Durante la sesión del 7 de mayo, la Comisión Séptima del Senado se pronunció enfáticamente en rechazo, frente al caso de abuso infantil presentado en un jardín infantil.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2025. Durante sesión ordinaria, la Comisión Séptima del Senado de la República expresó un enérgico rechazo al reciente caso de abuso sexual contra un menor de edad, hecho que ha conmocionado al país. La indignación fue acompañada por un llamado a las autoridades para que garanticen justicia.

La senadora Nadia Blel Scaff, se pronunció con una contundente constancia en la que repudió un reciente caso de abuso sexual contra un menores de edad. “Como mujer, madre y congresista, no puedo dejar pasar este hecho sin pronunciarme. El abuso contra niños y niñas debe ser castigado con la mayor severidad posible. Es responsabilidad del Estado protegerlos”, declaró la presidenta de la célula legislativa, haciendo un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades judiciales y administrativas del país.A su voz se unieron los demás Senadores de la célula legislativa.

A este rechazo se sumaron otros miembros de la célula legislativa, el senador Fabián Díaz Plata, pidió reforzar el marco normativo en prevención de la violencia infantil. La senadora Esperanza Andrade Serrano añadió: “Blindar la infancia es una tarea de todos. No basta con indignarse, hay que actuar con responsabilidad institucional”.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del senador Miguel Ángel Pinto, quien criticó el enfoque del presidente de la República frente al caso:“Es lamentable que el presidente se refiera con perdón al agresor y no haya una sola palabra para la víctima. No se puede normalizar un hecho tan grave ni minimizarlo con una invitación a la reconciliación con quien ha destruido la vida de un niño”, señaló Pinto, visiblemente indignado. “Desde el Estado debemos proteger a los menores y solidarizarnos con ellos, no con sus agresores. Este no es un error que se perdona, es un delito que debe castigarse con todo el peso de la ley”, añadió.

La Comisión Séptima reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y anunció que continuará impulsando proyectos legislativos para prevenir todo tipo de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes, garantizando entornos seguros y justos para su desarrollo integral.

Esta iniciativa que está a un paso de convertirse en ley, tendrá un ‘salvavidas’ para que no se hunda: una subcomisión rendirá un informe que esclarezca preocupaciones de los senadores en la plenaria de la corporación.

Por: Luisa María Llano 

Bogotá, 7 de mayo de 2025 (Prensa Senado).-El proyectoque busca crear el certificado de responsabilidad étnica empresarial, con el fin de incentivar la vinculación en las empresas de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitana, en los niveles de dirección, supervisión y operación, no logró un acuerdo.

La plenaria del Senado de la República nombró una subcomisión integrada por los senadores Omar de Jesús Restrepo, por el Partido Comunes; Paulino Riascos por la Alianza Democrática Amplia; Carlos Meisel, por el Centro Democrático y Juan Felipe Lemus, por el Partido De La Uquienes deberán construir un informe que incluya las preocupaciones de distintas bancadas y que será presentado antela sesión del próximo lunes 12 de mayo.

Entre las razones para aplazar la discusión estuvo la del senador Carlos Meisel, quien considera podría ser una violación al artículo 13 de la Constitución que establece el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación. 

“Da la percepción que los desempates en licitaciones públicas se darán no por méritos sino por su condición sexual, origen étnico u otros aspectos que no tienen relación con sus cualidades. Ojalá que el próximo presidente de una compañía sea un indígena pero que lo hagamos con una evaluación seria. El Gobierno está en total libertad de fijar los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, pero también la empresa privada tendrá la libre decisión de emplear a quien mejor le parezca”, argumentó.
Ante esto, senador ponente, Omar de Jesús Restrepo, explicó que la ley solo propone “derribar barreras ante la posibilidad de lograr la vinculación laboral de las comunidades étnicas del país que son las más afectadas en el mercado laboral. Hemos fomentado la participación de todos sectores y delantamos mesas técnicas para escuchar al sector privado. Quienes vinculen a estas personas lo harán con personal capacitado, profesionales de distintos orígenes muy capaces pero que en la realidad no tienen trabajo. No es requisito que el 10% de las personas a contratar sean de este origen, es voluntario”.

Según el ponente, las empresas que vinculen en su planta de personal a un 10% de personas con origen étnico, tendrán el incentivo, por ejemplo, de ser tenidas en cuenta en el momento que quieran postularse a una licitación del sector público. “No tiene impacto fiscal. Cuenta con concepto favorable por parte de los Ministerios de Hacienda y Trabajodado que se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo”, añadió.

Con la instrucción del presidente del Senado, Efraín Cepeda, el recinto se acogió a la propuesta de los senadores Carlos Fernando Motoa, partido Cambio Radical y Paloma Valencia, por el partido Centro Democrático, de crear una subcomisión que dé claridad del proyecto, toda vez que esta iniciativa cursa su cuarto y último debate.

Informes de conciliación aprobados

La plenaria le dio el visto positivo a una serie de iniciativas de ley que lograron superar con éxito todas las fases del debate. Estos son: