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Senadores apuestan por acabar la mortalidad minera

Desde el Congreso hacen un llamado al  gobierno nacional, y establecen mecanismos por reducir los índices de accidentes laborales en las minas de Colombia.

Por Juan Sebastián de la Ossa Romero

Bogotá D.C, noviembre 23 de 2023 (Prensa Senado).  A un nutrido debate de control político en la Comisión Quinta de Senado, fueron citados el presidente de la Agencia Nacional de Minería, junto a los viceministerios de Minas, Trabajo y delegados de otras entidades estatales, con el fin de conocer las medidas adoptadas frente a la mortalidad minera y las decisiones que se toman en torno a los diferentes eventos que enlutan a las comunidades víctimas de esta práctica.

Para la senadora citante Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el debate tiene como objetivo hacer un llamado para que la vida de los trabajadores mineros valga la pena y deje de estar asociada a la cotización de los minerales colombianos a nivel internacional. Según la congresista, cada vez que aumenta el precio del carbón o el oro, lo hace también el índice de accidentalidad y mortalidad en las minas del país.

 “Se le puso precio a la vida, cada minero en este país tiene un precio, cuando se aceleran los precios internacionales, se acelera la industria y las ganas  de aprovechar el auge en que matan a los mineros” señaló Zuleta, quien dedicó el debate a las víctimas y solicitó a los ministerios de salud y trabajo, vigilar el precio en las bolsas internacionales, para  dar paso a una fiscalización e inspección que promueva la seguridad en estas labores.

En respuesta, el senador del Partido de la U, José David Name, expuso que lo más relevante en esa problemática, era la legalización de todos los pequeños mineros, y atacar directamente a las mafias que hacen minería ilegal. Según Name Cardozo, existen tres accidentes principales como  geo mecánica, atmosfera contaminada y la explosión, destacando  que los accidentes de esta última, se daban por la gran concentración de gas que existen en esos títulos mineros de los cuales se tienen registro.

 Para el senador del Partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, la agencia nacional de minería, Solo hace control y seguimiento, a los títulos mineros legales, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional, a que enfrente la realidad frente a esta problemática, y exhorto a las autoridades a  tramitar las solicitudes de los títulos mineros que están esperando para su legalización, y contribuir así a la disminuir de los índices mortales.

Intervención de los citados

El presidente de la agencia nacional de minería Álvaro Pardo, destacó la reducción de la tasa de mortalidad, sin dejar a un lado su preocupación, calificando la situación como un fenómeno estructural, y no coyuntural, el cual ha cobrado más de 2.000 muertos en 20 años, generados por la informalidad. “Si existe un derrumbe en una mina ilegal, no dejamos de socorrerlos, porque son vidas de colombianos, de ciudadanos y ahí hemos estado presente”, resaltó Pardo al indicar que la entidad concentra esfuerzos en capacitaciones y renovación de equipos de salvamento.

Para la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo,  es necesario trabajar en una base de datos conjunta, o un  reporte único en estos riesgos, ya que existen empresas formales que no legalizan a sus empleados, negándoles  seguridad social, haciendo que estos trabajadores no se encuentren en el radar de las autoridades competentes, debido a que las ARL, solo reportan a los mineros formalizados.

Proyecto que busca regular el cannabis pasó en tercer debate

“El propósito es regular la venta de cannabis de uso adulto con el objetivo de combatir la violencia generada alrededor de las economías ilegales que actualmente la comercializan, así como de respetar las libertades individuales de quienes decidan consumirla de manera responsable”, Senador Humberto de la Calle.

Bogotá D.C, noviembre 22 de 2023. Con 15 votos a favor, fue aprobado por la Comisión Primera de Senado, el proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política, donde se regulariza el cannabis de uso adulto.

La Senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, ponente en primer debate de esta iniciativa legislativa, celebró la aprobación, indicando que en Colombia la regularización del cannabis podría representar 435 millones de dólares para 2025 y la creación de 17 empleos por hectárea cultivada.

"El cannabis es, según el Washington Post, 100 veces menos peligroso que el alcohol y menos adictivo, no existen registros de muertes por sobredosis de cannabis. Se estima que para 2027, el mercado legal del Cannabis superará los 90 mil millones de dólares en el mundo y en Estados Unidos”, aseguró Pizarro.

Por su parte, el representante Juan Carlos Losada del partido Liberal, autor de la iniciativa, manifestó “seguimos avanzando en una regulación que les quite el negocio a las mafias, con enfoque en prevención, salud pública, protección a la niñez y oportunidades económicas para las regiones”.

Agregó, “el proyecto plantea un licenciamiento que estará a cargo del Estado, para evitar que cualquier persona pueda comercializar el cannabis. Un segundo punto clave serían las restricciones para los menores, que va de la mano a las prohibiciones geográficas, es decir que no se podrá vender, consumir o portar en los entornos educativos, como colegios y alrededor de las universidades”.

A este proyecto de acto legislativo, le restan cinco debates, continúa la discusión en la plenaria de Senado.

Por otra parte, los miembros de esta célula legislativa también aprobaron, por unanimidad, el proyecto de ley mediante el cual se asignan competencias transitorias a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- en materia de alimentación para atender situación humanitaria en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata y similares.

La Senadora Clara López del Pacto Histórico ponente en primer debate, manifestó que es un proyecto de urgencia para impedir una posible crisis humanitaria en el sistema carcelario del país. Busca otorgarle una competencia transitoria a la USPEC para continuar con el servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad que están en detención preventiva.

Así mismo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó el sentido de esta ley es permitirle a la USPEC seguir alimentando a las personas privadas de la libertad no condenadas hasta junio del año 2025 con el compromiso de hacer una nueva legislación definitiva que le dé una respuesta satisfactoria posible a esa problemática.

Link de la transmisión: https://www.youtube.com/live/nPczSug6hWU?feature=shared

 

La EPS Savia fue intervenida de manera hostil sin escuchar a sus socios.

Bogotá 22 de noviembre de 2023. En debate de control político, el Congreso de la República, señaló posibles irregularidades en la intervención a la EPS SAVIA, entidad de propiedad del departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y en un mínimo porcentaje del sector privado.

El congresista, Jhon Jairo Roldán del partido Liberal, hizo reparos al superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López, por escoger un interventor que no es de origen antioqueño, indicando, “hoy un millón 700 mil antioqueños tienen el servicio de salud en riesgo porque se nombró a un interventor que no conoce el departamento”.

Aclaró que el interventor, Edwin Carlos Rodríguez, tiene todos los méritos profesionales, pero “su interventoría no ha mejorado el servicio, por el contrario, hay preocupación en la ciudadanía porque no hay entrega de medicamentos y se interpreta que fue una intervención hostil”.

En el mismo sentido, el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemus Uribe, agregó “el 92 por ciento de los afiliados es de estratos bajos, quienes han mostrado su inconformidad aumentando las quejas a 7 mil 600. Hoy el objetivo es que se devuelva SAVIA a los antioqueños para corregir las fallas”.

De otra parte, la senadora Aida Avella Esquivel del Pacto Histórico, recordó   que “desde que apareció la Ley 100 seguimos en crisis, lo afirmó en anterior superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, porque la corrupción es la que no ha permitido que mejoremos, pensando que con esta ley se mejoraría el sistema”.

Entretanto, la senadora Liliana Benavidez del partido Conservador, manifestó “las mayorías de las EPS se han liquidado por el mal manejo, vemos que la EPS ENSANAR que cubre los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño, que tiene un millón 820 mil afiliados fue intervenida en el 2022 donde se realizó la cesación de servicios”.

Agregando el siguiente cuestionamiento, “por qué muchos servicios no se están prestando, como el de cirugía, por qué la interventoría no hace público los pagos, o mientras se organiza la parte financiera, se evita perjudicar a los proveedores y pacientes”.

De parte de la gobernación de Antioquia, Luz Helena Gaviria manifestó “aclaramos que pese a no cumplir en 5 medidas si adelantamos en 14 de los puntos propuestos por la Superintendencia de Salud, pero lamentamos que no fuimos llamados cuando se tomó la medida de intervención”.

En respuesta aclaratoria el superintendente, Ulahy Beltrán, afirmó “en el periodo del anterior superintendente, Fabio Aristizabal, estaban 3 EPS en crisis; Savia, Coomeva y Medimas, donde se tomó la determinación de liquidar a dos en su administración, mientras Savia tenía varias prorrogas”.

Añadió, “desde la Superintendencia venimos haciendo desde el pasado, seguimiento a las órdenes, de modo que la intervención realizada no tiene orígenes políticos y menos acciones arbitrarias, lógico que cuando se realiza una intervención se toman medidas de choque”.

Por su parte, el director de la Adres, Feliz Martínez Marín, informó “el presupuesto de esta entidad es de 83.8 billones de pesos y la ejecución del presupuesto, hasta el mes de octubre es del 100 por ciento, esta entidad gira la primera semana de cada mes, exceptuando cuando la EPS es intervenida, se demora una semana más”.

El interventor de la EPS SAVIA, Edwin Carlos Rodríguez, expresó su complacencia porque en el debate no hubo inquietud por cesación de pago “estamos atendiendo todos los pagos, la red pública está plenamente satisfecha porque le hacemos el giro directo y lo publicamos, a la vez que visitamos casi todos los municipios de Antioquia.”

Al cierre del debate los senadores citantes, Juan Felipe Lemos y Jhon Jairo Roldán mostraron su descontento frente a las respuestas del superintendente de Salud y anunciaron una próxima sesión para la siguiente semana, que permita conocer nuevas medidas del ejecutivo frente al tema de la EPS Savia.