Senadores y Representantes coincidieron en que el Acuerdo de Escazú debe tener un análisis más profundo antes de abarcar las ponencias,  escuchar a los grupos éticos y llevar el debate a las regiones.

Por: Cristian Granados

Bogotá D.C.,  noviembre 4 de 2020, (Prensa Senado). Con el direccionamiento del senador Juan Diego Gómez Jiménez, se desarrolló la sesión conjunta de Cámara y Senado, en la cual se pretendía presentar tanto la ponencia negativa como la ponencia positiva del PL 057 Senado “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; adoptado en escazú, Costa Rica”.

Durante la discusión de la iniciativa se presentaron varios argumentos por parte de los integrantes de esta célula legislativa, así como del Gobierno Nacional; lo que llevó a aplazar la discusión del proyecto hasta que se realizarán varias audiencias que permitan socializar con la comunidad la ratificación del Acuerdo de Escazú.

La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum dijo que este proyecto gira sobre 3 ejes fundamentales:
- Acceso a información ambiental
- Participación pública en asuntos ambientales
- Acceso a la justicia en temas ambientales.

“El compromiso del Gobierno con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, está firme, es una decisión consistente para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, así como la contaminación”, puntualizó la Canciller.

Postura de los congresistas

“En memoria de los defensores ambientales que han sido asesinados, el Acuerdo de Escazú debería ser ratificado sin ningún obstáculo. En 2019 fueron asesinados 64 líderes y hace días tuvimos que lamentar el asesinato de Juana Perea en Nuquí”, aseveró el senador Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde.

De su parte, el senador Ernesto Macías del Centro Democrático, dijo “No he firmado ninguna ponencia con el argumento de que yo hice una solicitud al Ministerio del Interior frente a la consulta previa, partiendo de que varias comunidades o grupos étnicos también la solicitan. A hoy, no conozco ninguna respuesta. Sugiero que se dé el espacio para que se escuchen a las comunidades que piden una consulta previa y de esta manera se logre discutir las ponencias de una mejor forma.”

Con el ánimo de llegar a un acuerdo mancomunado, el senador Berner Zambrano, se declaró de acuerdo con ratificar el Acuerdo de Escazú al manifestar: “se deben reglamentar las consultas previas. El desarrollo de grandes obras de infraestructura está parada por falta de reglamentación de las consultas previas".

A su turno el senador de Colombia Justa y Libre, John Milton Rodríguez, manifestó su preocupación sobre el proyecto al considerar que “este Tratado afectaría la autonomía de la Nación donde hay regulación y leyes, acerca de cómo cuidar el medio ambiente. Por eso el Partido Colombia, Justa Libre pedirá archivar la iniciativa, destacó”.

Sustento gubernamental

Por su parte, el viceministro para la Promoción de la Justicia, Francisco José Chaux complementó lo expuesto por la Ministra diciendo: “es importante enfatizar que la ratificación del Acuerdo de Escazú refuerza el debido proceso dentro de las actuaciones en materia ambiental. En Colombia no existe una jurisdicción Ambiental”.

Dando participación a la academia, intervino Lina Muñoz Ávila, directora de la Especialización y Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, y miembro de la Alianza de Escazú. Esta académica soporta que este tratado no afecta la inversión, por lo que agregó "lo que sí afecta la inversión, es que los proyectos se detengan por falta de reglas claras en materia jurídica. La legislación que existe no es suficiente, por ello es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú".

Antes de concluir, planteó una reflexión para todos los integrantes de la Comisión Segunda Conjunta presentes, para entrar en el debate: “señores Congresistas, ustedes mejor que nadie saben que los Gobiernos no son eternos, y cada vez se oye con más fuerza la voz de ciudadanos para que se dé el acuerdo. Poco a poco, todas las regiones se irán incorporando y el acuerdo estará en vigor que unen la cusas”.

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Escaf, invitó a apoyar este acuerdo y dijo: “el Gobierno cumple con los actores sociales y ambientales del país al solicitar al Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este Acuerdo es una oportunidad para brindar mejor seguridad jurídica”.

Finalmente, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo, cerró la participación de los entes gubernamentales manifestando: “el proyecto para Ratificar el Acuerdo de Escazú, es una iniciativa transparente que Colombia necesita. Es necesario que exista un registro en materia ambiental. No hay renuncia a la soberanía al aprobar este tratado”.

Tras 4 horas de sesión, la Comisión Segunda Conjunta acordó que se apoyaría la propuesta planteada por el presidente, senador Juan Diego Gómez quien invitó a llevar a cabo dos foros regionales para dar curso al debate sobre el Proyecto de Ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú.

Reviva lo desarrollado en esta Comisión al hacer clic en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hOXNjDKS-W0

Mientras el gobierno Nacional respalda las iniciativas, los representantes de las plataformas, dividen sus opiniones, por cuanto, para unos el sistema sería insostenible.

Por María Fernanda Villegas Forero

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Séptima de Senado, realizó una audiencia pública sobre tres Proyectos de Ley 085, 221 y 246 de 2020 Senado, acumulados, que abordan la relación laboral entre las plataformas digitales y sus colaboradores.

La senadora Mila Romero del partido Centro Democrático realizó una presentación sobre el objetivo de los proyectos, los cuales buscan establecer que la base de cotización para los aportes del contratista sea entre el 40  y el 50 por ciento del total de los ingresos pagados por la plataforma o Empresa de Intermediación Digital al contratista colaborador.

Así mismo que los aportes al Sistema de Riesgos Laborales sean asumidos en su totalidad por la plataforma. Por tal motivo, se contemplarán los aportes a la Seguridad Social, para efectos de la validez del contrato, el cual se exigirá que el colaborador contratista esté afiliado al Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Riesgos Laborales.

Voces del Gobierno

Los representantes del Gobierno Nacional manifestaron estar de acuerdo con estas iniciativas por considerar, según Andrés Uribe del Ministerio del Trabajo «van encaminados en darle seguridad social a un grupo de población que, por aparentes vacíos legales, hoy no tienen esa protección y lo que se busca es darles seguridad social a los llamados colaboradores de las plataformas».

En este mismo sentido se refirió el Plinio Bernal del Ministerio de Salud: «Los proyectos son necesarios toda vez que regulan la relación jurídica existente entre las personas que prestan servicios en las plataformas de servicios digitales, propendiendo por su afiliación al sistema de seguridad social integral».

Por su parte, Nataly Figueroa del Ministerio de Tecnologías afirmó que desde esta cartera están revisando todas las propuestas del Congreso para beneficio del pueblo colombiano. En su intervención el José David Quintero, del Ministerio de Comercio sostuvo que estos proyectos están acordes con la política del Gobierno nacional que busca impulsar el emprendimiento.

Invitados

En general, manifestaron su satisfacción  por estas iniciativas que pretenden reconocer derechos laborales y garantías a los trabajadores de plataformas digitales, que para Ignacio Gaitán de Impulsa son un activo estratégico e importante para el país, «así quedó demostrado en esta pandemia».

En su intervención, Juan Miguel Villa de Colpensiones rescató que en el PL 085/2020 se formaliza la relación contractual de las plataformas con sus colaboradores, desde el punto de vista comercial y de relación civil. María Fernanda Quiñonez, de la Cámara de Comercio Electrónico, le parece urgente la regulación de la protección social sobre todo de cara a poder darle seguridad jurídica al desarrollo de este tipo de modelos de negocios, protagonistas en estos momentos de crisis.

Representando a la Cámara Colombiana en Informática, Alberto Yohai, celebró los esfuerzos del Congreso de la República en esta materia, «Las plataformas se han convertido en un salvavidas para las personas, en momentos difíciles han podido entregarle soluciones de abastecimiento y también de empleo a muchísimas personas».

Santiago Pinzón representante de la ANDI, igualmente, valoró la voluntad política y capacidad de los diferentes órganos Gobierno y Congreso, que en esta coyuntura, están buscando tomar la decisión más oportuna.

La mirada desde la academia estuvo a cargo de Iván Jaramillo del Observatorio Laboral Universidad del Rosario que con respecto al tema afirmó: «Hay una fuerte presencia de trabajadores migrantes y la estrategia económica es un factor importante, es un tema de recuperación de pobreza extrema y acceso al trabajo que nos cuesta tanto a los colombianos».

Gremios de plataformas digitales

Mientras que Juan Sebastián Roso de Región Andina Rappi respalda el reconocimiento de las normas de esta nueva realidad tecnológica, como fundamental para generar competitividad y oportunidades en nuestro país, para Oscar Cadena de Uber «Las propuestas de pago compartido de seguridad social en modelos como movilidad, que basan sus ingresos en una comisión por una intermediación de un servicio, hace que estos modelos se vuelvan básicamente insostenibles».

Una mirada internacional

Como representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  Janne Berg considera que así se traten de plataformas digitales: «Todos los trabajadores independientes de su modalidad contractual o de su situación laboral también deben gozar de una protección adecuada que le garantice condiciones de trabajo humana para todos».

Las voces del sindicato

Para Andrés Barbosa de Unión Trabajadores de Plataformas considera «que todos los trabajadores de plataformas digitales pertenecemos a la modalidad de economías colaborativas, de una forma equivocada, ya que existen algoritmos y asistencia por chat que dan la figura de subordinación, al recibir una orden de pedido y de servicio y al tener la disponibilidad de tiempo para ellas». En esta misma línea se pronunció Germán Díaz del Sindicato Agremiar: «somos trabajadores de dependientes, no prestadores de servicio, importante tener en cuenta a favor de los trabajadores costos y gastos de operación».

Por su parte, David Luna, presidente de Alianza afirmó que se deben hacer ajustes normativos entendiendo los modelos de negocios existentes, porque ve que los proyectos no gozan del respaldo de los trabajadores ni de algunas de las empresas «motivo por el cual vale la pena hacer un análisis muy juicioso para determinar qué sucede».

Cierre de sesión con senadores de la Comisión 

El senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, autor de uno de los proyectos de ley en su intervención afirmó que se busca regular pago del aporte de seguridad social a las personas que trabajan a través de estas plataformas, creando una categoría especial.
        
A manera de conclusión y luego de haber escuchado a todos los gremios que hacen parte de este tema de las plataformas digitales, la Comisión Séptima tendrá en cuenta todos los elementos planteados, para hacer una ley lo más equitativa posible.

Sin embargo, la senadora Victoria Sandino (Partido Farc) consideró que se debe citar a otra audiencia pública para escuchar a más sectores de los trabajadores en Colombia «a mí me queda la impresión de que las riquezas de estos negocios digitales no la generan la rentabilidad de lo digital, sino los seres vivos que hay detrás de             todo este sistema de empresas», por lo tanto, se debe lograr su bienestar.

La senadora Mila Romero (Centro Democrático) insistió en que lo que buscan realmente los proyectos es ayudar al trabajador y hace un llamado a que entre todos busquen esa armonía, idea que comparte la senadora Aydeé Lizarazo (Partido Mira):  «recojamos entre todos lo mejor, para que al final del trabajo legislativo que vamos a hacer llegamos a un consenso».

Finalmente, el senador Ritter López, presidente de la Comisión Séptima agradeció a los participantes de la audiencia pública: «Esta información que hemos recibido va a ser un insumo primordial a la hora de estudiar y mejorar estos tres proyectos y convertirlos en uno solo para beneficio del trabajador colombiano, de esas personas débiles que hoy, por supuesto no están recibiendo sus prestaciones sociales».

Reviva la sesión de la audiencia pública en el siguiente enlace: https://cutt.ly/4gDvoex