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Presidente del Senado solicitó al gobierno suspender diálogos con narcotraficantes

“Son innecesarios y hacen daño al noble propósito de la Paz Total” S. Roy Barreras Montealegre.

Por: Karen Lisethe Madera Castro

Bogotá D.C., marzo 6 de 2023 (prensa senado). El Presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, lideró una importante rueda de prensa donde se refirió a tres temas importantes para el país: El narcotráfico y su incidencia en la Paz Total; el futuro de las reformas; y lo ocurrido en el departamento de Caquetá.

WhatsApp Image 2023 03 06 at 3.48.20 PMA propósito de esto último, manifestó Barreras Montealegre: “La situación presentada en los últimos días en Caquetá, en el que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera y luego arremetió contra la fuerza pública; fue una humillación para ésta, se humilló el estado de derecho y a las instituciones. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal que no tiene respaldo constitucional alguno”.

Precisó el congresista, que este gobierno tiene la responsabilidad y simboliza además las instituciones, “nosotros, en esta ola de dificultades, de manera clara y firme pedimos a la ciudadanía y a los partidos políticos, incluida la oposición y particularmente los partidos de gobierno, el respaldo total a la institucionalidad, empezando por el respaldo al jefe de estado. Es pertinente que el gobierno, a través de sus voceros oficiales, descalifiquen de manera clara cualquier uso de la justicia por mano propia, para salvar la protesta social pacífica”, ratificó.

Según el senador, otro asunto que también ofende la legitimidad del estado de derecho, y la pone en duda, son las versiones alrededor de conversaciones, diálogos, o negociaciones ilegales o clandestinas, con jefes del narcotráfico… Para que se vinculen a la Paz Total. Consecuentemente, le solicitó al gobierno nacional que “suspenda todo tipo de diálogos, oficiales o extraoficiales, con los narcotraficantes, que no son necesarios, y hacen daño al noble propósito de la paz total. Hay una Ley de Sometimiento de la Justicia en trámite. Una vez que el Congreso apruebe esa Ley, los narcotraficantes podrán someterme a la justicia y desarticular sus bandas, como espera Colombia y como ellos mismos podrían reencaminarse a la sociedad y salvar de hecho a sus familias”, expresó vehemente.

Sobre esto, el congresista vallecaucano hizo algunas precisiones y aseguró que desde la presidencia de senado y la oficina jurídica trabajan, desde hace meses, en unas propuestas que han hecho respetuosamente al gobierno, autor de estas iniciativas, y que van a ser defendidas en el debate:

  • Los narcotraficantes y grupos criminales se someten a la justicia ordinaria y no a forma alguna de justicia transicional.
  • Deben pagar penas efectivas de cárceles.
  • La acción punitiva será responsabilidad directa del despacho del Fiscal General de la Nación.
  • Los beneficios que sean otorgados por los jueces de la república, conforme al cumplimiento de la ley que se apruebe, implican una ejecución de la pena; esto incluye penas efectivas, no menores a 10 años y hasta de 20 años, que pueden ser redimibles, pero que se activan en el momento que incumplan su propósito y reincidan en el delito.
  • Que se faciliten y se fortalezcan los intercambios de información y programas de cooperación internacional, que permitan junto con el accionar de la fuerza publica este sometimiento a la justicia.

Al cierre, argumentó contundente el Presidente del Senado de Colombia: “Con los narcotraficantes y grupos criminales no se negocia, se les ofrece una salida en aras de la Paz Total y esa salida es la ley de desmantelamiento de las organizaciones criminales, en la justicia penal ordinaria dirigida por la Fiscalía General de la Nación”.  

Por último, sobre el futuro de las reformas, remató Barreras Montealegre: “El reclamo popular, justo y necesario, se resuelve con cambios profundos, que son precisamente las reformas sociales. Nosotros invitamos a todos los partidos de la coalición de gobierno, y haremos un trabajo activo con ese fin, para que se aprueben dichas reformas… A la salud, pensional, laboral”, remató.

 

Revive la transmisión de la Rueda de Prensa:

https://twitter.com/ccongresocol/status/1632837737123553281?s=46&t=SeTFXOi6JJWgiZe2NUjeiQ

Colombia, hacia una potencia ambiental

"Existe un gran desorden normativo alrededor de los planes de ordenamiento territorial, que conlleva a que la riqueza hídrica del país y biodiversidad no estén protegidas" S. César Pachón Achury.

Por: Juan Sebastián de la Ossa

Bogotá D.C., marzo 6 de 2023 (prensa senado).- Uno de los ejes fundamentales trazados en el plan nacional de desarrollo por el gobierno Petro, es sin duda el medio ambiente, renglón de mucho protagonismo en la ruta de esta administración. La mitigación del cambio climático y el fomento de energías renovables, no solo fueron algunas de las banderas de campaña, sino que hoy las vemos plasmadas en el extenso documento presentado al congreso de la República.

En diálogo con el senador del Pacto Histórico, César Pachón Achury, quien además es miembro activo de la comisión quinta del senado, nos cuenta que es un gran paso para nuestro territorio. "Por primera vez el agua y la protección de la vida, son eje fundamental de las políticas de desarrollo del país"; y es que con una inversión de 1.154,8 billones de pesos para el siguiente período, el plan tiene el objetivo de transformar el campo e incrementar la productividad del país, ordenando el territorio alrededor del agua y la justicia ambiental.

Para dar cumplimiento, el gobierno nacional no solo ha dispuesto dentro de este presupuesto, 28.5 billones de pesos que estarán destinados a la protección y ordenamiento del territorio, sino que establece en el artículo 22, la creación de los consejos territoriales del agua, donde se velará por el cuidado de los recursos hídricos en diferentes áreas estratégicas, como son los páramos en la zona andina y la Mojana, que comprenden los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar.

Según Pachón Achury, la situación actual del país, en cuanto al ordenamiento territorial, la protección del agua y la biodiversidad es caótica; "existe un gran desorden normativo alrededor de los planes de ordenamiento territorial, que conlleva a que la riqueza hídrica del país y biodiversidad no estén protegidas. Es vital el respeto por el agua, sus ciclos y ecosistemas, como también el rumbo hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible, que no esté basado exclusivamente en el petróleo ni el carbón”, precisó contundente.

Otro de los cambios o modificaciones al plan anterior, es el del artículo 41 del plan, donde se otorgan concesiones a organizaciones campesinas y comunidades indígenas hasta por 30 años, para la vigilancia de bosques anteriormente custodiados por el ejército, y el control de la deforestación, que según cifras oficiales del ministerio de ambiente, generó que en el 2021 se despoblaran 174.103 hectáreas de bosque, que representa un aumento del 1,5 % de este fenómeno en comparación con el año 2020.

El senador César Pachón, declaró estar satisfecho por el resultado, "me siento orgulloso que hayamos construido un Plan Nacional de Desarrollo que pone al agua como protagonista; es histórico para los colombianos de hoy y de mañana", ratificó. El congresista boyacense, celebra y suma su apoyo en temas puntuales, como son la creación del consejo nacional de lucha contra la deforestación, la financiación de proyectos de inversión con el fondo de asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible, la consolidación del catastro multipropósito, y el tránsito hacia el sistema de administración del territorio como pieza fundamental para una reforma agraria integral, que busca dotar a gobiernos locales y comunidades, en la toma de decisiones de Ordenamiento y Planificación Territorial.

PND otorgará subsidios para viviendas-VIS

La Política de vivienda en Colombia fijará los valores máximos de las viviendas y otorgará un subsidio familiar para su financiación. 

Por: Isabel Colomna Sánchez 

Bogotá D.C., marzo 2 de 2023(prensa senado).- El Congreso de Colombia inició la discusión del Proyecto de ley Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND), que fue radicado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Allí se muestra la ruta de los programas a desarrollar, por parte del actual gobierno; este tendrá que ser discutido en el Congreso para su posterior aprobación antes del 7 de mayo.

Subsidios:

La iniciativa tiene por objeto otorgar subsidios de vivienda de interés social-VIS, vivienda de interés prioritaria(VIP), urbana y rural. Los recursos serán canalizados por el Ministerio de Vivienda y Fondo Nacional de Vivienda; además, se invertirán a la construcción y/o dotación de equipamientos públicos colectivos, y a la estructura de servicios públicos domiciliarios.

Cabe destacar que el artículo 238 del Plan Nacional de Desarrollo, del período correspondiente al 2022-2026, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, indica que la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo valor no exceda de 3.552 UVT, Unidades de Valor Tributario; según la DIAN, éste valor para el año 2023, será de 42.412, pesos. M.L.

Según el proyecto, el valor máximo de la vivienda de interés prioritario (VIP) será de 2.368 UVT. El Gobierno Nacional podrá establecer excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por 3.947 UVT para este tipo de viviendas. También indica que el gobierno podrá establecer un valor superior a las 3.552 UVT en los departamentos de Amazonas, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, y de mano de obra.

Otros apartes de la iniciativa: 

El Gobierno Nacional definirá, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un plazo inferior a un año desde la entrada en vigencia de la presente Ley, las condiciones socio económicas que deben cumplir los hogares, los mecanismos aplicables para ser elegibles en la política habitacional, las características mínimas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, así como las medidas activas y/o pasivas de sostenibilidad que deben incluir las viviendas de interés social.

Así mismo, contempla que hasta que no se reglamente lo establecido en el presente artículo (238), la vivienda de interés social podrá tener un precio superior a las 3.552 UVT, sin que éste exceda de 4.605 UVT (un aproximado de   un valor de máximo 3.947 UVT ($167,4 millones). Igualmente, la vivienda de interés prioritario en renovación urbana podrá tener un precio superior a 2.368 UVT, sin que éste exceda de 2.894 UVT.

Para tener en cuenta:

Los beneficios tributarios y no tributarios destinados a la promoción de la vivienda de interés social serán aplicados únicamente a las unidades habitacionales que cumplan con los criterios establecidos en este artículo.

Al verificar que las viviendas han sido utilizadas como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas, podrán ser restituidas por parte de la entidad otorgante para ser asignadas a otros hogares que se encuentren en las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, aún en el evento en que no se cuente con decisión judicial.

De igual manera, las viviendas que sean objeto de restitución de acuerdo con lo establecido en el presente artículo podrán ser transferidas a Fonvivienda o a patrimonios autónomos constituidos por la entidad otorgante de los subsidios, hasta el momento en que sean transferidas a un nuevo hogar beneficiario.

Una vez se apruebe el proyecto en el Congreso de la República,  el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, tendrá un plazo de no más de un año desde la entrada en vigencia para definir las condiciones socio económicas que deben cumplir los hogares, los mecanismos aplicables para ser elegibles en la política habitacional, las características mínimas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, así como las medidas activas y pasivas de sostenibilidad que deben incluir las viviendas de interés social en Colombia.

Toda la política de vivienda del país es en cumplimiento a lo establecido por el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, el cual indica: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.