Total respaldo a proyecto sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, durante Audiencia Pública en Comisión Primera

El senador Germán Varón Cotrino de Cambio Radical precisó que “esta audiencia tiene como propósito oír las inquietudes, observaciones que sobre este proyecto de ley puedan surgir”.

Por: Samia Abisambra Vesga

Bogotá D.C. 18 de marzo de 2021 (Prensa Senado).- La Comisión Primera del Senado de la República adelantó una audiencia pública sobre el proyecto de ley No. 341 de 2020 Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones”, con el fin de conocer las posturas de los diferentes actores en esta iniciativa.

Esta audiencia fue convocada por el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical),  quien considera que este proyecto abarca temas de interés nacional y, por la tanto, es necesario escuchar a las personas naturales y jurídicas sobre los temas que son objeto de modificación por esta iniciativa.

Intervenciones de los interesados en el proyecto

En esta audiencia pública participaron diferentes actores como la Secretaría de Transparencia, los Ministerio del Interior y el de Justicia, la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, La Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, entre otros.

Andrés Hernández, Director Ejecutivo Corporación Transparencia por Colombia, informó que desde la Corporación se radicó un documento con observaciones en el que se llamó la atención de dos temas que no recoge la iniciativa: “El primero es que hay muy pocas imedidas alrededor de implicaciones a nivel territorial; y el segundo, es que nos llama mucho la atención la ausencia de medidas asociadas a problemáticas de corrupción en el sistema político, delitos electorales, financiamiento de partidos y campañas”.

Asimismo, el director de Transparencia por Colombia, realizó algunas recomendaciones como: “En el primer capítulo, uno de los temas en los cuales vemos una gran prioridad en Transparencia por Colombia es el de fortalecer las medidas de protección a denunciantes reportantes de corrupción. Este capítulo necesita mayor precisión conceptual, en particular respecto a quiénes son los sujetos que acuden a los mecanismos de denuncia, al proceso de denuncia en si mismo y a las formas de corrupción que pueden ser abordadas mediante este proceso. Nos llama la atención que en el capítulo dos no estén contemplados los delitos electorales en la ley 1864 de 2017”.

La secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, precisó que “es una oportunidad grandísima para Colombia poder iniciar este tránsito legislativo con el proyecto de ley 341/2020”.

Con esta iniciativa se busca contribuir tres pilares en esta materia, los cuales son: “La prevención con pedagogía; la sanción de actos de corrupción y el fortalecimiento interinstitucional. Con esto se va a cerrar el camino a los corruptos. Son 12 medidas con 91 artículos que se refieren a protección de denunciantes, protección de identidad, en su ámbito laboral, protección física”, informó la Secretaria de Transparencia.

Para Javier Gutiérrez, Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), “este proyecto de ley acelera la convergencia hacia un sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo dinámico y efectivo, contra las estructuras criminales y contra el delito de corrupción y muchas vertientes que este acelera. La corrupción es uno de los delitos que más afecta el bienestar de la sociedad”.

El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Cesar Reyes, reiteró “la necesidad que tiene el país de expedir con carácter urgente esta normatividad ya que, se podrá fortalecer la prevención y acción frente al lavado de activos; adicionalmente, la iniciativa contribuye la vigilancia que ejerce la Superfinanciera”.

Santiago López Zuluaga, de la Superintendencia de Sociedades, dio a conocer a los integrantes de la sesión que el proyecto es un avance frente de las recomendaciones de la OCDE respecto a la corrupción, “debido a que uno de sus objetivos es que las sociedades subsidiarias puedan ser sancionadas por conductas de soborno transnacional”.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, enfatizó que “ya son muchos los esfuerzos que esta Comisión Primera del Senado de la República, en conjunto con el Gobierno nacional y la gran mayoría de partidos políticos, ha venido ha venido avanzando en una agenda de transparencia y de anticorrupción. Son muchos los logros que se han alcanzado en este periodo constitucional”.

Por su parte, Diana Richardson, de la Agencia del Inspector General Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), manifestó que “el asunto que nos convoca de es de gran importancia para la misión encomendada a la agencia, toda vez que a través del mandato recibido mediante el Decreto Ley 4173 de 2011, se tiene la misión de proteger el patrimonio público gestionado por la DIAN, por la UGPP y Coljuegos frente a acciones de fraude y corrupción”.

De igual manera, Julián Ruiz, de la Contraloría General de la República, resaltó la “importancia de las medidas de protección a los denunciantes, ya que incentivará la entrega de información para la lucha contra la corrupción”.

El director de la Unidad anticorrupción de la Fiscalía, Edward Calderón afirmó que “la corrupción es uno de los problemas más urgentes y complejos de las democracias contemporáneas. Su magnitud impone tareas a las entidades del Estado como a diferentes agrupaciones de la sociedad civil”.

“La Fiscalía General celebra que el Gobierno Nacional tenga esta iniciativa y confiamos en que esta será una herramienta más para prevenir y controlar la corrupción”, concluyó Calderón.

En su intervención, Andrés Fajardo, de la Defensoría del Pueblo, comentó que “como Defensoría queremos resaltar que no es de poca monta la cifra de 50 billones de pesos que le cuesta la corrupción cada año a Colombia”.

Asimismo, Fajardo afirmó que apoyan el proyecto “el cual constituye una herramienta fundamental frente a lo que le cuesta al país la corrupción. En Colombia el denunciante está expuesto y este proyecto se enfoca en su protección”.

Por parte de la DIAN, Camilo Erazo, propuso proponer la creación de Registro Central de Beneficiarios Finales administrados por la DIAN y al cual tendrán acceso las entidades que realicen inspección, vigilancia y control o tengan funciones contra el lavado de activos.

Tito Perilla, en representación del Ministerio de Justicia, argumentó que “este proyecto no solo contribuirá al cumplimiento de las obligaciones internacionales que Colombia tiene frente a diversos organismos como la OCDE, sino que brindará herramientas para una persecución integral de los delitos relacionados con la corrupción”.

Asimismo, la procuradora delegada, Rosita Gómez, afirmó que “es nuestro deber como órgano disciplinario no escatimar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Este proyecto contiene avances en la lucha contra la corrupción”.

(Foto de referencia: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica)

Reviva la audiencia pública en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iXyI3KdILU4