Falta de programas del Estado en sustitución de cultivos ilícitos y atención a la población desplazada se denunciaron en Comisión de DD.HH.

Las comunidades de la Región de Catatumbo, en Norte de Santander, clamaron acciones concretas y la instalación de mesas de concertación y reanudación de diálogo de paz con el ELN.

Bogotá D.C., 03 agosto de 2020 (Prensa Senado). La audiencia pública convocada por la senadora Criselda Lobo, del partido de las FARC, puso en evidencia la cruda realidad que están viviendo campesinos y comunidades indígenas de 11 municipios del departamento de Norte de Santander afectados por la problemática de los cultivos de coca y la confrontación de grupos armados al margen de la ley que se disputan el negocio ilícito del narcotráfico.

En el evento que se adelantó en la virtualidad participaron los líderes sociales como representantes de agremiaciones y comunidades, quienes expusieron, ante la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias Públicas, la difícil y peligrosa situación que viven por la falta de garantías para su diario vivir, destacando que se ha sido muy poco el apoyo del Gobierno para afrontar la situación como en lo referente a los cultivos y la erradicación de los mismos.

Por su parte, el gobernador del departamento, Silvano Serrano, dio a conocer la radiografía de su región, señalando que esa situación de dicha zona viene siendo compleja ante la constante actividad de grupos armados al margen de la ley que de manera permanente generan zozobra entre los pobladores por la misma inseguridad y no permiten la normal convivencia de los habitantes en ese territorio y donde se encuentra la mayor población con necesidades básicas insatisfechas y donde el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos ha venido aumentado de manera preocupante y en tal sentido la presencia de la delincuencia se vienen violando derechos humanos de los pobladores como en la zona de frontera, donde existen confrontaciones armadas constantes por apoderase de las rutas de tráfico y contrabando, ante lo cual se requiere de una acción más efectiva del Gobierno para atender a la ciudadanía.

Comunidades del Catatumbo

A su vez, el líder social del corregimiento de Banco de Arena, zona rural de la ciudad de Cúcuta, Efraín Duarte, denunció la constante presencia de autores armados, obligando al desplazamiento de pobladores ante la erradicación de los cultivos ilícitos. También expuso la preocupación por la falta de garantías de seguridad y solicitó el acompañamiento de autoridades para que hagan cumplir los derechos humanos de los habitantes como igualmente la entrega de elementos de bioseguridad para los desplazados que han huido de los enfrentamientos armados.

Aydeé Pardo, personera del municipio de El Tarra y representante de la Asociación de Personeros de Catatumbo, informó que existe cerca de 44 mil hectáreas de cultivos de coca y sigue creciendo ante las necesidades económicas de los pobladores que no tienen otra actividad de ingresos para sus familias y es necesario que se desarrolle una verdadera política para la sustitución de los cultivos ilícitos y seguridad ante la presencia constante de sujetos armados. Así mismo reiteró que las comunidades no están de acuerdo con la fumigación con glifosato y que se realice la erradicación manual con programas de sustitución.

El representante de la ONG, Copaz, Emiro Ropero, cuestionó a las autoridades al afirmar que “es extraño es que la Fuerza Pública no persigue a los grupos paramilitares ni a los capos del narcotráfico, la persecución es contra las comunidades campesinas. Cuando implementamos el PNIS hicimos una convergencia comunidad, Estado y FARC para sustituir los cultivos y funcionó, se vincularon 99.097 hectáreas y las mismas comunidades acabaron 50 mil hectáreas de coca. Este gobierno frenó la implementación del PNIS y se disparó la producción de drogas ilícitas. La violencia por bandas criminales en la ciudad de Cúcuta se disparó en un 14% con respeto a 2019 y vamos sin retorno próximo hacia la criminalización de la época de 1998 a 2004. Es preocupante que desde el 1º de enero hasta el 17 de julio de 2020 se han presentado 133 homicidios, mientras que en el mismo periodo en 2019 fueron 115, esté asociado básicamente a acciones de bandas criminales que operan en el Catatumbo y en la zona fronteriza”, reiteró.

Otro reclamo se escuchó de la líder social, Diana Sánchez, del colectivo Minga, quien reclamó a las autoridades del Ejército y la Policía Nacional un acompañamiento constante para garantizar el retorno de las comunidades desplazadas por el accionar del narcotráfico, como agilizar investigaciones que permitan identificar y capturar a los autores de las muertes de líderes sociales y excombatientes de las Farc y reanudar el diálogo de paz con el ELN.

Junior Maldonado, líder social del municipio de Sardinata, expuso la problemática con los cultivos con la erradicación y sustitución con el uso del Glifosfato y afirmó que se aumentarán los problemas para la salud de los habitantes y daños de cultivos lícitos de pan coger, fuentes hídricas. Agregó que otro tema que es el común denominador de la región, es la inseguridad que genera la presencia constante de grupos armados y las confrontaciones entre los denominados Rastrojos y el ELN, problema que se vienen dando en la zona rural de Cúcuta y ocasionando desplazamientos forzados, ante lo cual es urgente soluciones del Gobierno y la instalación de comisiones de verificación para atender a los desplazados en Cúcuta y Tibú como un seguimiento de investigaciones por la Fuerza Pública y la instalación de una mesa humanitaria para el Catatumbo.

El líder indígena Bary Ashcayra Arabara reiteró la inseguridad en la región y constante alteración del orden público con aumento de la violencia que persiste y se requiere acción de las autoridades para dar con los autores y frenar los grupos armados que desde hace varios años azota la región y denunció la ausencia del Estado para proteger a las comunidades. “Los programas de ayuda en territorios indígenas están solo en el papel y no son tenidos en cuenta para los pobladores. Exigimos al Gobierno Nacional atender con agilidad las denuncias que se han elevado por violación a los derechos humanos”.

El Gobierno responde

Pedro Durán, de la Oficina de Enlace de la Gobernación de Norte de Santander para las Víctimas, señaló que el problema en la región del Catatumbo es crítica y se presenta desde hace varios años y que la mayoría de los habitantes de esa región son personas de bien que quieren que se cumplan los objetivos del acuerdo de paz para erradicar las drogas ilícitas y ejercer acciones licitas con la sustitución de cultivos de manera concertada y ayuda real a los campesinos con una actividad concertada pero con programas productivos y de acompañamiento para su desarrollo.

El vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, afirmó que es una zona de riesgo constante ante los enfrentamientos entre EPL y ELN que afecta a las comunidades también como la presencia de las disidencias del frente 33 de las Farc, el ELN, el Clan el Golfo y los Rastrojos, que luchan por control de la zona frontera por rutas de narcotráfico y gasolina contra las disidencias de las Farc, y la delincuencia en común que vienen atemorizando a los indígenas, habitantes, excombatientes de las Farc, campesinos, indígenas y colonos, quienes son objeto constante de acciones violentas.

En la actualidad existen 11 alertas tempranas en el año en igual número de municipios que se encuentran en peligro por las acciones de grupos armados. Los municipios de Abrego, Convención, Ocaña, San Calixto, Teorema, Tibú, Puerto Santander y Cúcuta están en alerta ante la presencia de los delincuentes, por dominio del narcotráfico en la región y la frontera.

Adoptar medidas integrales como inversión social, construcción, política pública, desarrollo territorial, fortalecimiento de acciones sociales y colectivas, no estigmatización contra los líderes sociales, líderes comunitarios y defensores de los Derechos Humanos, asistencia humanitaria para desplazados en los albergues y ayudas humanitarias, retorno a las comunidades a sus zonas con medidas de seguridad y privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre otros.

Arnaut Serra, delegado de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, solicitó cumplimiento del punto número 4 del Acuerdo de Paz para aplicar en el Catatumbo. Es decir, mayor atención del Gobierno en las alertas tempranas donde se pueden registrar acciones violentas por el Estado. La Procuraduría debe atender esas alertas tempranas junto con las autoridades. Plan piloto de protección de líderes del Ministerio del Interior se está desarrollando, pero debe avanzar más. Evaluar lo que se ha logrado y ajustar para mayores resultados. La Unidad Nacional de Protección requiere recursos para ampliar su labor en esa región. Redoblar esfuerzos contra la impunidad y capturar a los responsables de los hechos violentos. Ellos actúan por falta de acciones de las autoridades. Buscar los autores intelectuales de hechos violentos.

Al concluir la audiencia pública, la presidenta de la Comisión, senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), anunció presentar un documento que reúna las solicitudes y las gestiones que adelantará la célula legislativa ante el Gobierno Nacional para entregar respuestas y soluciones para los residentes del Catatumbo.