GOV CO

Banner Web Senado

Noticias

Violencia intrafamiliar, abusos contra mujeres y niñas, la otra pandemia que azota a la población

Instituciones y autoridades fueron invitadas por la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de analizar la problemática surgida ante el confinamiento obligatorio por el Covid 19 y que ha hecho surgir otro mal que está causando más víctimas.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 (Prensa Senado). En un análisis a fondo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con las autoridades, entidades e instituciones, durante una sesión virtual, se evidenció un nuevo problema que asecha a los hogares en todo el país como consecuencia del aislamiento que a que vienen sometidas para evitar los contagios y es el surgimiento de la violencia intrafamiliar del que son objeto las mujeres y los menores de edad.

Así lo calificó inicialmente la alta Consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo, quien reveló que se viene adelantando una campaña para proteger y buscar la erradicación de ese mal, denominado “La Otra Pandemia”, que comprende adelantar una campaña interinstitucional para atender a cientos de mujeres y niños que son víctimas de maltratos y abusos al estar encerrados en sus sitios de habitación y lo más grave con sus victimarios.

Para el senador y presidente de la Comisión, Edgar Palacio Mizrah, (partido Colombia Justa Libres) es una situación de sumo peligro para la integridad de las familias, si se tiene en cuenta que los autores de los maltratos son los mismos padres o familiares cercanos que abusan de los menores y las mujeres y que por el cumplimiento de las medidas de prevención de la pandemia, tienen que convivir con sus verdugos.

Por su parte, la congresista Griselda Lobo (Farc) señaló que lo que se requiere para frenar estos delitos es que el Gobierno tenga la plena voluntad de crear una política pública que ampare y proteja a esta población y de una manera especial en las zonas rurales y otras alejadas de los cascos urbanos, donde no se conocen cifras oficiales, pero debido a la falta de una adecuada educación y por tradición social, impera el machismo con violencia psicológica y física.

Machismo, génesis del problema

A su vez, el legislador Alexander López, (Polo Democrático) dijo que la idiosincrasia machista y conservadora es la génesis del creciente problema, donde el hombre por su condición tradicional de cabeza de familia, jefe de hogar y quien debe proveer a su familia, asume un papel dominante y violento cuando sus allegados no cumplen con sus exigencias y eso de fondo es la falta de educación, en lo que coincidió también su colega Palacio Mizrahi, quien agregó que se hace vital desarrollar en los centros educativos escolares, primarios, secundarios y universitarios, programas que se encaminen al respeto de los derechos humanos y con énfasis en el respeto con especial atención a las mujeres y niños.

El aislamiento es una defensa al virus señaló la senadora Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), pero se ha convertido en un arma de doble filo, ya que mientras se busca como medida de protección e incluso fortalecer la unión familiar acatando la orden de quedarse en casa, en un buen número de hogares lo que sucede es propiciar los abusos y maltratos y por lo tanto también recomendó que se adelante con el apoyo del Gobierno campañas de educación, a través de una política social en favor de las mujeres y menores, pero apoyada por todos los medios de comunicación del país.

Esta pandemia ha hecho que se revelen los problemas que se registran el interior de las familias, donde las mujeres y las niñas son directamente quienes reciben todo tipo de maltratos al ser objeto fácil de sometimiento por sus victimarios por su condición de ser frágiles ante la violencia, desatacó el legislador por el partido Liberal Iván Agudelo.

Otro aspecto de suma importancia que se agrega para que se conviertan las mujeres en víctimas, es la falta de oportunidades educativas como laborales particularmente, puesto que al no tener condiciones económicas para subsistir junto con sus hijos se tiene que someter a sus victimarios que aprovechando su condición, chantajean y extorsionan a sus parejas o simplemente acometen contra ellas con violencia física, dijo la congresista Aída Abella.

A su vez, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) destacó que fuera de los maltratos físicos, psicológicos o económicos que afrontan los niños y adolescentes, en el encerramiento son presas fáciles y vulnerables para ser objeto de la pornografía infantil por sus familiares y hasta por sus propios padres, a lo que se suma su sumisión por aspectos económicos, que se puede contrarrestar mediante un proyecto de ley que radicará en próximas semanas y que consiste en una iniciativa que protegerá a las mujeres que son víctimas por sus parejas por aspectos económicos

Dramáticas cifras

Por su parte, las autoridades invitadas a la sesión formal virtual expusieron sus estadísticas frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres y menores de edad, evidenciando que el problema es más agudo y que se encamina a la descomposición del concepto de familia.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, que mantiene un programa para la denuncia de estos casos, reveló que el maltrato intrafamiliar aumentó en un 200% en el último mes, cuando inició la cuarentena por el Covid-19. A la fecha se ha recibido un total de 5.400 llamadas de auxilio a la línea púrpura, reveló la subsecretaría de la Mujer de la Alcaldía, Luisa Gómez.

La Policía Nacional reiteró lo señalado por la administración de la capital de la República, al indicar que dado el aumento de los delitos contra la mujer en este aislamiento obligatorio la Institución para una respuesta ágil anunció la próxima creación de una APP en los celulares para que las victimas denuncien fácil ante el aumento de los casos de violencia intrafamiliar al recibir a la fecha 6.474 llamadas de auxilio y denuncias en la línea 123. Reveló el subdirector de la Policía Nacional, mayor general Gustavo Moreno.

La Fiscalía General de la Nación requiere de fortalecimiento para accionar de manera ágil para proteger a las mujeres y familias. En confinamiento se han recepcionado 5.532 denuncias y por lo tanto se requieren más recursos económicos y técnicos para responder. A su vez en lo corrido del período de la pandemia se han registrado seis feminicidios y se avanza para judicializar responsables, informó la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera.

Como la otra pandemia ha calificado la consejera para la Mujer de la Presidencia de la República, Gheidy Gallo, la situación que se presenta por violencia intrafamiliar en este mes, recibir 2.965 llamadas pidiendo protección. Son un total de 128 diarias y por tal motivo se activarán acciones para atender y proteger a las víctimas.

Otra posible solución y más concreta para reducir la violencia intrafamiliar sería brindar una protección más adecuada y lógica a las familias, desalojando y capturando al victimario y no sacar a las mujeres y niños a casas de refugio, recomendó la delegada para los derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer de la Contraloría General de la República, Fiorella Olivera.

Al finalizar la sesión virtual, la Comisión de Derechos Humanos anunció enviar una urgente solicitud al presidente Iván Duque para que su Gobierno cree de manera ágil una política nacional de protección de los derechos para las mujeres en vista del vertiginoso elevado número de casos de violencia contra ellas y la familia y que aumentó de manera dramática por el aislamiento de protección a la pandemia.

 

“No es posible una gratuidad de los servicios públicos durante este período”: Ministra de Minas y Energía

“Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos en la población", dijo la senadora Ana María Castañeda.

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 (Prensa Senado). Durante reunión virtual de la Comisión Sexta, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, entregó un informe detallado del plan de acción de esta entidad frente a la pandemia del covid-19.

A pesar de que el recaudo mensual del sector eléctrico es de casi 2.3 billones de pesos, la Ministra afirmó que no es posible pagar todas las cuentas de los servicios públicos, tal como le han solicitado diferentes gremios. “Tenemos que ser conscientes cuánto cuesta, tenemos que ser conscientes de que el presupuesto del Gobierno nacional es el presupuesto de todos los colombianos y funciona igual que en una casa”.

También dijo: “Lo que hacemos desde el Gobierno nacional es buscar dar todos los apoyos que sean posibles pero tenemos que asegurar que no se nos acabe la plata, porque si no todos los colombianos vamos a tener una situación complicada si el Gobierno no mantiene bien ese equilibrio y por eso no es posible una gratuidad de los servicios públicos durante este período”.

Con relación a este tema también expresó: “Hay que recordar que nosotros ya cubrimos un monto muy importante de estos recursos, porque cubrimos el 60% del consumo básico de electricidad del estrato 1, el 50% del estrato 2 y el 15% del estrato 3”.

En cuanto al incremento de algunas tarifas de energía explicó que esto se debe a que el 70% de la energía que consumimos en Colombia viene de hidroeléctricas y “cuando hay poca agua hace que tengamos que despachar otras fuentes de generación que son más costosas, entonces parte de la situación que estamos viviendo ahorita y por la cual hubo aumentos en el costo de la generación en el mes de marzo es porque nosotros venimos de un verano muy intenso”.

Desde el 14 de abril es obligatorio para todas las empresas de electricidad y gas el no poder generar incrementos en el costo de usuarios, “porque entendemos perfectamente que en la situación económica de los usuarios no se puede permitir que haya aumentos en el costo unitario, así que esos aumentos se van a diferir”.

Avance en reconexiones a usuarios

Todas las medidas que se han tomado son con el fin de asegurar la prestación del servicio y para proteger a los usuarios. La funcionaria aseguró que la primera decisión tomada frente a la crisis sanitaria fue la reconexión eléctrica de más de 80 mil usuarios y más de 30 mil reconectados en gas. “Son personas que han incumplido con el pago de sus servicios públicos y que sin ninguna condición solamente la de hacer un acuerdo de pago se les reconectó”, puntualizó.

Respecto a medidas y alivios para el pago de energía eléctrica y gas combustible, la Ministra sostuvo que este sector ha actuado con mucha rapidez teniendo siempre presente una premisa fundamental: “Nosotros nos hemos concentrado en el primer objetivo, mantener la confiabilidad en el suministro de manera segura. Teníamos que asegurar que a todos los colombianos le llegara electricidad y gas, pero que estos operarios que están en la calle lo hicieran de una manera segura ante la pandemia”.

Lo segundo, es el apoyo a los usuarios “entender que el asilamiento obligatorio genera unas condiciones económicas y socioeconómicas que hacían indispensable que el Gobierno reaccionara de una manera muy rápida para poder apoyar y acompañar a todos los usuarios que van a tener dificultades en cumplir con el pago de sus servicios públicos, para ello era fundamental y lo hicimos a través de un decreto, tener unas facultades regulatorias esenciales”.

A pesar del informe presentado por la jefa de la cartera de Minas y Energía, algunos congresistas manifestaron sus inquietudes debido al aumento de tarifas y auxilios económicos.

Como en el caso de la senadora Ana María Castañeda, quien presentó su inconformidad respecto a algunas de las medidas tomadas por el Gobierno entorno a los auxilios económicos otorgados a los colombianos en materia de servicios públicos. “Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos en la población, es por esto que elevamos una propuesta al Gobierno nacional, con el fin de crear un fondo de auxilio para la prestación y acceso de los servicios públicos y a través de este fondo se asumiría realmente el costo de los servicios de los estratos más bajos”.
Su colega de bancada, Antonio Zabaraín se unió a esta inconformidad y manifestó su respaldo y apoyo a Castañeda.

A su turno, el congresista Carlos Andrés Trujillo, del partido Conservador, Pidió a la Ministra mecanismos que permitan un verdadero alivio en la factura de los servicios públicos asegurando que “la gente no está preocupada por el petróleo, no está preocupada porque los embalses hayan bajado, sino que está preocupada por lo que la toca de manera directa. En el país, más del 60% dependen de la economía informal y, están preocupados por el pago de los servicios públicos debido al alza en las facturas de estos en medio de la pandemia”.

Para la legisladora Griselda Lobo, la salud, la alimentación, los servicios públicos y la renta mínima es lo que necesita la gente para poder resistir en la pandemia y para sostenerse en el confinamiento. “Es muy fácil meterle la mano al bolsillo a los colombianos, con el aumento al consumo en las tarifas. A todos los estratos le subieron las tarifas, subieron los kilovatios en plena crisis de la pandemia”.

 Igualmente, el liberal Horacio José Serpa sostuvo que “la energía eléctrica y el gas natural son servicios esenciales para todos los colombianos. Por eso, pido a la Ministra atender las quejas ciudadanas por el cobro del servicio en los meses de la pandemia. El país no puede caer en la injusticia de cobrar por lo que no se ha consumido”.

A su vez, la senadora Soledad Tamayo expresó: “Debemos evitar que además de las necesidades que tiene el pueblo colombiano evitemos que tengamos que atender manifestaciones por la demora en la entrega de los apoyos y por las manifestaciones que hay por el incremento exagerado en los servicios públicos”.

Para el congresista Jorge Guevara no se puede seguir aceptando que los servicios públicos sigan siendo una tragedia, “lo que más angustia en el país es el pago de los arriendos y el pago de los servicios públicos, yo creo que en esta oportunidad el Gobierno tiene que darle la mano a los más necesitados”.

Por su parte, la senadora Ruby Chagüi reconoció que el Ministerio de Minas ha planteado algunos alivios a los colombianos. “Hablamos de la asignación del Fondo de Solidaridad para los subsidios y la redistribución del ingreso para asegurar que los usuarios de menores ingresos tengan acceso a los servicios públicos, también el adelanto del pago de los subsidios pendientes al 31 de diciembre con la deuda pública para darle liquidez a las empresas prestadoras de servicios de energía y gas natural. Celebramos el anuncio que en los meses de abril y mayo que no va a haber incremento en el costo de kilovatios por tarifa. Sin embargo, estamos recibiendo muchas quejas de aumento del recibo de luz”.

Finalmente, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, concluyó que el Gobierno no tiene la capacidad fiscal para pagar los servicios públicos a los colombianos, por eso continuará con subsidios a estratos 1, 2 y 3, así como rediferirlos a quienes no puedan pagar.

La Comisión Sexta seguirá realizando su agenda legislativa con los diferentes funcionarios del Gobierno, se volverá a reunir mañana viernes 24 de abril, a las 10:00 a.m., con la presencia del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.

 

Senadores abogan por un mayor control a precios de productos de canasta familiar y ayudar a campesinos

Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, anunció que estableció control de precios de alimentos y en total son 12 productos, los que tendrán bajo especial vigilancia como una medida de defensa a los consumidores. Se destacan en ese grupo: arroz, leche, azúcar, queso, arveja, aceite de girasol, cebolla, papa, entre otros. Los legisladores pidieron cuidar el abastecimiento y evitar el acaparamiento y especulación de los productos para que no suban los precios de los alimentos en medio de la pandemia.

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 (Prensa Senado). El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, se comprometieron hoy en la sesión plenaria virtual del Senado seguir intensificando el control de los precios de los productos básicos de la canasta familias y ayudar con subsidios y créditos a los campesinos en medio de la pandemia.

El ministro Zea destacó en el Senado que le pudo dar un cambio al programa de Agricultura Por Contrato, que ahora no sólo hace ventas presenciales, sino que hace negocios digitales.

“Las ventajas del nuevo esquema de Agricultura Por Contrato es que: Estamos quitando la intermediación y estamos subsidiando el transporte dando incentivo al productor para hacer esas ventas. “Queremos privilegiar la vida y salud de los colombianos, ese un ejercicio que hacemos a diario. Para la coyuntura del Covid-19 no estaba preparado ningún país”, destacó Zea.

El funcionario recordó que la Procuraduría dio directrices para que los departamentos tuvieran mesas de concertación y en coordinación con las Secretarías de Agricultura y las entidades realizaron un monitoreo permanente.

“Establecimos control de precios de alimentos en total son 12, que tendremos bajo especial vigilancia como una medida de defensa a los consumidores. Se destacan arroz, leche, azúcar, queso, arveja, aceite de girasol, cebolla, papa, entre otros”, indicó.

En el debate de control al sector agropecuario en medio de la emergencia declarada por el Covid-19, la senadora Esperanza Andrade propuso que el Banco Agrario, que tiene una cobertura del 94% en todo el país, sea el encargado de entregar los créditos al sector rural.

La dirigente del Huila pidió que se les preste a los pequeños y a los mediados agricultores y por eso es necesario que modifique la resolución 020 para que haya un mayor porcentaje en créditos y que el plazo se amplié de tres a cuatro años.

El senador Horacio José Serpa señaló en la Plenaria del Senado que en los informes que leía de la Contraloría General de la República se señala que 12 grandes productores del sector agropecuario, con activos de $4.5 billones, habrían accedido a $91 mil millones de una línea de crédito que abrió el Gobierno para afrontar el Covid-19.

El legislador Efraín Cepeda expresó su apoyo a la agilización del régimen de contratación durante la emergencia, porque es la que responde por la agilidad de la seguridad alimentaria. “Qué bueno señor ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, que usted está uniendo a las partes, el productor con el comercializador sin necesidad de intermediarios, eso sin duda abarata los precios”.

La congresista María del Rosario Guerra dijo que “no hay nada que le genere a uno más tranquilidad que tener a un gran líder, un hombre trabajador, un hombre honesto, que lo que desea es llevar este país por buen camino, por eso hoy reconozco esa gran labor del presiente Iván Duque, del Ministro de Agricultura y de todo su equipo”.

Agregó que “no se nos puede olvidar que el 83% de los alimentos los producen los campesinos, pues son ellos los que hoy nos permiten asegurar el abastecimiento”.

Preocupación por apertura de cuarentena

El senador Roy Barreras dijo que el presidente Duque anunció que prolongará la cuarentena, pero hará exactamente lo contrario.

“A pesar del anuncio autorizó la salida a la calle de más de 7 millones de trabajadores. Millón y medio son obreros de la construcción, 2.5 millones son operarios del sector manufacturero y 3.4 millones del sector agroindustrial. Estas personas saldrán a la calle sin ningún test y sin que el sistema médico hospitalario esté preparado. La cuarentena no puede ser eterna pero la reapertura gradual debe garantizar la protección de quienes se reincorporan a las diferentes labores”, dijo Barreras.

El legislador Jorge Eduardo Londoño Ulloa aseguró: "Hemos radicado una constancia en la Secretaría, donde expresamos nuestra solidaridad por lo dicho por la Alcaldesa de Bogotá y demás mandatarios regionales en el sentido de no interrumpir el distanciamiento social. Nosotros apoyamos esas expresiones de autonomía territorial y esperamos que en la Presidencia sean tenidas en cuenta".

El congresista Carlos A Trujillo, retomó el debate al sector agropecuario y manifestó: “Que en este momento hoy más que nunca reconozcamos a esos agricultores, al sector campesino de nuestro país. Hoy tenemos dificultades en las ciudades para que la gente adquiera los alimentos, pero tenemos una tranquilidad total”.

La senadora Maritza Martínez destacó que Colombia Agro Produce cumple dos funciones fundamentales. 1) Que los productores de alimentos prosigan su actividad y 2) que se garantice el abastecimiento de alimentos en el país.
“Del 1° de enero de este año al 31 de marzo, Finagro ha colocado $6.1 billones, de los cuales el 78% ha ido a grandes productores. En síntesis, han concentrado $4.8 billones. Hoy el Gobierno Nacional le está dando una garantía a los créditos de pequeños productores del 90% y aun así los bancos no prestan plata”, destacó.

El congresista Juan Felipe Lemos le propuso al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, que junto con la Federación Nacional de Cafeteros defina un plan de contingencia, con urgencia para salvar la cosecha que viene.

“Se debe considerar la ampliación de créditos, reducción de tasas de interés, ampliación de plazos, etc., para los cafeteros”, agregó.

La legisladora Griselda Lobo pidió que se suspenda la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.

 En su intervención denunció que hubo agresiones en un resguardo indígena, donde hubo un muerto y un policía agredido, de modo que la asistencia institucional es mínima.

Piden compra de cosechas

El senador Guillermo García Realpe urgió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que compre las cosechas. “Si no tenemos control nada hacemos con el sector agropecuario. Sabemos que el Ministerio de Hacienda va proceder con las compras, pero toca hacerlo cuanto antes”

El congresista Julián Bedoya en su intervención destacó que mientras todos estamos en casa por esta cuarentena, los campesinos de Colombia tienen que seguir con su vida cotidiana para garantizar el abastecimiento de la alimentación en el país.

“La idea es que podamos ayudarlos en proyectos cortos. Los campesinos no necesitan que les regalemos nada, ellos pueden trabajar solos, solo están pidiendo unos recursos”, destacó Bedoya.

El legislador Gustavo Bolívar manifestó que el Gobierno se debe comprometer con los subsidios a los consumos agrícolas, para proteger la producción alimentaria.

Luego se apartó del debate al manifestar: “El Decreto presidencial que saca a miles de personas a la calle es algo preocupante. Sacar a los empleados de la construcción y manufacturas a la calle resulta discriminatorio, cuando los de alto salarios lo hacemos desde la casa. Hoy el tamizaje es pobre: La OMS no tiene seguridad de cuándo acabará la pandemia y no hemos hecho suficientes pruebas, y es un acto irresponsable mandar a miles de personas a la calle sin las pruebas efectivas, cuando estamos por debajo de Chile y hoy con mayores infectados estamos más atrasado que el país austral”

Entre tanto, el senador Jorge Robledo dijo que "lo peor que ocurre en Colombia es la política de la agricultura, un sector abandonado, y en este momento Colombia importa $14 millones en productos que se pueden cultivar perfectamente en el país, y abarató los precios según lo dicho por el Gobierno".

 Soberanía alimentaria

Por su lado, el legislador Wilson Arias manifestó: "Propongo una soberanía alimentaria y uso de recursos parafiscales para pequeños comerciantes".

Para el senador Feliciano Valencia, antes del Covid-19 la seguridad alimentaria era precaria y hoy es peor. “Por eso pedimos al Ministro de Agricultura tomar acciones rápidas en beneficio para los pequeños productores agrícolas”. Se deben dar créditos rápidos a pequeños agricultores, hacer las compras públicas a estos campesinos y sólo a las grandes organizaciones”, dijo el congresista indígena.

La congresista Griselda Lobo pidió que se suspenda la erradicación forzada de los cultivos ilícitos.

El senador Gustavo Petro manifestó que en el pasado nuestros padres tenían seguridad alimentaria con la existencia del Idema, que compraba los productos a los campesinos para que el pueblo se alimentará bien y por eso se requiere la ayuda estatal para que los campesinos produzcan y comprarles su producción.

El legislador John Milton Rodríguez manifiestó que “es evidente el problema macro. La ausencia de una política pública de real alcance para el campo colombiano, no puede ser que no tengamos una política para poder cubrir las 40 millones de hectáreas productivas y solo podamos usar 7 millones de estas”.

“Finagro siendo del Estado no puede estar hablando de clientes preferenciales. Yo si quisiera que fruto de este debate nos quede como resultado que eso se rompe en Colombia y que ahora Finagro no tiene esos clientes, sino que tiene responsabilidades preferenciales con el pequeño y mediano productor de campo”, dijo el senador Rodríguez.

El legislador Ciro Ramírez consideró importante que el Gobierno nacional pueda trasladar recursos a la cartera agropecuaria y sobre todo a los beneficiarios de adecuación de tierras.

“Importante señor Ministro la constitución de hipotecas para el desarrollo de créditos, dado el problema del cierre de las oficinas de registro. Pues necesitamos mirar alguna alternativa al respecto”, destacó Ramírez.

Ampliar alainza productivas

El senador David A Barguil pidió al Ministro “ampliar el proyecto de alianzas productivas, que creo que tiene un importante resultado” y que con diferentes recursos como de las regalías se le dé un enfoque a este tipo de proyectos

Resaltó la multa puesta por el Superintendente a una entidad financiera, siendo un sector el cual no se ha comportado a la altura de las circunstancias. “Hemos estado desde la Comisión Tercera apoyando a la SIC, dándole mayores herramientas”.

Mientras tanto, el senador Andrés García Zuccardi manifestó: “Nos sumamos a los mensajes de alerta sobre los precios de los alimentos para el campo e insumos médicos. Invitamos al Ministro a que fortalezca estos dos aspectos”.

La senadora Myriam A Paredes explicó que “cerca de 49 millones de habitantes tenemos en nuestro país, de los cuales 11 millones habitan el sector rural y 3 millones 500 según el DANE están dedicados a actividades agrícolas, tenemos que pensar qué hacer hacia al futuro, porque el año pasado se perdieron cerca de 218 mil empleos en el sector rural”.

También destacó la congresista conservadora que el subsidio de transporte es muy importante, pero “también ese mensaje que le dejamos la bancada de congresistas de Nariño al Ministro, de comprar los productos en las veredas, en los municipios para ser distribuidos entre las mismas gentes más vulnerables.

El senador Edgar Díaz dijo: “En lo que sí debimos estar preparados es en lo que tiene que ver una política agraria, por eso se requiere la intervención del Estado en el modelo de producción agrícola, no mediante capacitación, que eso sí ayuda pero no es lo que necesita el campesino”.

Agregó Díaz “a pequeña escala debemos lograr métodos asociativos que cuenten con la posibilidad de almacenamientos”.

Por su lado, el senador Juan Samy Merheg señaló que las cifras que ha presentado el jefe de la cartera de Agricultura son claras, es $1.5 billones de Colombia Agro Produce, de los cuales ya se han asignado aproximadamente $250 mil millones, y ahí se copa el cupo, el límite que tienen de ese programa para ese sector.

“Ojalá ministro pudiéramos hacer un mayor acompañamiento a pequeños agricultores, a los campesinos para que esos recursos también se evacuen rápidamente”.

Pidió el favor de priorizar a las asociaciones y cooperativas de campesinos y de pequeños agricultores, para que puedan acceder a los recursos, porque a través de ellos se puede generar verdaderamente un efecto.

El congresista Rodrigo Villalba recordó que en el 98 los bancos les dieron la mano a los usuarios, se utilizó Fonsa, en aquella época no solo se les compró cartera a los agricultores, sino que se les activó el capital.

“Hay productos agrícolas que tienen sobre oferta, señor Ministro de Agricultura; hay que cerrar importación de leche y palma, como dice Macron, la agricultura debe estar por fuera y más en estas circunstancias”, recalcó Villaba.

La senadora Ruby Chagüi, felicitó al Superintendente de Industria y Comercio, “porque ha tenido un desempeño admirable”, no obstante pidió que se fijen precios de tapabocas, guantes y medicamentos.

“Quiero reconocer el liderazgo del presidente Iván Duque, de su gobierno y del Ministro de Agricultura para reducir el impacto que ha generado esta pandemia, a través de la línea de crédito de Colombia Agro Produce”, destacó.

También intervino, la senadora Aída Abella y dijo “porque no han llamado a los campesinos, a los indígenas, a las comunidades negras para la toma de medidas emergentes, por qué no apoyamos a los pobres que cultivan la tierra y les damos garantías para respaldarlos en sus cultivos y cambiamos las medidas de siempre, donde los poderosos tomen decisiones distantes de los afectados”.

Por su parte, el senador Iván Leonidas Name Vásquez consideró que "ahora tenemos que enfrentar en el sector agrario el acaparamiento. Hay que asegurar la producción alimentaria y la distribución. Es fundamental que el Gobierno pueda entrar a corregir lo que en casi cuatro décadas hemos destruido."

Peparan fumigación aérea

La senadora, Paola Holguín dijo que es muy importante tener claro que hoy día, el Gobierno está preparado para hacer la fumigación aérea gracias a un decreto que logra recoger y cumplir el mandato de la Corte Constitucional en la sentencia 236 del 2017, y el acto 387 de 2019.

“De 2001 a la fecha, han sido asesinados 79 erradicadores y miembros de nuestra Fuerza Pública y heridos más de 500. Motivo que indica la importancia de volver a la fumigación aérea. Algunos aquí han sido muy críticos respecto a la cuarentena inteligente, en épocas de crisis es natural el pesimismo, pero el realismo es crucial; pues las medidas tomadas por el Gobierno nacional han sido responsables y muy estudiadas”, destacó la senadora.

Como respuesta, el senador Juan Luis Castro Córdoba criticó la posible utilización del glifosato para la fumigación. “Estamos totalmente de acuerdo en que el narcotráfico es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero no podemos someter a los pobladores de esta zona”, destacó.

El senador Alexander López denunció que la plata no aparece. "Nos encontramos con que los dineros para campesinos no llegaron, los recursos se fueron a grandes empresarios, afectando a los que menos tienen y beneficiando a los que más poder tienen", aseguró el legislador del Valle del Cauca.

El presidente del Senado, Lidio García, al término de la sesión invitó al Gobierno y los entes de control a poner freno a los especuladores con los productos de la canasta familiar.

“No es buscar solamente a los alcaldes, toca conseguir al comerciante que vendió el producto. Mano dura con estos señores que merecen la cárcel”, finalizó.

La sesión plenaria fue convocada para el próximo martes 28 de abril, a las 3:00 de la tarde, y a la cual fue citado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.