La iniciativa busca crear alternativas diferentes a la prisión, para enfrentar la conflictividad social en Colombia. 

Por:  Luisa María Llano 

Bogotá D.C., marzo 21 de 2023 (prensa senado).- Ante la secretaría general del senado de la República fue radicado el Proyecto de ley 290 que promueve el trabajo en beneficio de la comunidad como sustitutiva de la pena de prisión, es decir, que aquellas personas que hayan cometido delitos menores puedan pagar sus infracciones con trabajo. El proyecto también plantea la financiación de programas de pedagogía a los jueces y funcionarios judiciales, medidas efectivas de seguimiento y monitoreo, así como también la posibilidad de firmar convenios entre entidades del orden nacional, territorial, organizaciones sin ánimo de lucro y personas jurídicas de naturaleza privada.

El senador Guido Echeverri Piedrahita, del partido político En Marcha y ponente del proyecto, explicó que esta iniciativa es producto del Observatorio de Derechos Humanos del Sistema Carcelario que, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), representado por el director General, Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, en cabeza de Esmeralda Echeverry Castaño, instalaron en el mes de diciembre de 2022.

Argumentó que, de aprobarse la propuesta, no solo se fomenta la responsabilidad, los condenados asumen el compromiso de reparar el daño causado, obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus acciones, sino que también promueve la reintegración social al interactuar como miembros de la comunidad y lograr objetivos comunes.

El senador caldense fue enfático en firmar, “se pretende humanizar el sistema carcelario y por supuesto reducir las alarmantes cifras de hacinamiento. Todas las precariedades que viven los presos en Colombia impiden las funciones de resocialización y prevención especial de las penas. Así, mientras en el año 2008 había 69.979 personas en establecimientos supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para diciembre de 2018 eran 119.172 personas”.

Cabe anotar que la iniciativa está dirigida solo para delitos de menor impacto, aquellos que no superen los 8 años de condena.

Con 14 votos a favor y ninguno en contra, la comisión primera de senado aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley Sara Sofía”, que busca facilitar la denuncia y la búsqueda de menores de edad perdidos, extraviados o desparecidos.

Por Eduardo Alfonso López Hooker

Bogotá D.C., marzo 21 de 2021 (prensa senado).- De acuerdo con el autor del proyecto, senador liberal Alejandro Carlos Chacón, y el ponente Fabio Amín, de la misma colectividad, la iniciativa busca adoptar la herramienta que funciona en todo el mundo, para la reacción inmediata de las autoridades y de la sociedad en la búsqueda, ubicación y recate de los niños y niñas denunciados como perdidos.

Alrededor del mundo esta herramienta es conocida como Alerta Ámbar, que consiste en que a través de la telefonía móvil celular y las diferentes redes sociales, se de aviso instantáneo a las comunidades, sobre las características físicas y la vestimenta del menor declarado como perdido, para que cualquier persona alerte a las autoridades, en caso de tener conocimiento o avistar al menor denunciado.

El propósito de Alerta Colombia, como se titula el proyecto en nuestro país, es crear mecanismos de alerta y acción inmediatas en la búsqueda de niños y niñas, que entre los cero y los 12 años, sean reportados como desaparecidos, extraviados o perdidos, para lo que se requiere el concurso de las empresas de telefonía móvil con alertas automáticas y mensajes de texto, según sea la tecnología que empleen en la prestación del servicio y el dispositivo que tengan los usuarios.

La senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, quien votó favorablemente la iniciativa, dijo en medio de la discusión, que se hace necesario integrar esta ley al sistema de alertas tempranas que está vigente en nuestra legislación, de tal manera que cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento de las autoridades hechos como la inasistencia al colegio, el maltrato físico, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado y cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad y la vida de los niños y niñas en nuestro país.

En igual sentido se pronunció el senador de la U, Alfredo De Luque, al señalar que es necesario integrar en la ley al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al igual que a las empresas de comunicaciones, a los operadores logísticos aeroportuarios, aerolíneas, empresas de transporte de pasajeros por carretera y de carga, a fin de que la respuesta sea integral e inmediata para ubicar y rescatar a cualquier menor que sea reportado como desaparecido, con aplicaciones de activación inmediata en todos los dispositivos móviles que funcionan en el país.

La “Ley Sara Sofía”, bautizada de esa manera para rendir homenaje a la pequeña cuya desaparición consternó al país.