A conciliación, proyectos de pago a plazos justos y la amnistía para los deudores de multas de tránsito

La plenaria de Senado aprobó las conciliaciones de los proyectos de racionalización de trámites y el que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos y la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual, la plenaria del Senado aprobó en sus últimos debates los proyectos de ley de pago a plazos justos y la amnistía a los deudores de multas de tránsito.

La primera de las iniciativas pasa a conciliación y señala que el plazo para el pago de obligaciones será máximo de sesenta (60) días calendario durante el primer año y de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del segundo año.

En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenta (60) días calendario. Para las deudas del sector salud se deja un plazo máximo para el pago de cinco años.

La presente iniciativa tiene como objeto desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

Las medidas contenidas en esta ley solo permitirían compartir de manera más justa los costos de producción entre clientes y proveedores, sin que en ningún momento se aumenten los precios al consumidor. Así mismo, los riesgos de iliquidez en el mercado tampoco aumentarían, pues en este caso también se estaría simplemente transfiriendo el riesgo a las empresas a las que les corresponde verdaderamente asumirlo.

El senador ponente Richard Aguilar dijo que solamente se permite acuerdo de pagos de facturas a más de 60 días entre las grandes empresas para evitar posición dominante y en el sector salud se colocó período de gracia de tres años y en materia de contratación estatales se autorizó un pazo justo de dos meses.
Sobre la posibilidad de que las empresas sustituyan proveedores nacionales por productos importados, vale la pena recordar que las empresas nacionales requieren de una carta de crédito que certifique la disponibilidad de activos líquidos necesarios para poder pagar los insumos importados por lo que, así se limite el período de plazo a 30 días, las empresas nacionales siempre tendrán mayor liquidez contratando proveedores nacionales que internacionales.

La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, y la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, consideran que fijar plazos máximos de pago, además de atentar contra la libre empresa, podría promover las importaciones a costa de los productos nacionales, incentivar la integración vertical de las empresas y aumentar los precios para los consumidores, los riesgos de iliquidez, así como la informalidad.

Cabe enfatizar que el plazo establecido en el proyecto de ley es el mismo independientemente del tamaño de las empresas, por lo cual el argumento según el cual las medidas aquí contenidas distorsionarían el mercado al crear incentivos para que las empresas contraten con empresas de igual o mayor tamaño tampoco tendrían cabida en este caso.

Amnistía para pagar multas de tránsito

Por otro lado, el Senado en pleno aprobó en último debate el proyecto de ley por medio de la cual se establece amnistía a los deudores de multas de tránsito, se condonan unas deudas de las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa tiene por objeto establecer una amnistía a los deudores de multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito y posibilitar la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades del mismo.

A partir de la promulgación de la presente ley, por única vez y por un término de seis (6) meses, todos los infractores que tengan pendiente el pago de multas, estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a las normas de tránsito, impuestas hasta el 31 de diciembre de 2018, podrán acogerse a un descuento del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda y del cien por ciento (100%) de sus respectivos intereses.

Los que tengan pendiente el pago de multas por infracciones a las normas de tránsito impuestas desde el 1° de enero de 2019 hasta la fecha de promulgación de la presente ley y por única vez, podrán acogerse a un descuento del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda con sus intereses.

Para hacer efectivo este artículo se hace obligatoria y de manera previa, la asistencia a un curso sobre normas de tránsito, que será dictado por los organismos de tránsito o los centros integrales de atención, quienes deberán dictar un solo curso independientemente de que sea una o varias multas.

A quien dicte el curso, el infractor cancelara el 25% del valor total a cancelar de las multas luego de aplicado el descuento objeto de la presente ley.

Para quienes se acogieren a los beneficios de lo dispuesto en este artículo finalizará, sin necesidad de ninguna otra actuación, el proceso contravencional de tránsito. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las figuras jurídicas de caducidad y prescripción.

El senador Horacio José Serpa, ponente del proyecto, dijo que esta iniciativa no solo es un auxilio económico para los más de cuatro millones de ciudadanos deudores, sino que también servirá para estimular el recaudo y sanear las finanzas de los entes territoriales en todo el país.

“Es un gran mensaje de apoyo y solidaridad de parte del Senado en momentos de crisis económica y social. Felicito nuevamente al representante a la Cámara Diego Patiño y al senador por la autoría de este importante y necesario proyecto”, destacó Serpa después de ser nombrado conciliador.

Otras iniciativas

La plenaria de Senado también aprobó las conciliaciones de los proyectos de racionalización de trámites, el proyecto que prohíbe pruebas en animales para productos cosméticos y la iniciativa sobre la autoridad administrativa de Policía.

A sanción presidencial pasaron los proyectos de ley que prohíben pruebas en animales para productos cosméticos y el de racionalización de trámites, después que el Senado en pleno aprobara las respectivas actas de conciliación.
La iniciativa que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales señala que las personas jurídicas o naturales que infrinjan las prohibiciones serán sancionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con multa a favor del Tesoro Nacional de mínimo 133 y máximo 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

También aprobó el acta de conciliación del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, que establece la eliminación de un nuevo paquete de tramites difíciles para el ciudadano.

La propuesta tiene por objeto facilitar, agilizar y hacer efectiva el acceso y ejercicio de los derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad, a través de racionalizar los trámites; fijar los criterios y lineamientos que deben tener estos; obligar a que los trámites sean en línea y que las estampillas sean electrónicas; ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos.

Finalmente, la plenaria aprobó la conciliación del proyecto de Ley por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 1564 de 2012 y los artículos 205 y 206 de la Ley 1801 de 2016 y falta que la plenaria de la Cámara apruebe la conciliación para que pase a sanción presidencial.

Esta propuesta establece que cuando los alcaldes o demás funcionarios de Policía sean comisionados o subcomisionados deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar a un servidor público profesional en derecho de la respectiva alcaldía, quienes ejercerán transitoriamente como autoridad administrativa de Policía.

La comisión accidental sobre este tema la encabezó el senador Germán Varón Cotrino. Su informe se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso número 327 de 2020.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, decidió aplazar para este jueves 18 de junio, a las 9:00 a.m., la discusión de más de 30 impedimentos que fueron presentados una vez se inició el debate y discusión del proyecto de ley por cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo - Ley 1437 de 2011 - y se dictan disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

Los congresistas argumentan que no pueden participar en la discusión y votación de este proyecto, porque ellos o alguno de sus familiares más cercanos tienen investigaciones ante el Consejo de Estado por temas electorales.