En debate, la Comisión Quinta escuchó a Minminas y ANLA sobre proyectos mineros de Quebradona, Jericó en Antioquia y Soto Norte en Santander

Por Marisol Rojas

Bogotá, D.C. septiembre 22 de 2020. (Prensa Senado).- La Comisión V del Senado, realizó debate de Control Político sobre Proyecto Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, con efectos sobre ese municipio y el de Jericó en Antioquia, así como el Proyecto de explotación minera Soto Norte, de la Sociedad Minera de Santander (Minesa) en el departamento de Santander y sus implicaciones sobre el páramo de Santurbán, donde escuchó las posiciones del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo y al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Ingeniero Rodrigo Suárez Castaño.

El senador citante, Jorge Enrique Robledo, pidió a la ANLA no conceder licencia ambiental ni al proyecto de Santander, ni al proyecto de Antioquia. Precisó, que los propietarios del suelo tienen derechos, y dentro de esos derechos está el decidir cómo quieren sus territorios y cómo desean vivir en ellos, "los proyectos mineros no son sostenibles, se acaban, y cuando cierran generan una catástrofe social y económica en la región.

Al referirse al proyecto de Quebradona, el senador Robledo precisó "que se está concibiendo como un distrito minero. Explicó, que este proyecto tendrá un área de 473 hectáreas, 37 años aproximados de operación, lo que demuestra que no es sostenible y podría dejar afectaciones ambientales considerables, en especial con el agua".

Recordó, que el Estado al dar una licencia, en un futuro, si hay daños ambientales por parte de la mina, será el estado quien responda. Enfatizó, en que "no es verdad que con la minería todos se vayan a volver ricos, en el caso de Jericó apenas adquiere el derecho del 25% de las regalías. Aseguró, que en estos negocios todos ganan, menos Colombia".

Dijo que "la minería en Colombia no respalda el agro o la industria como sucede en otros lugares del mundo, aquí se ha diseñado para sustituirlas, y ese, es el gran problema. Con respecto a Santurbán indicó que ese proyecto inició dentro del páramo de Santurbán, lo que generó una gran movilización social, sin embargo, denunció que ahora pretenden meter la mina por debajo del páramo".

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía, considera que los municipios que resultarían afectados por el proyecto serían Támesis, Jericó, La Pintada, Fredonia, Tarso, Jardín, Valparaíso y Caramanta, en el Sur del departamento de Antioquia. Denunció, que "el proyecto de AngloGold Ashanti se desarrollaría dentro de un espacio de gran interés para el avistamiento de aves y especies endémicas, así mismo expresó, que esa área es el corredor del oso de anteojos. Enfatizó, en que actualmente no hay aprobación del plan de obra por parte de la Secretaría de Minas de Antioquia, y que no hay estudio de impacto ambiental por parte de la ANLA. Tanto el gobierno nacional como el local pueden frenar el proyecto", dijo el Senador.

"El país necesita coherencia", dijo el senador Jorge Eduardo Londoño. Precisó, que "mientras a nivel internacional se impulsa la protección del ambiente, en la realidad, el gobierno nacional impulsa la gran minería, sin reconocer sus consecuencias en el territorio y las necesidades de las comunidades que podrían ser potencialmente afectadas. Frente a los proyectos de Quebradona y Soto Norte, dijo que son proyectos que no cuentan con licencia social, perjudican ecosistemas como el Río Cauca y el Páramo de Santurbán, tienen demasiados incentivos tributarios y barreras en la ejecución de regalías. Solicitó, al gobierno nacional, garantizar una efectiva participación ciudadana, defender e impulsar sectores económicos sostenibles, resilientes y colectivos como lo son la agricultura y el turismo, proteger la biodiversidad y el cambio climático. Cerró su intervención diciendo que -el estado debe defender los intereses de las comunidades, no los de las empresas".

Por su parte, el senador Alejandro Corrales, enfatizó que "defender el medio ambiente y agropecuario no quiere decir que no se pueda ver hacia la energía renovable, precisó, que para llegar a esto se necesita de la minería, una minería responsable. -No somos coherentes frente a la explotación minera, este sector genera 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos-. Precisó el Senador Corrales. Destacó, que 33 proyectos minero-energéticos generan $36 billones de pesos en inversión y 54.000 empleos. Recalcó, que defiende los páramos, dijo, que en ellos no debe haber minería, pero tampoco debería existir actividad agropecuaria".

El Senador Miguel Angel Barreto, exaltó la labor frente al manejo minero en el país, y denunció que "el 50% de la minería en Colombia es ilegal, pidió, que en lugar de atacar a quienes trabajan dentro de la legalidad, se debe luchar es contra quienes están fuera del marco de la legalidad".

Desde el Gobierno Nacional

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que el sector minero-energético es clave para la reactivación económica del país. Precisó, que "el 7% del PIB nacional proviene de los sectores de minería, hidrocarburos y energía eléctrica. Informó, que lamenta es alcanzar la reactivación económica cumpliendo con los objetivos del plan de cambio climático, como lo son: las energías renovables, movilidad sostenible, seguridad energética y la diversificación minera. Resaltó, que este sector le aporta al país 350 mil empleos".

Precisó, que "la actividad minera en el país se desarrolla en una pequeña proporción, dijo que de 114 millones de hectáreas en el país, solo el 0,2% se utiliza para explotación. El proyecto de Quebradona podrá generar 3.000 empleos durante su construcción y montaje, y 1.500 en producción, con un 80% de mano de obra local. Informó el Ministro de Minas. Expresó, que estos proyectos son una gran oportunidad para Antioquia y Santander, en aportes económicos y reactivación sostenible. Cerró su intervención diciendo: ¨No podemos elegir dónde están los recursos minerales, pero si podemos elegir cómo aprovecharlos, demandar innovadora y sostenible".

Rodrigo Suárez Castaño, director de la ANLA, indicó que se "está dando cumplimiento a lo que la ley establece frente al estudio de las licencias, dijo, que con recursos de regalías se ha podido acompañar a las regiones, y se ha logrado llegar a tiempo con los equipos de contingencia. Frente a los proyectos en discusión dijo, que no es cierto que estén a portas de dar una decisión. Precisó, que se están analizando teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y económico de las regiones. Informó el director de la ANLA, que están revisando el tema de impacto ambiental y si cumplen con el manual de evaluación, se citaría a una audiencia pública ambiental; si no cumple, se haría solicitud de información adicional con la empresa y tendrían un plazo máximo de dos meses para responder. Aclaró, que los dos proyectos han sido radicados antes de la pandemia, por tanto, no hacen parte de la reactivación económica post pandemia".