De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15 % de la población mundial vive con alguna discapacidad y en Colombia se llega al 5.5 %.

Por Lina Martínez.   

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025 (Prensa- Senado). -  La iniciativa busca que Colombia se adhiera al “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006”, un acuerdo internacional con el fin de fortalecer las acciones en favor de la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

El proyecto solo le falta la discusión y votación en el último debate en el Congreso y estaría en la agenda de la plenaria del Senado, ya que se encuentra con ponencia favorable de los senadores Lidio García Turbay (Partido Liberal) y José Luis Pérez, (Cambio Radical).

El proyecto surge como resultado de la demanda global de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean respetados en condiciones de igualdad.

En Colombia, la Convención fue aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-293 de 2010. No obstante, el Protocolo aún no se encuentra vigente en el país, razón por la cual se espera que se aprueba el proyecto de ley en mención para que sea una realidad y se ponga en práctica en Colombia.

En la exposición de motivos del proyecto se menciona que la adhesión al Protocolo representa un paso fundamental para consolidar un marco de protección más sólido y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

El proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional en agosto del 2024 en la Secretaría General del Senado de la República y si es incluido en la normatividad permitirá que a mediano plazo se generen condiciones más favorables para responder de manera efectiva a las obligaciones derivadas de la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención, para beneficio de las personas discapacitadas.

En desarrollo de este compromiso, la Ley 2281 de 2023 creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y, mediante el Decreto 1075 de 2023, se estableció su estructura orgánica y entre sus dependencias se encuentra la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adscrita al Viceministerio de las Diversidades, lo que representa un avance institucional para atender de manera unificada a esta población.

Si la iniciativa es aprobada por la plenaria del Senado, pasa a sanción presidencial.

La senadora Sonia Bernal, Pacto Histórico, enfatizó que “el oligopolio de los molinos dificulta la estabilización de los precios del arroz. Queremos que los industriales ganen pero que no sea a costa de la pérdida del productor lo que amerita que se tenga molinos en diferentes puntos donde se siembre el arroz para mayor estabilidad en los precios del grano y que se cumplan las resoluciones acordadas”.

Por: Keir Ernesto Villero

Bogotá 19 de agosto de 2025 (Prensa Senado) La comisión accidental del senado de seguimiento a los acuerdos del al paro arrocero pidió acuerdos estructurales para la solución a los agricultores del grano en Colombia, así lo afirmó la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico quien dijo, “Colombia es un país arrocero no solo porque abastece la demanda nacional sino porque son miles de familias que dependen de este cultivo, medio país cultiva arroz”.

La legisladora Sonia Bernal abogó por el sector del arroz indicando “son cerca de 400 mil colombianos que dependen de este sector y el problema tal como coincidimos entre todos es que viene desde hace 40 años lo que indica  que la solución debe ser de forma estructural, por lo tanto  hoy valoro lo que viene haciendo el gobierno en cabeza de la ministra Martha Carvajalino , de poner todo un equipo  de manera articulada, como el ministerio de Comercio exterior, la superintendencia de industria y comercio junto a los empresarios para un gran acercamiento de solución”.

La congresista Sonia Bernal (PH) argumentó “es importante lograr unas salidas inmediatas sobre precios y el tema con los molineros porque, los productores llevan cerca de 15 o más días en espera que dichos molineros les reciban el arroz, aunque hasta ahora lo comenzaron a recibir, pero no le informan sobre los precios, generando incertidumbre en el agricultor que siembra con la ayuda de préstamos, los cuales debe cumplir en tiempo estipulado”.

Por su parte la ministra de agricultura Marta Viviana Carvajalino señaló “damos gracias al congreso de abrir esos espacios que nos permite dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos que hemos tenido con los arroceros, el arroz es el último de los cereales de gran producción en Colombia y es una reserva estratégica para la soberanía alimentaria”.

La alta funcionaria del estado expresó que “hemos tomado la decisión de la libertad regulada de precios, que hoy permite tener un precio fijo, la situación que viene afrontando el sector nos permite hacer una convocatoria de todo el sector, incluyendo a los industriales, molineros, ´productores y comercializadores para mantener un buen precio en el arroz y siga llegando a la mesa de todos los colombianos”.

Finalmente el coordinador de la comisión accidental del sector agrícola, senador Carlos Julio González (CR) coincidiendo con todos los intervinientes, “este es un problema que viene desde hace más de 40 años y que abordamos de manera estructural  los puntos que permitieron levantar el reciente paro arrocero que se originó por las grandes pérdidas de los arroceros Colombianos”.

El senador Carlos Julio Gonzales enfatizó, “la situación estaba quebrando a los productores de base, por el alto costo de producción, el costo de los agro insumos el valor difícil de lo que significa unas importaciones desbordadas y el contrabando que viene quebrando al arrocero nacional perjudicando finalmente al consumo de la canasta familiar, razón por la cual realizaremos una reunión con todos los que tienen que ver con este sector la próxima semana”.

En el mismo sentido los senadores Richard Fuelantala (AICO) y Esperanza Andrade (PC) se unieron a la intensión de la comisión y el gobierno de encontrar prontas salidas a los temas arroceros donde se todos los sectores, teniendo en cuenta las medidas regulatorias a la importación y el contrabando.