Gobierno radica proyectos para fortalecer la fuerza pública y defensa ciudadana

Con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, actualizar el marco jurídico ante los desafíos tecnológicos y dignificar la labor de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso cuatro proyectos de ley de alto impacto que fueron explicados por los ministros de Defensa y de Tecnologías de la Información, en compañía de altos mandos militares y legisladores.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá Julio 31 de 2025 (Prensa Senado) Durante la el evento en el Senado de la República se radicó el Proyecto de Ley 75 de 2025, que regula el uso, fabricación, comercialización y control de drones y sistemas antidrones, así como el Proyecto de Ley 76 de 2025, que expide una nueva Ley de Defensa Nacional. Esta última propone la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional, para articular estratégicamente todas las capacidades del Estado y la sociedad en materia de defensa.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, alertó sobre el uso criminal de aeronaves no tripuladas y explicó que se han registrado 162 ataques con drones este año, lo que representa un incremento del 138% respecto al anterior. La nueva ley propone sanciones penales y administrativas, la creación de registros nacionales y una regulación interinstitucional que involucra a la Aeronáutica Civil, la DIAN, MinTIC y el Ministerio de Transporte.

En cuanto a la nueva Ley de Defensa Nacional, el ministro destacó la importancia de articular capacidades existentes en el Estado, garantizar la supremacía del poder civil y mantener una alineación con el derecho internacional humanitario. Con esta ley, se busca consolidar una estructura que responda de manera eficaz a los desafíos estratégicos, operacionales y tácticos de la seguridad nacional.

Adicionalmente, se presentó un proyecto para reformar el estatuto de los soldados profesionales e infantes de marina, vigente desde hace 23 años. Esta reforma incluye la creación de un nuevo régimen de carrera, mejoras salariales, formación integral y la profesionalización por áreas. También establece mecanismos para el ascenso y protección de los derechos laborales, así como garantías para las familias de quienes fallecen en el cumplimiento del deber.

Finalmente, se propuso una reforma a la Ley de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, aumentando el aporte estatal del 4% al 5% y ampliando su portafolio para ofrecer más servicios, como créditos para educación y libre inversión. Esta caja ha entregado más de 350.000 soluciones de vivienda en sus 78 años de funcionamiento, y se proyecta como un pilar para el bienestar del personal uniformado.

Los ministros coincidieron en que estos proyectos no tienen orientación partidista, sino un propósito superior de defensa de la vida, del orden constitucional y del bienestar de quienes arriesgan su vida por Colombia. “Si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad”, concluyó el ministro Sánchez.