Congresista Feliciano Valencia sostiene que "las matanzas en el Cauca se están convirtiendo en genocidio". Senador Temístocles Ortega afirmó que el Ejército fue retirado de la zona de La Betulia, territorio donde asesinaron a Karina Gómez, candidata a la Alcaldía de Suárez. MInistro de Defensa respondió que en la zona había seis pelotones, lo que indica que la presencia militar no se retiró.

Bogotá D.C., septiembre 4 de 2018 (Prensa Senado). Múltiples factores como el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia común, la subversión, la extorsión, el contrabando, la desigualdad social, la disputa de tierras,  entre otros, inciden en la grave situación que padece el Cauca, donde existen zonas en las que reina el caos y hay una presencia débil del Estado.

Así se señaló durante el debate de control político que se realizó en la Comisión Primera del Senado, donde durante ocho horas se desnudó la realidad del Cauca y se hizo una radiografía de los males que lo afectan. Incluso se habló de que ese departamento es apetecible por la riqueza en recusos naturales, como el agua, el ecosistema y la estratégica situación geográfica, que es clave para las rutas del narcotráfico.

En medio de la sesión y ante los recientes hechos de violencia, el senador Feliciano Valencia señaló: "Las matanzas en el Cauca se están convirtiendo en genocidio", a la vez que reveló que el llamado cartel de Sinaloa se atribuyó el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y han declarado objetivo militar a la guardia indígena, lo cual, según manifestó, “es una declaración de guerra”.

Por su parte, el senador caucano Temístocles Ortega dijo que la presencia del Estado en esa región ha sido altamente deficiente. Además, hubo compromiso de mantener la tropa en La Betulia y la retiraron y ello pudo facilitar el asesinato de.la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García. Insinuó que ahí hay una responsabilidad del Estado por retirar la tropa. "La muerte de los caucanos no puede continuar", dijo. Las palabras del legislador Ortega fueron rechazadas por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutérrez,  

Invocando el derecho de réplica, el legislador Ortega le respondió a la Ministra en los siguientes términos: “Lo que he dicho es cierto. En La Betulia no hubo presencia del Ejército y debía estar allí, porque era el compromiso del Gobierno y por ello los candidatos del municipio de Suárez siguieron moviéndose por la zona, de día y de noche. La candidata Karina García lo estaba haciendo y la zona donde la asesinaron es La Betulia y no había Ejército. Ahí hay un hecho claro, probado y lo sabe la comunidad y ante esa circunstancia se debe suponer y sigo sosteniendo que hay responsabilidad del Estado y del Gobierno en ese hecho. Lo que afirmo es exactamente cierto”.

Ante dichas declaraciones, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que efectivamente se recibió la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre el municipio de Suárez y que allí y en otros municipios y veredas hay presencia militar y que en el momento del asesinato de Karina García había seis pelotones en la zona.

Advirtió que no fue fácil rescatar el cuerpo de la candidata y de sus acompañantes, ya que delincuentes al mando de 'Mayimbú' estaban esperando las tropas para atacarlas. “Las tropas no se movieron ni de La Betulia, ni de Bellavista.  No estaban muy lejos de donde estaba la candidata, pero es que un acto terrorista se comete en cuestión de segundos sin que las tropas, estando a uno o dos kilómetros, puedan reaccionar a la velocidad que uno quisiera. Y sobre todo en un territorio tan supremamente escarpado como el que tiene el municipio de Suárez. Hemos venido cumpliendo a rajatablas esas alertas tempranas”.

Grave riesgo electoral

 Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo que desde enero del 2018 su entidad ha emitido nueve  alertas tempranas para el Cauca y la última fue el 15 de agosto sobre la situación de Suárez, a la vez que manifestó que han sido amenazados la Guardia Indígena y líderes de la comunidad y hay un grave riesgo electoral, por ello propuso el establecimiento de una Carpa Blanca, sitio en el que confluirían todos los estamentos del Estado para tratar la situación del Cauca.

Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que la disputa que se presenta en el Cauca tiene que ver con los cultivos de coca. Y que esa región, según informes de la ONU, es uno de los tres departamentos en donde aumentaron los cultivos ilícitos y que el interés de los grupos armados es el control territorial. También señaló que 130 municipios están en riesgo de ser capturados por el narcotráfico.

Al intervenir, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que se han otorgado 17 medidas cautelares a las comunidades indígenas y de ellas, 14 se encuentran vigentes.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, señaló que a la fecha se han entregado 220 mil millones de pesos para la atención de las comunidades indígenas. 

El senador Roy Barreras, otro de los citantes al debate, afirmó que en el Cauca hay ciertas zonas donde reina el caos y no hay presencia del Estado. Sostuvo que hasta agosto del presente año, 37 indigenas han sido asesinados y desde el 2016 se han registrado más de 200 amenazas a la comunidad indígena.

Proliferación de estaciones de servicio

Refririéndose a los insumos que se utilizan para el procesamiento de la coca, entre ellos la gasolina, reveló que en el país hay 5.439 estaciones de servicio y de ese total, 1.249 se encuentran en las zonas donde hay cultivos ilícitos. En el solo departamento de Nariño hay 312 y que se han destruido 220 laboratorios de coca en el Cauca.

En el curso del debate intervino el senador Iván Cepeda, quien afirmó que de 102 pueblos indígenas, 39 se encuentran en inminente exterminio y 31 más están en grave riesgo físico y cultural.

Cepeda pidió la realización de un diálogo entre la Guardía Indígena y la Fuerza Pública y exhortó al Gobierno a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

Luego tomó la palabra, el congresista Luis Fernando Velasco, quien se refirió a la historia del Cauca, departamento que participó en 18 guerras, lo que afectó la economía de la región y que en la actualidad 200 mil caucanos no tienen energía eléctrica. Aseguró que el Cauca tiene 95 conflictos por tierra.

Velasco se refirió al comunicado del Cartel de Sinaloa y manifestó que era la mayor afrenta contra la comunidad del Cauca. "Lo grave y delicado es que dicen que van a continuar" con su accionar criminal.

El senador Roosevelt Rodríguez afirmó que la militarización no es suficiente para detener la tragedia del Cauca y que lo que se debe hacer es cumplir con el acuerdo de paz, lo que indica avanzar en la reforma rural integral y la sustitución de cultivos.

Entre tanto, la congresista Aida Avella dijo que en el Cauca se está hablando de un cartel institucional, que debe ser investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. Y que también se debe indagar por qué en municipios pequeños caucanos hay tantas estaciones de gasolina y que además muchos carros de alta gama circulan sin placa, sin que las autoridades actúen frente a ello.

Sello de violencia

La legisladora María Fernanda Cabal precisó que el departamento del Cauca tiene su sello propio de violencia y que la CRIC no ha sido una guardia pacífica. Preguntó por qué hacen asonadas cuando llega la Fuerza Pública a realizar capturas y protegen a ciertos personajes. "Por qué la Guardia Indígena ha hecho desplazamiento a propietarios legítimos de tierras". Comentó casos como el de un ciudadano que fue juzgado sin abogado por la Guardia Indígena, por el hecho de haber prestado el servicio militar. Recordó que el Cauca ha sido territorio de exgrupos subversivos como las Farc, ELN, Quintin Lame, el M-19 y el Ricardo Franco, entre otros. 

De otro lado, el senador Alexander López preguntó cuál era la política del Gobierno frente a la comunidad indígena y añadió que todos los gobiernos han considerado que los indígenas no son sujetos de derecho y no hay seguridad jurídica para esas comunidades, pero sí las hay para las empresas transnacionales.

En el debate también participó el congresista Rodrigo Lara, quien manifestó que el Gobierno no ha llevado a las comunidades indígenas proyectos que garanticen la seguridad alimentaria en los resguardos.

Por unos minutos, la sesión de la Comisión se transformó en informal, espació en el que intervienieron algunos delegados de sectores indígenas. Oscar Montero, delegado de la ONIC, señaló que la Conquista no ha terminado y que después del Acuerdo de Paz han sido asesinados 167 líderes.

 En similares téminos intervino Jimmy Alba, quien dijo que cada hora es desplazado un indígena en el país y que en el último año han sido asesinados 103 miembros de esas comunidades étnicas.

Sobre el filo de las 7:00 de la noche, el presidente de esa célula legislativa, senador Santiago Valencia, levantó la sesión y convocó a la Comisión para el próximo lunes, a las 10 de la mañana.