“Corrupción, narcotráfico, pobreza y miseria generan guerra en nuestro país y el asesinato de los líderes sociales son ideológicos por pensar distinto que otros”: senador Edgar Palacio Mizrahi.
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Representantes de comunidades del Cauca, Meta, Valle, San Andrés Islas y Bogotá denunciaron que las amenazas y asesinatos han aumentado con el confinamiento obligatorio por el Covid-19 y no se han conocido resultados contundentes para frenar esa otra pandemia que viene afectando a los líderes sociales del país.
“Esta audiencia tiene como objeto lograr la protección del Estado para garantizar todos los derechos humanos de los líderes en tiempos de pandemia o no y buscar una política pública para promover la protección y promoción de los Derechos Humanos”, señaló el presidente de la Comisión de DD.HH., Edgar Palacio Mizrahi (Colombia, Justa y Libre).
En la sesión virtual que se realizó por cinco horas, por la plataforma Zoom, los 37 invitados representantes de varias regiones y funcionarios del Gobierno expusieron sus argumentos y se escucharon quejas por la falta de autoridad para proteger a los líderes como a los pobladores de las regiones afectados por el acoso al que han sido objeto por grupos armados al margen de la ley, minería ilegal, disidencias de las Farc, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común.
Es así como José Vitonaz, Líder indígena de Toribio Cauca, denunció la existencia de bloqueos para el ingreso de las ayudas humanitarias del Gobierno por dirigentes indígenas, grupos armados, disidencias de las Farc y narcotraficantes que los mantienen aislados y amenazados constantemente con panfletos e incursiones por las zonas rurales.
Edwin Valdés, de la región Palenque de San Basilio, dijo que esa comunidad sufre por violencia, racismo, pobreza y falta de atención del Ejecutivo, donde no han llegado las ayudas humanitarias y el único puesto de salud no tiene elementos de bioprotección para atención de pacientes contagiados y denunció que no se les ha cumplido con los ofrecimientos que hizo en su oportunidad el presidente Duque, en su visita del año pasado.
En igual sentido, la líder Yadira Flores, del municipio de Venecia, Cundinamarca, manifestó su preocupación por la ausencia de ayudas prometidas por el Gobierno y donde no han llegado las ayudas anunciadas por los decretos emitidos por la emergencia sanitaria y económica.
El representante de las comunidades del barrio Simón Bolívar de la Capital de la República, Javier Barrera, expuso que en esa localidad donde residen cerca de 700 mil personas la situación de inseguridad se ha vuelto más crítica en esta pandemia, dado que han amentado los hechos de violencia con robos, homicidios y amenazadas de grupos armados , delincuencia común, y narcotraficantes, ante lo cual solicitó más presencia de las autoridades y que se investiguen los casos y dén con los responsables.
Otros dirigentes comunales de los departamentos de Córdoba, San Andrés Islas, Cauca, Amazonas, Meta y Caquetá expusieron denuncias que vulneran los derechos humanos y reiteraron su preocupación por la presencia de grupos ilegales y ser objeto de persecución, acoso, amenazas y delitos que cada día son más frecuentes y requieren la presencia del Estado con la Fuerza Pública para que los proteja, se ubiquen a los autores y los judialicen para que retorne la tranquilidad y la paz de esa zonas afectadas .
Autoridades responden
El general William René Salamanca, Inspector de la Policía Nacional, anunció que se han hecho varios operativos en los que se destaca la captura del responsable de la reciente masacre de una familia en el Cauca y se ampliaron investigaciones que han dado los más sujetos identificados como autores de crímenes de defensores de derechos humanos y líderes sociales de la región del Cauca que ha propiciado la orden de captura para 41 implicados, que serán puestos a la ordenes de las autoridades competentes.
El alto oficial fue enfático en señalar que las operaciones para brindar seguridad a las poblaciones se han intensificado atendiendo el llamado de las comunidades para brindar seguridad y también apoyar con acciones sociales en esta emergencia sanitaria.
La promoción y prevención acompañada no solo de la Fuerza Pública, sino con acciones sociales interinstucionales es la mejor manera de proteger a la población y a líderes de las regiones atendiendo peticiones de la ciudadanía para la atención y aplicación de sus derechos”, reiteró por su parte Ricardo Arias, director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, agregando que la entidad hace presencia en todas las regiones y atendiendo las peticiones de los pobladores.
Mateo Gómez V, defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violación a los DD.HH. e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la Defensoría del Pueblo, respondió a las quejas de los asistentes y afirmó que la institución adelanta esfuerzos para acudir a todas las zonas del país y viene adelantando gestiones y estableciendo alertas para que las autoridades realicen las acciones pertinentes de prevención
“Estamos atendiendo las denuncias y aprovechando esta sesión donde se han expuesto otras. Se tomarán las medidas pertinentes que conduzcan a mejorar la situación de las comunidades con presencia activa de uniformados y propiciar seguridad para los pobladores, dijo por su parte el coronel John Arango, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, en representación del jefe de esa cartera, Carlos Holmes Trujillo.
Los senadores responden
La legisladora de la Farc Criselda Lobo invitó a las autoridades a ser más contundentes con sus labores para atender los llamados de los líderes que han sido amenazados y necesitan de protección, mientras el senador Alexander López, Polo Democrático, y coincidió en solicitar el aumento de operativos que permitan esclarecer los crímenes cometidos contra los líderes y fortalecer la protección para los defensores de las comunidades y anunció la necesidad de establecer en los planes de desarrollo un capítulo para la promoción y protección de los derechos humanos.
Avanzar con agilidad en las actividades que permitan a las autoridades dar con los autores intelectuales como materiales de los crímenes contra los líderes sociales como de los excombatientes de las Farc, exigió la congresista senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, mientras su colega Dayra Galvis, de Cambio Radical, pidió mayor celeridad y ampliación de medidas de protección para las comunidades vulnerables que se encuentran amenazadas por grupos ilegales.
Al concluir la sesión, el senador Palacio Mizrahi se pronunció con una reflexión: “Cuando la democracia está bloqueada o es una ficción, aparece la violencia como consecuencia, por eso la violencia y la política son opuestas. Si no hay política surge la violencia y si hay política no habrá violencia, la violencia es el fracaso de la política, por eso queremos insistir en la Comisión de Derechos humanos y en la democracia colombiana siempre en el diálogo. Resolvamos nuestras diferencias a través del diálogo y la negociación. Resolvamos los conflictos a través de la palabra, porque la violencia es el fracaso de la política”, concluyó.
La comisión fue citada para el próximo jueves, a partir de las 2: 00 p.m., cuyo tema será anunciado la próxima semana.
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