Jurisdicción Agraria: El Congreso finaliza periodo sin aprobar el código procesal para el campo

Al no ser discutido y votado antes del 20 de junio, la iniciativa quedó archivada.

Por: Catalina Silva 

Bogotá, D. C., 19 de junio 2026 (Oficina de Prensa, Senado) – Al cierre de la legislatura, el Proyecto de Ley 183 de 2024 (Senado) – 398 de 2024 (Cámara), que buscaba establecer las normas procesales para la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR), no logró superar su trámite en la Plenaria del Senado, lo que determina su archivo automático por vencimiento de términos.

La pieza faltante de la justicia rural

La iniciativa tenía como propósito fundamental dotar de herramientas operativas a la nueva Jurisdicción Agraria, creada mediante reforma constitucional y Ley Estatutaria. Su objetivo era hacer realidad el acceso a la justicia especializada para los habitantes del campo, permitiendo resolver conflictos sobre tenencia, propiedad, posesión y producción agropecuaria de manera más ágil y cercana a los territorios.

El articulado proponía la creación de una estructura judicial especializada, compuesta por juzgados agrarios de primera instancia y tribunales de segunda instancia, bajo un procedimiento oral, concentrado y con reglas especiales para la protección de poblaciones vulnerables, campesinos, comunidades étnicas y víctimas.

Implicaciones del archivo

El proyecto, considerado por el Gobierno Nacional como el eje procedimental necesario para implementar la Reforma Rural Integral, enfrentó diversas dificultades durante su trámite en el Senado, incluyendo retos en la construcción de consensos sobre sus competencias materiales y la falta de tiempo en la agenda legislativa de cierre.

Al no ser discutido y votado antes del 20 de junio, la iniciativa queda archivada. Jurídicamente, esto significa que, si bien el Consejo Superior de la Judicatura mantiene la facultad de seguir creando juzgados agrarios según lo dispuesto en la Ley Estatutaria, estos jueces no contarán con una ruta procesal propia y expedita para tramitar los conflictos, lo que representa un reto para la celeridad y eficacia que se buscaba con la creación de esta jurisdicción.

Para retomar la reforma en una futura legislatura, será necesario radicar nuevamente la iniciativa ante el Congreso de la República, reiniciando su curso desde el primer debate.