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Proyectos de pago en plazos justos y ambiente libre de plomo, a sanción presidencial

Noticias 19 Junio 2020

La plenaria del Senado también aprobó la conciliación que crea la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca, que permite asociarse, pero sin permitir la figura de municipio núcleo como estructura organizacional y ninguna decisión podrá ser tomada por una sola entidad.

Bogotá D.C., 19 de junio de 2020 (Prensa Senado). - La plenaria de Senado aprobó las conciliaciones de los proyectos de pago en plazos justos, el de un ambiente libre de plomo y de reforma constitucional que crea la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca.

La iniciativa por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación tiene como objeto desarrollar el principio de buena fe contractual, mediante la adopción de una serie de medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas en relación con los procedimientos y plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales, incorporando la obligación de pago en plazos justos.

En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.

Se exceptúan de esta disposición las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas. Parágrafo transitorio. Tránsito de legislación. El plazo previsto en el presente artículo tendrá la siguiente aplicación gradual:
1. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el plazo para el pago de obligaciones, en los términos del artículo, será de máximo sesenta (60) días calendario durante el primer año.
2. A partir del segundo año de la entrada en vigencia de la Ley, el plazo máximo será de cuarenta y cinco (45) días calendario.

En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenta (60) días calendario. Dicho plazo comenzará a regir desde el inicio del tercer año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando se demuestre que, por caso fortuito, fuerza mayor, no pudo realizarse el pago dentro del plazo máximo de pago. Ni el deudor ni el acreedor podrán bajo ningún caso, alegar la propia culpa, incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes, o de sus procedimientos de facturación y pago. Las demoras imputables al acreedor interrumpirán el plazo de pago justo.

La indemnización a la que se hace referencia en este artículo, podrá ser objeto de conciliación, transacción o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, en lo relacionado con la forma y los términos de pago y condonación.

Iniciativa sobre el plomo

De igual manera, fue enviado para la firma del presidente Iván Duque el proyecto de ley que prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de artículos que contengan plomo en cualquiera de sus compuestos y exceda los 90 ppm, en elementos como juguetes, accesorios, ropa, productos comestibles u otros artículos expuestos al contacto directo y frecuente por parte de niños y niñas y adolescentes. Además, prohíbe el uso del plomo en niveles superiores a los establecidos en: pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego.

Con esta iniciativa, se fijan límites para el contenido de este elemento en productos comercializados en el país, prohibiendo el uso, la fabricación o la comercialización de artículos que contengan plomo en cualquiera de sus compuestos si estos pasan los niveles establecidos por los reglamentos técnicos.

El proyecto contempla que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará la implementación de un sistema de aprovechamiento y disposición final de productos con plomo que de acuerdo con sus condiciones técnicas y niveles de exposición requieran un tratamiento diferencial.

Además, prohíbe el uso del plomo en niveles superiores a los establecidos en: pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego.

De igual forma la iniciativa establece un máximo de concentración de este metal en la sangre de los niños y niñas del territorio nacional, sumado al deber del Estado de desarrollar políticas que permitan verificar y reducir los niveles de plomo en todo el país, y promover la atención oportuna y prioritaria de los niños intoxicados por plomo, por ser este un metal pesado.

Región Bogotá-Cundinamarca

Sin ningún contratiempo fue aprobado en la plenaria del Senado la conciliación de la reforma Constitucional que crea la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca.

Se definió que el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de este departamento podrán asociarse a esta región cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.

En su jurisdicción, las decisiones de la Región Metropolitana tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito, las de los municipios que se asocien y las del departamento de Cundinamarca, en lo relacionado con los temas objeto de su competencia. Las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital.

EI Distrito Capital también podrá conformar una región administrativa con otras entidades territoriales de carácter departamental.

Tras la promulgación de este acto legislativo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca someterán a votación del concejo distrital y la asamblea departamental su ingreso a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, con lo cual entrará en funcionamiento.

Una Ley Orgánica definirá el funcionamiento de la Región Metropolitana y en todo caso deberá atender las siguientes reglas y asuntos:

1. Para su trámite, el Congreso de la República promoverá la participación ciudadana y de los entes territoriales interesados.
2. El procedimiento y las condiciones para la asociación de los municipios a la Región Metropolitana.
3. El grado de autonomía de la Región Metropolitana.
4. El Consejo Regional será su máximo órgano de gobierno y estará conformado por el Alcalde Mayor de Bogotá, los alcaldes de los municipios de Cundinamarca que se asocien y el Gobernador de Cundinamarca.
5. Habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. No se contemplará la figura de municipio núcleo como estructura organizacional ni habrá lugar al derecho al veto. Ninguna decisión sobre los temas que defina la Región Metropolitana podrá ser tomada por una sola de las entidades territoriales asociadas, Para las decisiones referentes al nombramiento y retiro del director, y los gastos y las inversiones de la Región Metropolitana, se requerirá la aceptación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
6. Se establecerán los parámetros de identificación de hechos metropolitanos, los mecanismos de financiación, la estructura administrativa del Consejo Regional, sus funciones, la secretaría técnica, los mecanismos de participación ciudadana y la transferencia de competencias de la nación.
7. La Región Metropolitana no modifica el régimen de financiación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ni los municipios que componen su jurisdicción.
8. En todo caso el control político de las decisiones de la Región Metropolitana lo ejercerán el concejo distrital, los concejos municipales y la Asamblea departamental".

La plenaria del Senado, continuaba en sesión virtual estudiando otros proyectos sobre variados temas.

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En Senado inició debate del proyecto de renta básica de emergencia

Noticias 19 Junio 2020

La Comisión Tercera de Senado creó una subcomisión que se reunirá este viernes, para discutir las dos ponencias presentadas sobre la iniciativa. Para mañana se citó a votación.

Bogotá D.C., 19 de junio de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Tercera del Senado decidió crear una subcomisión, que se reunirá este viernes para estudiar las dos ponencias presentadas durante sesión virtual sobre el proyecto de ley, por medio del cual se modifica el decreto ley 518 de 2020, que crea el programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica y se crea la renta básica.

La subcomisión está conformada por los senadores Germán Hoyos, Iván Marulanda, Ciro Ramírez y Efraín Cepeda. Esta propuesta, firmada por 54 legisladores de la cámara alta, en primera medida fue expuesta por Iván Marulanda, del partido Alianza Verde, quien afirmó que el Gobierno en sus programas de asistencialismo no está cumpliendo con las necesidades básicas de los colombianos y, por tanto, debe invertir recursos para poder salir de esta crisis.

"Hay necesidad de invertir para que las personas no salgan a morirse a la calle, ellos necesitan comer y vivir. El Gobierno debe refinanciar el servicio a la deuda para invertir en las necesidades de los colombianos más vulnerables. Se necesita voluntad política para atender esta crisis", expresó Marulanda.

Luego tomó la palabra el congresista Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes, quien aseguró que si se quiere proteger a los ciudadanos de esta pandemia, el Gobierno debe llevarles un alivio a sus hogares a través de la renta básica, con la que “se les garantizará a las personas un ingreso básico durante tres meses para que puedan estar cofinanciados en sus casas, sin poner en peligro sus vidas", agregó.

"Una sociedad bien cuidada produce una sana economía. Queremos que se proteja a las personas, ya que existen muchas dificultades económicas en los hogares y en las calles. Este es un tema de responsabilidad con los colombianos. Con la renta básica se les solucionará parte de sus necesidades", dijo Germán Hoyos, legislador del Partido de la U.

Del lado del Partido Liberal, el senador Rodrigo Villalba propuso crear un solo programa. “Busquemos un monto para llegarles a esas personas en esta crisis. Tengamos una respuesta pragmática a esta situación". Y para el congresista también liberal Mauricio Gómez, el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme con Ingreso Solidario, “en tiempo récord se ha llegado a 2,5 millones de familias”. Sin embargo, hizo un llamado a unir esfuerzos entre los senadores de la Comisión para sacar este proyecto adelante por lo que propuso crear la subcomisión para debatir punto a punto y poder llegar a un acuerdo que beneficie a un gran número de personas.

“Esta renta básica debe llegar y ser una realidad en el país. Nosotros tenemos la obligación de darles más bienestar a los colombianos. Yo veo al Gobierno con toda la voluntad política, pero hay que ser responsables en las expectativas que le sembramos al pueblo colombiano con este tema”, señaló.

Segunda ponencia del proyecto

El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez expuso ante la Comisión Tercera una segunda ponencia sobre renta básica, presentada en conjunto con otros legisladores, en la que afirmó que el Gobierno nacional ha venido realizando programas sociales que están favoreciendo a la población, pero se requieren medidas de choque para salvar a quienes están en la pobreza, así como a la economía del país.

"Ya el Gobierno viene realizando una política social efectiva como el ingreso solidario, con el que se atiende a 2 millones 500 mil colombianos. Necesitamos evitar que más personas caigan en la hambruna. Es necesario la redistribución de los ingresos. Hay que hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento económico del país y evitar el desempleo".

Por último, en su ponencia Ramírez apuntó que con ingreso solidario “se aspira a llegar a unos 4.5 millones de hogares colombianos. Nos importa la permanencia en el tiempo".

A su turno, el senador Edgar Palacio, de Colombia Justa Libres, manifestó: "Tenemos que aspirar a tener una economía real. No podemos politizar la pobreza de los colombianos. Nuestro reto es buscar una solución compleja a esta situación".

El primer debate del proyecto de renta básica de emergencia se realizará este sábado 20 de junio, desde las 8 a.m.

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Senadores de la Comisión Cuarta solicitaron revisión de la política de importaciones y medidas urgentes para el campo

Noticias 19 Junio 2020

El Gobierno sostiene que en medio de la crisis por la pandemia se ha encargado de garantizar la seguridad alimentaria del país.

Bogotá D.C., 19 de junio de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Cuarta del Senado pidió este viernes medidas urgentes para el campo como la revisión de la política de importaciones, la formalización de la propiedad de la tierra y la creación de subsidios, como mecanismos para ayudar a los campesinos dentro de la crisis económica por el Covid-19.

En sesión virtual, a la que asistió el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en representación del ministro Rodolfo Zea, los senadores pidieron un debate nacional sobre el tema del campo, con el objetivo de diseñar políticas públicas que saquen del atraso y de la pobreza a miles de familias campesinas del país.

La senadora citante Aída Avella (Lista Decentes), aseguró que es necesario revisar la política de importaciones alimentarias. “Cómo es posible que importantes productos como la papa de la cual dependen miles de familias del país se importe. No hay derecho a importar un producto del que dependen millones de personas. Los tratados de libre comercio no pueden ser la ruina para los campesinos”.

“Es absurdo que un país agrícola como Colombia importe productos como la panela y que el Gobierno saque pecho con cifras que no reflejan la crisis del campo”, dijo la senadora Avella, quien pidió un debate nacional sobre el tema en la próxima legislatura.

La congresista Avella presentó datos de las importaciones de alimentos, realizadas gracias a los Tratados de Libre Comercio, TLC, que estarían afectando al sector agrícola y pesquero del país. Puso como ejemplo importaciones de Chile, México, Bélgica, Ecuador y Eslovenia, entre otros países.

El legislador Israel Zúñiga (Farc) destacó el concepto de 'soberanía alimentaria' por encima de la 'seguridad alimentaria'. “Un Gobierno que no garantiza la soberanía alimentaria y que sólo se refiere a la seguridad alimentaria no puede responder a las necesidades de los campesinos del país”. En el mismo sentido se pronunció Samy Merheg, (Partido Conservador).

El senador liberal Mario Alberto Castaño, presidente de la Comisión, destacó que es importante realizar un debate a fondo sobre el tema del campo. “El Estado tiene una deuda histórica con el campo, especialmente organismos como Finagro”. Para ese debate nacional, la senadora Myriam Paredes (Partido Conservador) pidió coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y no posiciones aisladas que no resuelven el problema del campo.

El senador Wilson Arias (Polo Democrático) denunció el problema de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. “En Colombia más del 85% de las tierras productivas están en poder del 19% de la población. Este es un problema estructural que explica la crisis del agro”.

Por su parte, el senador Nicolás Pérez (Cent ro Democrático) se refirió a la necesidad de crear y mejorar de manera sustancial los subsidios para el campo. “Es importante que se analice el tema de los subsidios, porque necesitamos que nuestros campesinos puedan competir con los de otros países que reciben ayudas muy sustanciales”.

El senador Juan Felipe Lemus ()artido de la U, puso como ejemplo la producción de maíz para explicar el tema de los subsidios. “En países como Estados Unidos el gobierno otorga subsidios de hasta el 50% a los productores de maíz. Aunque podamos producir, ¿cómo hacemos para que un campesino colombiano compita con uno de ese país, con el que además tenemos un tratado de libre comercio?”, se preguntó.

Gobierno explica

A su turno, el viceministro Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que en medio de la crisis por la pandemia, su Ministerio se ha encargado de garantizar la seguridad alimentaria del país. En ese sentido dijo que el Gobierno se ha encargado de vigilar y regular a las centrales de abastos, así como de apoyar a los campesinos del país para mantener la producción.

Agregó que el Ministerio de Agricultura que también desarrolla un ambicioso programa de regularización de tierra que ha beneficiado a miles de familias. “Estamos cumpliendo los puntos establecidos dentro de la Reforma Rural Integral planteada en el acuerdo de paz, lo que beneficia a miles de campesinos”.

Sobre la sustitución de importaciones, el viceministro dijo que es necesario hacer un debate sobre la productividad del país y revisar los tratados de libre comercio para mejorar las condiciones de productividad de los campesinos colombianos.

Participación de las mujeres

Como invitados a la sesión virtual participaron, Matilde Mora, vocera delegada de la Mesa de Incidencia Mujeres Rurales Colombianas y Juliana Millán, de la Red Nacional de Agricultura. Ambas coincidieron en denunciar las malas condiciones de producción del campo debido a la falta de políticas públicas que protejan de manera eficaz a miles de campesinos que viven del agro en Colombia.

En la misma sesión se aprobó en primer debate el proyecto de ley, de autoría del senador Erwin Arias, por medio del cual la Nación y el Congreso de la República se vinculan a la celebración de los 95 años del natalicio del excongresista Víctor Renán Barco López y rinde homenaje al municipio de la Dorada, Caldas, en su primer centenario. La iniciativa pasó a segundo debate.

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