La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República juega un papel crucial en la resolución de conflictos limítrofes, toda vez que contribuye a la construcción de concesos y soluciones.

Por: Luisa María Llano 

Bogotá, 9 de mayo de 2025 (Prensa Senado).-Los 75 kilómetros cuadrados de territorio que son reclamados por el departamento del Norte de Santander tienen en un conflicto a los alcaldes y habitantes de los municipios de Guaca y Santa Barbara. Ante el no acuerdo, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado adelantó una audiencia pública con el fin de escuchar el informe emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que le permita a la corporación tomar una decisión.

El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, explicó que el proceso inició en 2018 cuando él también fungía como mandatario de esa zona y quien entonces solicitó la revisión de los límites entre los departamentos de Norte de Santander y Santander, toda vez que considera que punto le corresponde a su departamento.

Por su parte, el gobernador de Santander, el Mayor General Juvenal Díaz, explicó ante la audiencia pública que su departamento ha sido el mayor aportante de estos dos municipios comprometidos “al punto que las Juntas de Acción Comunal también están adscritas a Santander y el departamento hace una gran inversión en programas de salud, vivienda, educación y seguridad a través de la instalación de los CAI (Comando de Atención Inmediata), entre otros aspectos”.

En la exposición del informe, el ingeniero Martín Hernando González, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mencionó que, desde que inició el proceso, “hemos actuado como ley lo exige, los tiempos se han cumplido y la participación de la ciudadanía ha sido activa”.

Añadió que si bien distintos aspectos como salud, educación, pavimentación de vías, cartas catastrales y otros lo ha liderado la Gobernación de Santander, el análisis cartográfico indica que la zona le pertenecería al Gobernación del Norte de Santander.

“De acuerdo al material cartográfico analizado, se evidencia que el límite se ha mantenido en un periodo de tiempo de 75 años. Como entidad notamos comportamiento histórico que se ha mantenido en el tiempo” , dijo el ingeniero del IGAC.

La audiencia contó con la participación del senador Jaime Durán Barrera, por el partido Liberal, quien luego de escuchar las versiones de alcaldes, líderes de juntas comunales, habitantes y campesinos de ambas de ambas zonas, indicó que “Las preocupaciones que hacen los habitantes de Guaca y Santa Bárbara son válidas. Se sienten del departamento del Santander y el desarrollo se lo atribuyen a este departamento”.

Expresó, además, que como senador de la República que conoce el territorio, está convencido de que “ambos departamentos llegarán a un conceso en el mediano plazo”.

Finalmente, la senadora Laura Fortich, por el partido Liberal, y quien moderaba la audiencia pública argumentó que con “este espacio importante de deliberación donde convergen las voces técnicas y sociales le permitirá tanto a la COT, como a la plenaria del Senado, tomar una decisión ante este conflicto limítrofe”.

Señaló que para eso, era necesario que se adelantaran mesas técnicas entre funcionarios del IGAC y las entidades territoriales comprometidas.El informe de esas socializaciones deberá ser remitido nuevamente al reciento de la corporación.

El próximo martes 13 de mayo la Plenaria del Senado comenzará la discusión sobre el mecanismo, el cual tiene defensores y detractores.

Por Luis Fernando García Forero y Johan Nassar.     

Bogotá D. C, 11 de mayo de 2025 (Prensa-Senado). El Senado de la República tendrá en sus manos esta semana la gran responsabilidad de decidir si avala o no una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre modificaciones al sistema laboral, algo que ha generado diferentes posturas en el interior de la corporación.

Ante esta controversia decidimos consultar con dos senadores, uno defensor del mecanismo y otro un duro crítico, quienes manifestaron sus puntos de vista a favor y en contra de la propuesta.

La solicitud para convocar la consulta popular la hizo formalmente el propio Presidente Gustavo Petro, quien radicó el documento en la Secretaría General del Senado el pasado primero de mayo.

Tras esto, la Mesa Directiva de la corporación determinó que este martes comience la discusión, se escuche primero al Gobierno Nacional, luego a los voceros de las bancadas y, finalmente, a los senadores que deseen intervenir.

Superada esta etapa se votaría si el Senado da el concepto favorable que exige la ley o no. Este paso podría darse el mismo martes o el miércoles.

En diálogo con medios de comunicación, el Secretario General del Senado, Diego González, advirtió que, según las normas vigentes, en caso de que el concepto no sea favorable, “el Presidente de la República deberá utilizar otro mecanismo de intervención ciudadana diferente a la consulta popular”.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, opositor al Ejecutivo, consideró que “es una consulta populista, no es oportuna ni conveniente, porque no se cumplen los aspectos de disminución del desempleo, de la informalidad e, incluso, de protección con el empleo existente”.

Agregó el senador Motoa que “el Presidente (de la República), con esta consulta, lo que está haciendo es anticiparse a una campaña política, abandonando aún más las responsabilidades que tiene como jefe de Estado”.

Así mismo aseveró: “Cerca de siete preguntas de las que el Gobierno quiere llevar a la ciudadanía ya existen en la legislación vigente. Hay que recordar que los conductores, las trabajadoras del servicio doméstico hace cerca de ocho años, se ha exigido por medio de la ley, que tienen que tener un contrato laboral”.

Al referirse a los gastos fiscales que representa para el país el desarrollo de la consulta, el senador Motoa aseguró que “la democracia por supuesto tiene unos costos, pero nos parece que en este caso es inoportuna y esperamos ese análisis al interior de la Plenaria cuando se tomen las decisiones”.

Finalmente fue concluyente en manifestar: “Por eso no vemos la necesidad de elevar esa consulta populista a los colombianos”.

Por su parte, el senador Carlos Alberto Benavides, del Polo Democrático Alternativo, de la coalición del gobierno, afirmó que el origen de la propuesta para la consulta nace del hundimiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado.  

Argumentó Benavides que “después de dos años y medio de discusiones, foros, seminarios, encuentros, consultas, audiencias, pese a todo ello, concertaciones con los gremios, incluso muchísimas reuniones con las distintas bancadas, una parte ínfima de la oposición, pero que tiene mayoría en una comisión, decide hundir el proyecto”.

Ante esos hechos, señaló el senador Benavides, “nosotros hemos decidido consultarle directamente al constituyente primario, al soberano, si está o no está de acuerdo con la reforma laboral, si está de acuerdo con que el trabajo vuelva a gozar de dignidad y bienestar”.

Frente a los costos de la consulta y que, según la Registraduría Nacional, ascenderían a más de $ 750.000 millones, el senador Benavides fue enfático en manifestar que “la democracia no tiene precio. La democracia tiene que ver con la libertad, la dignidad y el bienestar para generar derechos, y si eso nos permite generar derechos, o sea, invertir en el bienestar de los trabajadores, pues creo que en eso es en lo que realmente debemos invertir”.

Así las cosas, la Plenaria del Senado será la que decida si se otorga o no el concepto favorable para realizar la consulta popular que está impulsando el Gobierno Nacional, un debate en el que seguramente aflorarán argumentos a favor y en contra de la propuesta.