El Ministerio de vivienda requiere más recursos para los programas de agua y saneamiento, CNSC se le recortó el presupuesto en un 4% y el SENA solicita presupuesto para modernizar inslataciones.

Bogotá D.C. agosto 26 de 2019(Prensa Senado). - Congresistas de la Comisión Séptima escucharon informe presupuestal del Ministerio de Vivienda, Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, y el SENA, en la vigencia 2019 y 2020, para determinar las necesidades presupuestales en el desempeño de las funciones y el nivel de ejecución de las entidades.

La Directora de la CNSC, Luz Amparo Cardozo, dijo que del presupuesto de este año hasta el momento han ejecutado el 45% correspondiente a los rubros de control y vigilancia en la carrera administrativa para los procesos de selección, fortalecimiento de la capacidad institucional, Del presupuesto de gastos de funcionamiento se han ejecutado 8.127 millones, eso corresponde al 47%.

Agregó que el presupuesto del 2020 tiene una disminución del 4%, estimado en 115 mil 688 millones de pesos, de los cuales la Nación aportará 5 mil 628 millones de pesos y de recursos propios 110.060 millones de pesos. Sostuvo que en presupuesto de inversión están estimandos 95 mil 663 millones, para sacar adelante las funciones de esa entidad, como los recursos para 83 funcionarios de planta y 240 contratistas, varios ellos hacen parte del proceso de selección.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, informó que esa cartera tiene actualmente un presupuesto de 1.8 billones de pesos y han ejecutado 1.1 billones. Sostuvo que desde el año 2015 se vienen arrastrando rezagos presupuestales y que él acabará con esa práctica de ejecución. Asimismo, expresó que hay que descongelar los recursos que hay en las fiducias, para seguir otorgando los subsidios de Vivienda de interés sociales. Afirmó que el actual Gobierno ha entregado 38 mil subsidios.

Malagón agregó que para el año 2020, su cartera tendrá un presupuesto de 4.3 billones de pesos, de los cuales 1.6 billones son para vivienda. “La política pública de vivienda en el país está asegurada hasta el 2025. El programa de vivienda rural tendrá 200 mil millones de pesos. Explicó que el programa de mejoramiento de vivienda presentará una reducción de 100 mil millones de pesos. El Ministro Malagón expresó a los congresistas que para llevar a cabo los programas de mejoramiento de Vivienda Rural y agua potable, necesita 120 mil millones de pesos, en el presupuesto del próximo año.

Entre tanto, la senadora Victoria Sandino (FARC) reclamó al Ministro el cumplimiento en los Acuerdos de Paz, en el Plan Nacional de Vivienda, con relación a la vivienda rural. De igual manera lo hizo la senadora Laura Fortich (Partido Liberal), quien preguntó al Ministro sobre garantías de esa cartera en los temas de agua y saneamiento básico para los colombianos. Al igual que la generación de empleo en la construcción de viviendas.

La senadora Aydé Lizarazo (MIRA) manifestó su preocupación por la falta de presupuesto en el año 2020, en los programas de agua potable y la vivienda rural. Manifestó al Ministro toda la ayuda en la búsqueda de los recursos para el cumplimiento de estas metas. Por su parte, el senador Manuel Palchucan Chingal, solicitó al Ministro, el cumplimiento y programa de ejecución en la vivienda rural y urbana de las comunidades indígenas.

En su presentación, el Director del SENA, Carlos Mario Estrada, manifestó que esa entidad tiene asignado para el próximo añola suma de 3.6 billones de pesos, "Con estos recursos estamos en la capacidad de atender la cobertura de más de 7 mil colombianos". Estrada declaró que dispone de recursos para modernizar las instalaciones del SENA, las cuales no cuentan con el Sistema de Sismo resistencia y para discapacitados.

Agregó que esa entidad no puedn tener una sede en todas las regiones del país. El funcionario terminó su informe diciendo que esa entidad ha ejecutado el 62 por ciento y tienen previsto ejecutar hasta el 98.

Así lo señaló durante debate en la Comisión Primera sobre el presupuesto para el 2010. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, dijo que se está entregando el servicio de la justicia a los organismos privados.

Bogotá D.C., agosto 26 de 2019 (Prensa Senado). La realidad de la justicia quedó reflejada hoy durante un debate en la Comisión Primera, cuando la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, afirmó ante la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que “es desgastante el estar mendigando constantemente recursos” para la entidad y que para evitar ello es necesario pensar en crear una especie de encargo fiduciario, mientras que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, sostuvo que de 8 millones 700 mil víctimas registradas ante la entidad para reparar, solo se han indemnizado 700 mil.

En ese debate en el que se trató lo referente al presupuesto para la vigencia fiscal del 2020, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, dijo que cada vez más se está entregando la justicia a los organismos privados, como es el caso de los arbitramentos, que es clasista, al tiempo que indicó que no está lejos el día que se suprima la Rama Judicial que solo da gastos y no dividendos al Estado.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Max Flórez, quien dijo que con el Banco Mundial se está estudiando la digitalización de los procesos en la rama Judicial y se espera que en el segundo semestre del próximo año se pueda concretar la licitación para cristalizar ese proyecto.

En la sesión también intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que se creó un grupo de reacción inmediata para el proceso electoral y que hasta el viernes pasado se habían registrado más de 1.400 quejas ciudadanas. Y que se invertirán 69 mil millones pesos en los fondos destinados a las comunidades étnicas. Agregó que se encontró desfinanciada la Unidad de Protección de Víctimas, pero se hará una inversión importante y que también hay una provisión presupuestal para el llamado plan democracia.

El delegado de la Fiscalía, José Betancur, dijo que el presupuesto de la Fiscalía viene siendo recortado desde años atrás. Afirmó que la Fiscalía tiene más de 800 inmuebles arrendados en todo el país, donde funcionan dependencias de esa entidad, pero que las condiciones de esas construcciones "son terribles". Agregó que las circunstancias en que trabajan los médicos y demás funcionarios del Instituto de Medicina Legal "son paupérrimas" y por ello pidió aumentar el presupuesto para esa entidad.

Por su parte, la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, sostuvo que el presupuesto de la rama Judicial está creciendo, en lo referente al tema de la inversión.

En otro de los apartes de la sesión tomó la palabra la viceministra de Justicia, Juanita López, quien dijo que se cartera está trabajando en la llamada justicia inclusiva y que se hará una transformación digital en la Superintendencia de Notariado y Registro. Agregó que se estudiará una reforma al Código de Procedimiento Administrativo para lograr un mayor número de juzgados, especialmente en la provincia.

Luego habló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dijo que la discusión del presupuesto para el 2020 hasta ahora comienza. Se espera recaudar 158 billones de pesos en impuestos y utilizarlos en tres rubros: deuda externa; transferencia a los entes territoriales y rubro de las pensiones. "Trataremos de mantener la austeridad en el gasto". Dijo que el presupuesto en la Rama Judicial para el 2020 pasará de 4,5 billones a 4,8 billones; el de la Fiscalía, de 4 billones a 4,1 billones de pesos y el del Ministerio de Justicia se incrementará en un 17 por ciento.

En los minutos finales de la sesión tomó la palabra la senadora María Fernanda Cabal, quien criticó la administración de justicia en el país y dijo que en la reforma a la Justicia no se ha podido concretar una segunda instancia para los aforados. "Aterricemos qué es lo que necesitamos realmente. La gente pide a gritos, justicia". Dijo que no hay comunicación entre las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras. Aseguró que le preocupa la jurisdicción indígena, "ya que no se puede tocar, pero, sí necesita plata".

El senador Gustavo Petro, afirmó por su parte, que si la corrupción es un delito, la competente de conocerlo es la Fiscalía y no la Procuraduría. "Qué hace la Procuraduría quitándole derechos a la Fiscalía", dijo. Al referirse a las cifras entregadas por el Director de la Unidad para las Víctimas dijo que a ese paso la última víctima va a ser indemnizada dentro de 64 años, al tiempo que precisó: “La indemnización de las víctimas es la paz del país”.

Por su parte, la senadora Esperanza Andrade dijo que los procesos ejecutivos están congestionando la rama judicial. "Por ello estaremos estudiando una justicia alternativa, ya que un país sin justicia es un país sin paz, ni desarrollo", y que hay muchos temas en la justicia que hacen crisis.

El senador Julián Gallo sostuvo que hay deformaciones en el presupuesto, por cuanto de los 259 billones aprobados se suspendieron 10 billones de pesos, que se les quitaron a sectores vulnerables, como la salud, educación y la paz. "No entiendo cómo un funcionario tiene la potestad de suspender esa cifra, ya que el presupuesto fue aprobado por el Congreso", dijo.

Al intervenir, el legislador Eduardo Enríquez expresó que los colombianos perdieron el valor de denunciar, por cuanto hay procesos que demoran una eternidad.

El senador Carlos Guevara considera que se debe tener en cuenta la propuesta del Consejo de Estado de crear un encargo fiduciario, como mecanismo para manejar el presupuesto de la rama Judicial.

Los congresistas Temístocles Ortega y Fabio Amín propusieron sacar provecho positivo de lo manifestado durante el debate sobre el presupuesto del sector Judicial, para concretar realmente lo que se requiere y no seguir por años con la misma situación que padece esa Rama del poder público. Manifestaron que ojalá el Gobierno le apueste realmente a una justicia constructiva.

La senadora Paloma Valencia aseguró que es necesaria una reforma a la justicia, pero ella deber ser rápida y eficiente. Dijo que la gran inversión en la justicia debe estar dirigida al juez de primera instancia. "El problema de la Rama más que de recursos es la forma como se fallan los procesos", indicó, a la vez que invitó a realizar una verdadera reforma a la justicia.

El presidente de la Comisión, Santiago Valencia, dijo que mañana a las 8 a.m., se realizará una audiencia pública sobre la reforma a la Contraloría General de la República y a las 10 a.m. se proseguirá con del debate de control político sobre el presupuesto del 2020 para la Rama Judicial.