Organizaciones civiles exigen justicia de género, durante audiencia en la Comisión de la Mujer

“El gobierno debe canalizar todas las acciones posibles para garantizar la vida de las mujeres colombianas. Basta de impunidad, de revictimización y de violencia institucional”, precisó la senadora Aída Avella.

Bogotá D.C. febrero 22 de 2021(Prensa Senado). -Por iniciativa de la senadora Aída Avella (Coalición Lista de la Decencia), se llevó a cabo la Audiencia Pública virtual, para analizar la situación sobre feminicidio en el país. El evento contó con la presencia de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Gobierno Nacional.

En la instalación de la audiencia, la presidenta de la Comisión Nora García Burgos (Partido Conservador), , manifestó que el feminicidio es la máxima expresión de violencia de género, “Es un tema que nos llega a todo nuestro ser como mujeres. Es el momento de reflexionar, sobre los hechos de violencia y feminicidio que se han presentado en el país, en lo que va corrido del año”. La congresista indicó que según la fundación de feminicidio en el mes de febrero se registraron 39 casos de feminicidios y sólo 18 de ellos se pudo identificar el agresor.

Agregó, “En la Comisión nos unimos para promover y garantizar los derechos de las mujeres, en donde somos la voz de las colombianas, desde todos los ángulos”. Aseguró que en el país existen muchos casos de feminicidios que no se reportan por el miedo que sienten las mujeres. “Necesitamos unirnos para combatir con más fuerza este flagelo tan grande en contra de las mujeres. Aquí tejemos la democracia, esperamos que en este año podamos decir, ni una más”.

En su presentación la senadora Avella, dijo que en la pandemia precarizó la vida de las mujeres, aumentándose la violencia de género y el feminicidio, afectándola en su salud mental. La congresista hizo un llamado para que se atiendan de manera efectiva a las mujeres afectadas por violencia, en las líneas señaladas en caso de emergencia, como la Fiscalía, Policía, Bienestar Familiar, entre otras.

La legisladora señaló que en año 2020, se registraron 228 feminicidios, entre mujeres afro, niñas e indígenas: "Esta es una situación muy dramática, no podemos continuar así. De igual manera se da en las mujeres migrantes y lideresas, quienes están en alto grado de vulnerabilidad”.

Así mismo, expresó que existe un alto índice de impunidad en estos casos relacionados con feminicidios y que el 93% se encuentran sin resolver y los agresores no han sido judicializados. Informó que en este año van 42 feminicidios;  aseguró que las mujeres que se quedaron en casa por la pandemia, han tenido mayor riesgo, y están sometidas a violaciones.

También anunció que no existe una legislación para la protección de hijos huérfanos, víctimas de feminicidios,”Muchos de los huérfanos no tienen seguimiento, por su situación psicológica y emocional, por lo general pasan a manos de sus abuelos, quienes no poseen recursos para atender sus necesidades”.

La congresista le solicitó al Bienestar Familiar, atender la situación de los menores e hizo relación a la atención que deben tener las mujeres en el campo, las trans, indígenas y lideresas. “No queremos seguir contando cifras, las queremos vivas, libres y sin miedos.

Por su parte, la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, señaló, “Hoy tenemos infortunadamente cifras desbordantes de feminicidios. En Colombia no hay certeza de que se esté contrarrestando este flagelo. En el año 2020 se cometieron 444 feminicidios, los cuales quedaron en impunidad. Hoy me complace que se regule el funcionamiento en las Comisarías de Familia. No sabemos cuántos casos de feminicidio se han dado. Debemos ir más allá de las audiencias públicas y de los debates, es momento de exigir respeto, atención y efectividad por la mujer”, dijo la congresista, perteneciente a la Comisión de la Mujer.

Participación de la las organizaciones de la sociedad civil

María Ovidia, representante de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, manifestó, “Es necesario trabajar en la prevención y tener una justicia restaurativa, que la política pública se construya con las mujeres, que permita hacer transformaciones, no solo sancionatoria. Seguimos siendo violentada en todos los escenarios. En cuanto al feminicidio, se debe tener en cuenta lo estructural que ocasiona este hecho”. Hizo un llamado para que se de atención psicosocial con las mujeres. Los cabildos indígenas no tienen presupuesto para tender la problemática del feminicidio.

Entre tanto Dora María Chamorro, de la Comuna 10 de la ciudad de Cali, defensora de los Derechos Humanos, expresó que es necesario trabajar en prevención, “No más cifras, el Estado se ha quedado obsoleto para el tema de mujeres, tendríamos un modelo distinto de país, que nos permita la vida, porque nos están matando. En pandemia se agudizó el feminicidio y la violencia contra las mujeres. El Estado debe ser transformado, para que los temas de las mujeres sean una realidad. No podemos seguir permitiendo que nos asesinen a nuestras mujeres, por eso estamos en un S.O.S nacional”.

Igualmente, María Abey Cortez, representante Concejo Territorial de Planeación de Vaupés, dijo que se debe fortalecer a la Policía Nacional, las Comisarías de Familia, “Es necesario generar formación y empoderamiento para la mujer. No podemos permitir que las niñas sigan siendo vulneradas a sus derechos”.

De la misma manera, Erika Muñoz, vicepresidenta de la Organización Zona Central Indígena de Mitú- OZCMI, dijo, “Veo con preocupación lo que se está presentando en el departamento del Vaupés, aquí no se ve la presencia del Estado, somos maltratadas, al igual que nuestra familia. Tenemos que ser valoradas, estamos en la capacidad de desempeñar cargos, deberían tenernos en cuenta en los proyectos productivos, para poder solventar nuestras necesidades, y se respeten nuestros derechos”.

Así mismo, Virginia Parra, delegada por el Estallido Feminista Nacional, dijo que desde el pasado 8 de febrero se han declarado en luto por todos los actos de violencia y feminicidios en el país. Hacen un llamado público a la Fiscalía, por la falta de acciones. También al Ministerio de Salud, para que se atienda a las mujeres víctimas de violencia.” Esto es una responsabilidad del estado, garantizar nuestros derechos humanos”. Propuso fortalecer las medidas preventivas con enfoque de género y territorial, empleabilidad digna, optimizar las comisarías de familia. “No podemos seguir siendo indiferente ante estos actos. No somos sólo cifras, somos seres humanos”.

 Por su parte Nubia Silva, integrante del Concejo Municipal del Colegio de Cundinamarca, aseveró,” Este es un flagelo nacional, y solo vemos cifras. Durante la pandemia se incrementó mas el feminicidio y la violencia intrafamiliar. La dependencia económica hace que los hombres violenten más a las mujeres”. Denunció que la violencia institucional en esa región, “Esto no lo debemos permitir, debemos hacer el seguimiento y acompañamiento psicosocial a todas estas mujeres. No queremos más mujeres violentadas, exigimos respeto por nuestras mujeres”.

Del Movimiento LGTBI intervino Nicolay Duque, quien manifestó, “infortunadamente el estimado de vida de las mujeres trans es hasta los 36 años, cada 4 personas con orientaciones sexuales o identidades de género LGBTI, una muere por culpa de su orientación sexual y su identidad. Dos de cada cinco personas diversas han querido suicidarse, tres de cada cinco, alguna vez en su vida han sido discriminados y violentados”.

Camila Jiménez, mujer trans, dijo que, en este año, van siete mujeres trans asesinadas, “Estos hechos no se han esclarecidos. Los delitos contra nosotras se han caracterizados por la intolerancia. A nosotras nos atacan por violencia ejercida por la fuerza pública. Sufrimos la pandemia de la xenofobia del estado, el promedio de vida de nosotras, no supera los 36 años de vida”. Pidió que se tenga una estadística que responda las necesidades de la mujer trans, seguridad, salud. “Sobre todo, necesitamos oportunidades de vida”.

Otras voces 

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Intervención de las entidades estatales

Luz Angelica Mariño, asesora en temas de género de la Fiscalía General de la Nación, manifestó que han adoptado una serie de medidas, para atender los casos de violencia contra las mujeres, como acompañamientos y articulaciones con la sociedad civil.

Dijo que los casos sucedido el año 2020, se ha esclarecido hasta en un 93% y que un 54.6 % han sucedido en las zonas rurales. Indicó que, en este año, hasta el mes febrero, 31 mujeres han sido victima del feminicidio, aumentando en un 19% con relación al año pasado.

En su intervención la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, manifestó que se hace necesario las mesas de trabajo para abordar el tema del feminicidio, “No es hora de callar, debemos hacer un trabajo junto con la Fiscalía”. Agregó que desde el 2015 al 2021 se han registrado 937 casos de feminicidios.

La funcionaria señaló que "La hoja de ruta del programa 360 grados, donde se buscan estrategias, para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Reveló que trabajan en la prevención, autonomía económica, focalización regional y en la aplicación efectiva de las tecnologías”. Solicitó a las asistentes de la Audiencia, para que hagan uso de la línea 155 y hagan las respectivas denuncias de violencia de género.

Por su parte el subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo, señaló que el año anterior se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y de género, a causa de la pandemia. Afirmó que el Instituto viene liderando la atención en estos casos, cualificando a los funcionarios, para mejorar los servicios con enfoque diferencial. “Apoyamos en la prevención y en la información de las cifras, para que se tomen los datos y se analicen”. Indicó que se han presentado 458 suicidios en mujeres de los cuales 49, tienen relación con los conflictos de parejas y otros de violencia económica.
Sostuvo que se han realizado 44.865 valoraciones de agresiones en el ámbito familiar. Dijo que las principales ciudades donde se presentan estos fenómenos violentos contra la mujer, violencia no fatal, están Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Santa Marta y Soacha.

La Teniente Coronel de la Policía, Andrea Carolina Cáceres, precisó que “Dentro de la iniciativa ‘Patrulla en Casa’, hemos fortalecido con capacitación para 1.545 auxiliares mujeres de la policía a nivel nacional, un seminario taller en atención a rutas de violencia basado en género y fortalecimiento en el tema del ‘puerta a puerta’ que se está realizando estratégicamente en todas las actividades en contra de la violencia intrafamiliar”.

La representante del Ministerio de Justicia y del Derecho, Tatiana Romero, hizo referencia al fortalecimiento que esa cartera tiene previsto realizar con la Comisarias de Familias, para que atiendan de manera eficiente los casos de violencia contra las mujeres, “Hemos estado trabajaban en la formulación de estrategias, para que se conozcan las rutas del acceso a la justicia, haciendo especial énfasis en los temas de violencia de género, a favor de los derechos de las mujeres”.

Solicitudes de la senadora Aída Avella

Al finalizar la Audiencia Pública, la senadora Aída Avella, solicitó a la Consejería de la Mujer, que quiten las maquinas en las líneas de atención y pongan a mujeres a contestar los casos de feminicidios y violencia contra las mujeres. La senadora pidió apoyo del Estado para las mujeres víctimas cuando salen a denunciar.
Avella dijo que se deben atender las necesidades de la Colombia profunda, en los territorios más apartados del país. “Las mujeres de los territorios les toca luchar mucho para visibilizar el drama del feminicidio. Se debe velar por la vida de todas las mujeres; desde el Congreso seguiremos trabajando por el bienestar de todas las colombianas. No nos callaran. Las cifras que maneja el Gobierno sobre el feminicidio, son irreales”.

La senadora citante, requirió al Instituto de Medicina legal, para que faciliten con eficacia y celeridad los datos y estudios sobre los casos de violencia contra las mujeres. También hizo el requerimiento al Ministerio de Justicia, para que se doten las casas de juncia de todo el país, para que puedan realizar su trabajo de manera efectiva, especialmente la de Valledupar, por no contar con las herramientas de trabajo.                  

En cuanto a los niños huérfanos por feminicidio de su madre, la senadora Aída Avella, solicitó al ICBF, para que le den una renta básica al familiar que está a cargo de la crianza de los niños. “Esta Audiencia fue una catedra para el Gobierno y el Congreso, seguiremos haciendo seguimiento a esta dramática situación que afecta a nuestras mujeres”, dijo la senadora Aída Avella.

Reviva la Audiencia Pública de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=bJK3xzvlsQQ

(Foto de refrencia Leonardo Várgas)