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Aprobada en primer debate la reforma política anticorrupción

Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política

 Bogotá, septiembre 21 de 2022

El coordinador ponente, ROY BARRERAS, celebró su aprobación y afirmó que este acto legislativo tiene dos cambios fundamentales: lo primero es que cierra las listas para evitar la compra y venta de votos y el sistema corrupto clientelar, con la financiación prevalentemente estatal a los partidos no a los candidatos individualmente considerados. Y lo segundo, es que hace de obligatorio cumplimiento que las listas se integren respetando,  la paridad de género e identidades diversas, corrigiendo un error histórico del sistema electoral.

BARRERAS, agregó que, “la lista cerrada en las democracias modernas tiene varios efectos y uno de ellos es que la financiación es estatal para los partidos y no para las personas. Además, permite que lleguen liderazgos que no tengan estructuras políticas, así como que los partidos que se asumen como de gobierno, de manera que quienes ganan la elección, gobiernan. Esto permite que un partido pueda pedirle a alguien electo en lista cerrada que vaya al gobierno y esa persona acate esas decisiones del partido”.

El texto de la ponencia de la reforma política también estipula el Límite a la reelección dentro de corporaciones públicas de elección popular. Nadie podrá ser elegido para más de dos períodos consecutivos en el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.

El senador Roy Barreras (coordinador ponente), Fabio Amín, Juan Carlos García, Alfredo Deluque, Julián Gallo, Rodolfo Hernández, Paloma Valencia, Ariel Ávila y Jorge Benedetti son los ponentes de este acto legislativo.

Los puntos más importantes de este proyecto de Acto Legislativo son:

-Los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantía de universalidad, alternancia y paridad de género e identidades diversas.

 -Se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades, su incumplimiento acarreará sanciones al partido, como la pérdida de la personería jurídica.

 -La financiación de los partidos será prevalentemente estatal e irá directamente a los partidos, ya no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de intereses personal que se presenta cuando la financiación es personal.

 -Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción. Y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular, deberán tener como mínimo una militancia de 6 meses dentro de la colectividad.

 -Se autoriza por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

 -Para fortalecer la cultura ciudadana de participación en las decisiones políticas y electorales del país, se crea durante dos periodos constitucionales consecutivos, el voto obligatorio y el deber del estado de garantizar gratudidad en el sevricio público de trasnporte para la jornada electoral.

 - Congresistas podrán ir al ejecutivo.

CD radica proyectos de ‘No adoctrinamiento’ en aulas de clase

  • La colectividad también presentó la iniciativa del ABC de la creación del Bono Escolar.

 Por Ginna P. López

 Bogotá, septiembre 21 de 2022. - En la Secretaría General del Senado de la República, los senadores Paloma Valencia y Alirio Barrera (Centro Democrático) junto con el representante (circunscripción afro) Miguel Polo Polo, radicaron los proyectos, radicaron dos nuevos proyectos de ley.

 Se trata de una iniciativa que busca evitar nuevos “adoctrinamientos de izquierda en las escuelas y colegios del país”, y otro que crea un bono escolar con destino a jóvenes de escasos recursos económicos.

 La educación en el pluralismo 

 Se trata de un proyecto de ley que busca “evitar que haya adoctrinamiento en las aulas de clase”.

 Dice la propuesta de norma que: “Cuando la Constitución colombiana dijo que este era un Estado laico, se tomó la decisión de que los colegios no podían impartir clases de religión obligatorias, sino con la anuencia de los padres de familia y sobre las religiones que las familias como núcleo escogieron. Cuando Colombia consagra que es un país pluralista, significa que todos tenemos derecho a tener la ideología política en la que nos sintamos representados, y por lo tanto estamos llevando esto a la ley”, afirmo la senadora Valencia.

De aprobarse esta la iniciativa, no se permitiría que, por ejemplo, se distribuya el informe de la Comisión de la Verdad en los colegios, sin previa autorización de los padres de familia, aseguró la parlamentaria. 

 ABC de la creación del Bono Escolar 

 “Los padres deben tener la libertad de decidir sobre la educación de sus hijos”, es la premisa con la cual la senadora Valencia argumenta que los estudiantes de bajos recursos puedan también tener sus estudios en colegios y universidades privadas.

 “El bono escolar es que el Estado, en vez de pagar la plata para pagar una educación publica, le permita al ciudadano padre de familia decidir sobre si quiere que su hijo vaya a la educación privada o vaya a la educación pública”, aseguró.

 Por su parte, el senador Barrera dijo que esta es una búsqueda de la educación de los niños para que le encuentren amor a la patria, y defiendan las libertades del país, defendiendo la democracia y no adoctrinados por ningún sector

 

Tratado de recursos fitogenéticos, a dos debates de ser ratificado

  • Para ser ratificado, el Gobierno tendrá que emitir una declaración interpretativa para armonizar el articulado con la legislación andina.

Bogotá, septiembre 20 de 2022.- Con un sí condicionado a que el Gobierno Nacional presente una aclaración interpretativa y una armonización jurídica con la legislación andina, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley 176/21 por medio del cual “se aprueba el tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”.

Se trata de un tratado internacional adoptado durante el 31 periodo de sesiones de la FAO –Agencias de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- en 2001, y que cuatro años después fue ratificado por la mayoría de países firmantes. Hasta el momento Colombia no lo ha hecho.

Con 55 votos a favor, es decir la mayoría absoluta, la plenaria de la corporación aprobó esta iniciativa que busca garantizar el acceso de nuestro país a las 64 especies vegetales producidas o comercializadas por los países firmantes de este instrumento, y que nos convertirían en “una potencia mundial de alimentos”, de acuerdo con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño.

“Ratificar este acuerdo nos permite adquirir una gran trascendencia teniendo en cuenta que muchos de nuestros productos agrícolas son de exportación. No podemos esperar mucho tiempo para desarrollar la producción alimentaria en el país. Con este tratado tendremos acceso a las especies vegetales de semillas adaptadas al cambio climático”, aseguró la funcionaria tras asegurar que desde hace dos décadas ha sido una prioridad para esta cartera en todos los Gobiernos anteriores.

Por otra parte, explicó que la ratificación de este tratado internacional le permitirá a Colombia “participar con poder de decisión en el órgano rector mundial de la gobernanza alimentaria, la FAO, y servirá para el fortalecimiento de la economía campesina y popular”.

En ese sentido, la senadora Gloria Inés Flórez (coalición Pacto Histórico), y presidenta del Parlamento Andino, respaldó la iniciativa, pero dijo que es necesario “hacer una declaración interpretativa sobre los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y locales de los países miembros del tratado”, y agregó que “es necesario armonizarlo con la normativa 391 de 1996 establecida por la Comunidad Andina”.

Otros parlamentarios, como la senadora ponente Paola Holguín (Centro Democrático), defendieron la aprobación del tratado. A ella su sumaron otros legisladores como Paloma Valencia y Carlos Meissel (Centro Democrático); David Luna (Cambio Radical) y Antonio José Correa (La U).

Mientras, senadores como Paulino Riascos, César Pachón, Wilson Arias y Aída Quilcué (coalición Pacto Histórico) pidieron aplazar el estudio de la ratificación del proyecto y establecer garantías para la producción nacional y los saberes ancestrales.

No obstante, el presidente del Senado, Roy Barreras (coalición Pacto Histórico) aclaró que los tratados internacionales “no se pueden modificar: se votan sí o no”.

Al término del debate, la ministra López Montaño dijo que “el Gobierno Nacional acepta la propuesta de una declaración interpretativa del tratado para armonizarlo con la legislación andina”

De esta forma, el tratado pasa a tercer debate en la Cámara de Representantes donde debe surtir dos debates más para ser ratificado por Colombia.