el país siga teniendo señalamientos “inquisidores” por permitir que día a día suban las hectáreas de las plantaciones de coca. Enfatizó en que es necesario fumigar y el glifosato no es una herramienta nueva. En las zonas agropecuarias y agrícolas se está utilizando de la forma correcta, además de que solo se utilizaría sobre cultivos ilícitos.

 Culminó haciendo énfasis en que las sesiones virtuales son absolutamente legales. Los son para las altas cortes, para el Congreso y lo debe ser para cualquier mecanismo de participación, muy contrario a lo sugerido por el senador Eduardo Emilio Pacheco, quien solicitó suspender dichas sesiones, argumentando que muchas comunidades poseen poco acceso a la información y se les está violentando el derecho a la información.

Por su parte, el senador Didier Lobo sugirió que la tramitología de las entidades del estado tales como ANLA y los ministerio de Ambiente y del Interior, entre otros, deben seguir su curso para evitar un estancamiento de los procesos por el Covid-19, aclarando que se debe tener un cuidado muy especial en temas de participación, puesto que muchas poblaciones al no tener el acceso a la información y la tecnología se verán afectados, por ello algunos trámites sí deben esperar.

 La senadora Daira Galvis aseguró que todos los colombianos deben conocer y participar en los proyectos relacionados con las CAR´S, sin imponer los caprichos del Ministerio de Ambiente y la ANLA, asegurando que ya mucho daño le han hecho al país.