Entre las leyes que aprobó la plenaria, está la que exonerará a los colombianos que hayan sido objeto de estafas, vía virtual, de pagar créditos y ser reportadas a centrales de riesgo.

Bogotá D.C., julio 11 de 2023 (Prensa Senado). En Colombia, entrará a regir en los próximos días una ley que discutió y aprobó la plenaria del Senado, en el cierre del pasado período de sesiones ordinarias, que impedirá que las personas que hayan sido víctimas de estafas, de fraude digital, tengan que pagar deuda y demás consecuencias, que no les corresponde.

Esta ley llega en un momento en el que, según un estudio de Tendencias Globales de Fraude Digital elaborado por TransUnion, revelado en mayo pasado, en Colombia los casos de intentos de fraude digital crecieron de forma vertiginosa a un 134 %, mientras que a nivel mundial se registra un 52%. Según el reporte, tres de cada diez colombianos estuvieron expuestos a estos tipos de delitos.

Ante esta compleja situación, que afecta en particular a personas que fueron engañadas, se tramitó este proyecto de autoría del representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, Alianza Verde, que recibió en el Senado un total apoyo, para permitir que por lo menos 40 mil personas que han sido víctimas de estafas digitales, puedan quedar exoneradas de pagos de productos, o créditos que nunca tomaron.

El senador Jonathan Pulido Hernández, Partido Alianza Verde, ponente del proyecto, sostuvo que son miles los colombianos a quienes les ha tocado pagar cosas que no han comprado, y centeneres de personas que están reportados en las centrales de riesgo, por no pagar deudas que no son suyas, “esta ley busca implementar una verificación de seguridad, unos protocolos para verificar de forma correcta y rigurosa la identidad de la persona, para que no haya estos excesos de suplantación digital. Es un blindaje, tanto para la empresa que vende, como para el comprador; no perderá ninguno, ni el colombiano que va a ser suplantado”, precisó el congresista.

En plenaria de la corporación, se resaltó que la delincuencia aprovechó que desde el 2020 se ha dado un importante crecimiento en las transacciones digitales, en razón de la pandemia que enfrentó Colombia y el mundo. Las cifras señalan que los delitos de usurpación de identidad y fraude digital crecieron en un 409 %; de hecho, en noviembre de 2021, se han reportado 13.458 denuncias por robos de identidad… Un récord de cinco fraudes financieros virtuales por hora.

En concreto, tras ser sancionada la ley por el presidente de la República, Gustavo Petro, todas aquellas personas que han sido víctimas de fraude digital ya no pagarán más cuotas de créditos que no sacaron, y a su vez no serán reportados a las centrales de riesgo. Para recibir ese beneficio de la ley que acogió la plenaria del Senado, lo primero que deberá hacer la víctima de suplantación es reportar a la entidad financiera, o al operador telefónico, que fue suplantada y tiene una deuda vigente, para lo cual el operador le deberá informar que debe interponer la denuncia antes de 20 días hábiles.

El paso siguiente, señala el articulado, es que la entidad suspende de inmediato los cobros, y debe retirar el reporte negativo de la víctima en las centrales de riesgo. Luego será la fiscalía general de la Nación, la que verificará si hubo suplantación, y de ratificarse la víctima será exonerada y desvinculada de cualquier cobro y reporte. Pero la ley es precisa en indicar que, si se comprueba que no existió suplantación, se reanudarán los cobros, reportes, y el denunciante enfrentará responsabilidades penales por falsa denuncia.

Durante el trámite de la ley se resaltó que en adelante toda la carga no le quedará únicamente a la víctima, sino que las entidades deberán colaborar en el proceso judicial y mejorar sus mecanismos de ciberseguridad.

La norma, pendiente de ser sancionada por el presidente de la República, presentada por la senadora María José Pizarro Rodríguez, y con ponencia del senador Alex Flórez, los dos del Pacto Histórico, contó durante su trámite en el congreso con el respaldo de estudiantes y gremio docente, quienes coincidieron en señalar que con esta ley se dará mayor acceso a la educación superior.

Bogotá D.C., julio 10 de 2023 (Prensa Senado). En su primer año de sesiones ordinarias el senado aprobó una ley de alto impacto social, en particular para la educación; se trata de la que ordena la gratuidad de la matrícula para todos los estudiantes, en las instituciones públicas de educación superior.

Para la senadora María José Pizarro Rodríguez, “lo que buscamos es eliminar barreras de acceso, garantizar la permanencia educativa, y atender el reclamo histórico del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana, que ha exigido educación gratuita, pública, y de calidad, por años”, resaltó.

Esta ley va mucho más allá de una ley anterior, que se conoció como matrícula cero; porque con lo aprobado ahora por el senado, en el reciente período de sesiones, tendrán acceso todos los estudiantes colombianos, sin distinción o estrato social. Además, toda vez que implica un gasto fiscal, fue avalada por el Ministerio de Hacienda, y a la vez, se determina en el articulado, que tras la sanción del presidente Gustavo Petro, se garantizarán los recursos necesarios para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado, y esto se deberá reglamentar en un plazo máximo de seis meses.

Resaltó además la senadora María José Pizarro, que la ley no se queda sólo en garantizar los recursos, para que las matrículas no se deban pagar por parte de los estudiantes; sino que van mucho más, y desde el Ministerio de Educación, y de las propias instituciones de educación superior, promuevan los mecanismos para lograr la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes.

La senadora del Pacto Histórico, autora de la ley, argumentó optimista y contundente: “La ley es clara, y busca que se prioricen grupos poblacionales en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, los pertenecientes a comunidades étnicas, indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras; lo mismo que población con discapacidad, madres cabeza de familia, y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales, ubicados en zonas rurales del país, que se encuentren en el Sisbén IV… Esta ley es un reclamo más, que cumple a las jornadas de protesta del 2020, cuando la comunidad estudiantil pidió más inclusión y derecho a estudiar”, remató.