Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, se reunieron con el fin de dar debate al Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, con el fin de reformar el Código Disciplinario.

Por: Samia Abisambra Vesga

Bogotá D.C, 1 de junio de 2021 (Prensa Senado). El Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, busca se le atribuya a la Procuraduría General de la Nación la función jurisdiccional para juzgar e investigar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, entre otros temas.

Con el Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado – 595 de 2021 Cámara, se pretende dar cumplimiento a la Sentencia del 8 de junio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señaló la necesidad de generar mayores garantías para los destinatarios de la ley disciplinaria y ordenó al Estado colombiano a adecuar el ordenamiento jurídico interno.

Una vez realizada la votación de los impedimentos se dio lectura, exposición y votación de las ponencias de primer debate del proyecto de ley que busca fortalecer las garantías que requieren las actuaciones disciplinarias contra los servidores públicos.

El senador Fabio Amin (Partido Liberal), coordinador ponente del proyecto de ley, comentó que este proyecto busca dar cumplimiento a la sentencia del 8 de junio de 2020, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señaló que “se hace necesario generar mayores garantías para los destinatarios de leyes disciplinarias en aplicación del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte, el senador Roy Barreras (Partido de la U), quien solicitó archivar el proyecto, informó que este proyecto convierte a la misma Procuraduría en juez y, continuó diciendo que, “si bien es cierto que el artículo 116 de la Constitución permite entregarles funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas de manera excepcional, el destituir o suspender a un funcionario no es una facultad excepcional, sino general”.

En este mismo sentido, el senador Rooslvert Rodríguez (Partido de la U), manifestó que la Procuraduría es un organismo de control y no podría otorgárseles funciones disciplinarias. Para el senador darle funciones jurisdiccionales a esta entidad riñe con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política que establece cuáles son las instituciones que administran justicia.

Por su parte, para la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) este proyecto de ley debe archivarse debido a que “no es posible volver a la Procuraduría en juez; el juez no contará con independencia judicial; y el fallo debe interpretarse de forma literal”. Asimismo, el senador Julián Gallo (Partido Comunes) comentó que el proyecto no solo no cumple por lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se está haciendo es “otorgarle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, violando abiertamente la sentencia de la Corte”.

Para la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) “el proyecto de ley cuenta con aspectos positivos y negativos; dentro de los negativos se encuentra la ampliación de la planta de la Procuraduría” y concluye comentando que el problema no es la iniciativa, sino el diseño de las instituciones.

Las Comisiones Primeras Conjuntas finalizarán el debate el día 2 de junio.

Reviva la sesión de las Comisiones Primeras Conjuntas en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=jTqxWjfhnqA

(Imagen de referencia Ámbito Jurídico) 

Gremios, jóvenes estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, la Academia y la Iglesia católica participaron de este Foro organizado por las comisiones conjuntas económicas (Tercera del Senado y Cuarta de Cámara).

Por Carlos Eduardo Luna Silva

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2021 (Prensa Senado). Con una participación masiva de diversos sectores de la sociedad, las comisiones conjuntas económicas (Tercera del Senado y Cuarta de Cámara) escucharon las propuestas y los planteamientos que cada uno tenía para tratar de encontrar ‘La ruta para la recuperación y reactivación económica’, nombre que llevaba el Foro que los convocó.

En términos generales, los gremios concuerdan en la necesidad de terminar con los bloqueos y la violencia en las calles, pues los pequeños y grandes empresarios han sido los más afectados con la situación, especialmente con la disminución del empleo.

Por ejemplo, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), reveló que “las perdidas por el exceso de vandalismo y violencia asciende a más de 4 billones de pesos, a hoy. Además, se han cerrado temporalmente cerca de 40 mil establecimientos de comercio, de micro, pequeñas y medianas empresas, generando un efecto devastador de 300 mil empleos aproximadamente”.

Por eso, insiste en que “la ruta pasa por el levantamiento de los bloqueos y acabar con todas las manifestaciones de violencia y criminales que se dan por todo el país, pues esto ocasiona más destrucción y pobreza en Colombia”, explicó Cabal Sanclemente, quien agregó que es necesario “un plan de reconstrucción económico, social y de empleo, especialmente en las regiones más golpeadas, y fortalecer el emprendimiento y activar un plan de reemprendimiento, no necesariamente vía créditos si no con inyección de recursos para reiniciar”.

Para la presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero Castro, “según el DANE, más de medio millón de establecimientos fueron cerrados por la pandemia, crisis a la que se le suman las manifestaciones y los bloqueos, que ha frenado el acceso a insumos y materias primas. Los costos en materia prima e insumos se han incrementado entre el 30% y el 220%. Eso dificulta la operación”.

Por esta razón, Quintero Castro propone “cambios significativos como modificar los calendarios de Renta, IVA y régimen simple, además de los intereses moratorios y regímenes sancionatorios para empresas que no han podido pagar sus impuestos”.

En ese mismo, Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional, explicó que “hicimos un esfuerzo por conservar el empleo; cerca del 63% mantuvo la nómina, pero se dio al traste con la situación del Paro Nacional. Es muy importante escuchar los anhelos de una sociedad, en cuanto a pobreza e inequidad, pero de persistir los paros, las empresas han anunciado que difícilmente podrán mantener los empleos, y poder así enganchar en esa senda de la reactivación.

“Lo que no podemos aceptar es que sigan los bloqueos, porque el 34% de las firmas dice que no puede reiniciar y tendrá que hacer un cierre temporal, mientras que el 15% dice que cerrará completamente”, concluyó el líder gremial.

Lo que proponen las organizaciones sociales

Según Luis Francisco Maltez Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “Debe realizarse un gran debate sobre las zonas grises que están en el estatuto tributario, porque esas zonas pueden permitir que algunas empresas tributen menos de lo que deben. También el tema de los famosos capitales que hay en el exterior, donde hay más de 370 billones de pesos y ellos no están tributando.

“Necesitamos que el gobierno sea serio. Se ha hecho una misión tributaria y esa misión ha hecho unas recomendaciones, entre ellas lo referente a las zonas francas, que actualmente corresponden a menos del 0.4% de las exportaciones. ¿Para qué una misión cuyas recomendaciones no se van a tener en cuenta?”, cuestionó el líder sindical.

Al referirse al Paro nacional, Higinio Obispo, consejero secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró que “lo del 28 de abril fue una explosión, fue un pretexto para mostrar un descontento que no fue solo por la Reforma Tributaria. La gente sigue reclamando unas necesidades que el Gobierno no ha sido capaz de resarcir”.

Ante la crisis, el representante indígena enfatizó que “no podemos analizar temas sin fijarnos en lo estructural. Este Paro lo que muestra es que se deben tomar medidas estructurales y profundas, porque donde hay hambre y pobreza, siempre habrá violencia, pues el pueblo se va a levantar”.

Las recomendaciones de los jóvenes y la Academia

“La reactivación económica es esencial para los reclamos que estamos exigiendo en las calles. Hay interés de todos los que estamos aquí reunidos para salir de esta situación, pero falta la voluntad política del Gobierno”, señaló Jennifer Pedraza, hasta hace pocos días vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), quien agregó que “el 42% de la población está en pobreza, es decir que ganan menos de 357 mil pesos al mes”.

De ahí que “la renta básica se plantea para suplir esta necesidad y se convierte en un pilar fundamental de la reactivación económica porque estimula el consumo. No es suficiente con cubrir los parafiscales del empleo juvenil. Es una medida acertada del Gobierno, pero insuficiente”, reconoce la líder estudiantil.

En su intervención, Valentina Zapata, representante estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, indicó que “no es raro que la juventud se levante y tenga una movilización masiva, pues ha sido la destinada a trabajar en call centers o plataformas como Rappi. Por eso proponemos que el Gobierno nacional invierta menos en la guerra y más en soluciones para la educación, más allá de los créditos”.

Al referirse a una salida a la consecución de los recursos, el profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Orlando Villabona Robayo, quien también pertenece al grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la misma institución, explicó que “el país solo se financia con impuestos y con deuda, porque vendió sus negocios y con eso perdió sus rentas. Esta situación es peligrosa a largo plazo, porque sumado a esto la economía colombiana tampoco genera valor agregado”.

Dicho esto, para el académico, “el estatuto tributario es una colcha de retazos y jamás se ha hecho una reforma tributaria progresiva, donde los más ricos paguen más impuestos”. Por ejemplo, “las personas naturales están pagando muy poco impuesto de renta en Colombia. Actualmente está en el 1,3% y debería llegar al 8%. Otra evidencia de que nuestro sistema tributario es regresivo es que la pobre paga el 30% de su ingreso total, mientras que el rico el 1,5% de su utilidad”, reveló Villabona Robayo.

A modo de conclusión, el padre Jorge Bustamante, representante de la Conferencia Episcopal Colombiana, aconsejó que “es momento de emprender juntos un modelo de desarrollo humano integral. Es decir, avanzar hacia la reconciliación, sin perder de vista que es un camino arduo y de perseverancia. Por eso es urgente abrir los canales para el diálogo social y aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y resolverlas”.

El Foro continuará mañana martes 1° de junio, pero de manera semipresencial, en el recinto del Congreso de la República.

De esta manera, el Senado de la República, en unión con la Cámara de Representantes, sigue abriendo espacios de diálogo social con el único propósito de encontrar una salida que reúna todos los puntos de vista posibles.

Puede volver a ver el Foro completo, en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=WOUNaNTlM1o