“Esta ley busca impedir el nepotismo electoral y la captura familiar del estado. No se trata de limitar derechos políticos, sino de garantizar que el poder público no se herede ni se use en beneficio Propio”, destacó el coordinador ponente, senador Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal.

Por: Sebastián Alberto Solano Rodríguez.

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025. (Prensa Senado). – Con el propósito de evitar la concentración del poder político en una misma familia y también evitar el uso del poder territorial para el favorecimiento de campañas al Congreso, la Comisión Primera del Senado, aprobó un proyecto de ley que prohíbe que los familiares cercanos de mandatarios departamentales y municipales, en ejercicio, puedan aspirar al Senado y la Cámara de Representantes.

En su articulado el proyecto, presentado por un número considerable de representantes y senadores de diferentes colectividades políticas, determina que si durante el mandato de un alcalde o gobernador, su conyugue, compañero o compañera permanente, o un familiar dentro segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, se inscribe o resulta elegido como congresista, el mandatario territorial deberá renunciar a su cargo por presentarse una incompatibilidad sobreviniente, con la cual pueda beneficiar a su familiar.

También a candidaturas presidenciales y vicepresidencia

El senador Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical, presentó una proposición adicional, aprobada por la comisión, que extiende dicha incompatibilidad a familiares de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia.  “Aquí lo que se busca es proteger principios constitucionales. Moralidad administrativa, principio de igualdad, principio de representación política y principio de transparencia. Por eso me parece que este proyecto está bien concebido”.

El proyecto pasa a la plenaria del Senado y de ser aprobado continuará su trámite en la Cámara de Representantes.

La Senadora Nadia Blel, mediante proposición aprobada por las mayorías de dicha célula legislativa, logró el aplazamiento de la discusión de dicha iniciativa por falta de claridad en los recursos necesarios para la implementación del nuevo sistema de salud en Colombia.  

 Por: Paola Saldana Bejarano

Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2025. En una extensa sesión, la Comisión Séptima del Senado de la República aprobó, por siete votos a favor y seis en contra, la proposición presentada por la senadora Nadia Blel, para aplazar la discusión y votación de la Reforma a la Salud hasta que el Gobierno Nacional defina la Ley de Financiamiento, que garantizará los recursos necesarios para su implementación.

La proposición advierte que el Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado recientemente, no contempla fuentes de financiación claras ni sostenibles para poner en marcha el nuevo modelo de salud propuesto por el Ejecutivo.

Durante su intervención, la senadora Nadia Blel explicó que su solicitud responde a un criterio de responsabilidad fiscal y transparencia en el trámite legislativo: “No podemos aprobar una reforma de esta magnitud sin saber de dónde saldrán los recursos. El propio Ministerio de Hacienda nos respondió que el presupuesto de 2026 depende de la aprobación de una ley de financiamiento aún no definida. Eso sería actuar a ciegas con los recursos de los colombianos”, señaló la congresista.

La senadora agregó que el aplazamiento no busca frenar el debate, sino garantizar que las decisiones del Congreso se tomen con respaldo técnico y financiero, conforme a lo establecido en la Ley 819 de 2003, que exige un aval fiscal previo del Ministerio de Hacienda para cualquier iniciativa que implique gasto.

Por su parte, el presidente de la Comisión Séptima, senador Miguel Ángel Pinto, destacó la importancia de que el debate se realice con rigor y dentro del marco legal, garantizando la participación y el debate.

Durante la sesión también participaron el ministro de Salud y el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, quienes expusieron los avances del Gobierno en materia presupuestal. Sin embargo, varios senadores manifestaron su preocupación por la falta de claridad sobre los costos reales de la reforma y la sostenibilidad del nuevo modelo de atención.

Finalmente, la Comisión Séptima dejó constancia de que la discusión del Proyecto de Ley 410 de 2025 Senado – 312 de 2024 Cámara, que transforma el sistema de salud, se retomará una vez se defina la Ley de Financiamiento y se cuente con el marco fiscal actualizado que determine la viabilidad económica de la iniciativa.