Reforma del Código General Disciplinario y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, temas analizados en audiencia pública

Las Comisiones Primera de Senado y Cámara realizaron una audiencia pública con el fin de conocer las inquietudes de los diferentes sectores acerca de la reforma del Código General Disciplinario.

Por: Samia Abisambra Vesga

Bogotá D.C, abril 29 de 2021 (Prensa Senado). Con el fin de adelantar una audiencia pública abordar los alcances del Proyecto de ley No. 423 de 2021 Senado–595 de 2021 Cámara. “por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, se realizó una audiencia pública, que contó con la participación de expertos que hicieron importantes aportes a la iniciativa.

La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello, afirmó en su intervención que este proyecto de ley va orientado hacia una reforma del Código General Disciplinario, y que busca, principalmente, darle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. La jefa del Ministerio Público, explicó que fueron respondidas y acatadas las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó un plazo de un año para realizar una adecuación del ordenamiento jurídico dentro de las facultades disciplinarias que tiene la Procuraduría General de la Nación.

Otra razón obedece a una preocupación de carácter sustancial y “es la que tenemos que entre en vigencia la Ley 1952, en virtud de que dentro del contenido normativo que contempla hay algunas ordenaciones que podrían afectar nuestra institucionalidad, como la contemplación de una oralidad completa dentro del ejercicio de la función disciplinaria de la Procuraduría, estando frente a una situación clara en donde no estamos ni física ni estructuralmente establecidos ni preparados para entrar”, explicó Margarita Cabello.

En su intervención el senador Fabio Amín (Partido Liberal) expresó que “comienza una sana discusión de garantías en el Congreso de la República y en las comisiones sobre la iniciativa que viene con mensaje de urgencia enviado el Gobierno Nacional, pero dando el tiempo, el lugar y las garantías para que se puedan escuchar a los actores, permitiendo realizar una mejor construcción de la norma que reformará el Código General Disciplinario”.

Invitados

Para el ex procurador, académico y jurista Jaime Bernal Cuellar, se debe fortalecer la Procuraduría General de la Nación y el régimen disciplinario sin limitar o cercenar ninguna función a esta institución, por el contrario, debe ser respaldada.

Por su parte, Fernando Rodríguez Castro, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, manifestó que se encuentra de acuerdo con el proyecto que se presenta por parte de la procuradora, “entendemos la necesidad para ajustar la normativa interna a los solicitado por los instrumentos internacionales, pero, además porque es la oportunidad de hacer unas correcciones a esta ley”.

Así mismo, David Roa, dio a conocer que por parte del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas “proponemos mantener una competencia investigativa a cargo de las oficinas de control disciplinario para que la Procuraduría haga el juzgamiento cuando se trate de faltas que generen una restricción de derechos políticos”, por su parte Ernesto Espinosa, abogado y miembro del Colegio Colombiano de Abogados Disciplnaristas, indicó que se debe fortalecer no solo la institucionalidad sino también el proceso disciplinario y revisar las garantías judiciales debido a que irradian a cualquier sujeto disciplinable, no solo a quienes fueron electos popularmente.

En este sentido, el abogado Rafael Barrios recordó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento mas no recomendaciones y concluyó que “además, la corrupción es un delito y debe ser competencia de los jueves, no de un órgano disciplinario”.

De igual manera, el abogado, consultor en Derechos Humanos y profesor universitario, Carlos Rodríguez, afirmó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos da importancia a los derechos políticos debido a que uno de sus propósitos es promover la democracia, por lo cual este proyecto se queda corto respecto a lo ordenado en el fallo.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer que este es el camino para “cumplir el control de convencionalidad que se busca con este proyecto, como lo dijimos anteriormente no puede verse como una reforma aislada, sino como una adecuación integral y sistemática” y continuó su intervención comentando que la “Defensoría del Pueblo debe estar presente en este Proyecto y destinarse un capítulo en el que se destaque el papel de la defensa  que realiza la misma a quienes no cuenten con los recursos de esta naturaleza”.

El abogado y especialista en Derecho Constitucional, Gustavo García, hizo un llamado para aclarar el procedimiento legislativo que se debe adelantar en el marco de este proyecto. “Se debe cuidar este proyecto y darle la validez que se merece para fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger a las instituciones”, agregó.

Reviva la sesión de la Audiencia Pública de la Comisión Primera, a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=qYUpIu-r_Kk

(Imagen de referencia Procuraduría General de la Nación)